“En Colombia se comenten el 60% de los asesinatos de sindicalistas que se presentan en todo el mundo (…) una violencia histórica, estructural, sistemática y selectiva que se convirtió en pauta de comportamiento del Estado colombiano: esta violencia deja por lo menos desde 1986, 2.778 sindicalistas asesinados, 196 desapariciones forzadas y más de 11.096 hechos de violencia, que constituyen un genocidio contra el movimiento sindical colombiano.”
La organización de las víctimas, paso fundamental para poner punto final a las prácticas genocidas
La violencia antisindical se da en medio de la persistencia de la crisis de derechos humanos, la continuidad del conflicto interno, la implementación de la política de “Seguridad Democrática” y la militarización de la sociedad, que muestra fenómenos de reincidencia en el actual momento de victimización de los jóvenes, niños y niñas como en el caso de Arauca por agentes del Estado.
La denuncia de la Presidenta del Polo Democrático, Clara López, donde señala que del 7 de agosto al presente, han sido asesinados 50 líderes y defensores de derechos humanos, entre ellos, líderes que reclamaban la restitución de tierras; una nueva escalada de masacres, una diaria ocurrida en la semana del 8 al 12 de noviembre de 2010, lo que arroja como resultado una creciente victimización de la sociedad colombiana demostrando la persistencia de fenómenos como la parapolítica, el apoyo a la violencia por parte de algunos empresarios y multinacionales, los falsos positivos, las interceptaciones ilegales como el reciente y denunciado “Plan Escalera”, del pago ilegal de informantes por parte del DAS, para sustraer información de los sindicatos, la reorganización del paramilitarismo, la sostenida impunidad, la profunda crisis social en el empleo y la salud, empiezan a ser reveladas y no pueden ser ocultadas por el Gobierno.
Señalamos que no existen condiciones para la realización de los derechos de las víctimas. En primer lugar, porque como lo anticipábamos desde el movimiento sindical y algunas organizaciones de derechos humanos, fracasó rotundamente el proceso de negociación y reinserción de los grupos paramilitares y su instrumento jurídico la Ley de Justicia y Paz, cerrando las posibilidades de reconstrucción de la verdad, justicia y reparación a las víctimas.
En segundo lugar, por las profundas limitaciones de un proyecto de ley de víctimas que hoy inicia su debate a partir del proyecto del gobierno de la “Unidad Nacional” que no consultó a las organizaciones de víctimas, ni a las organizaciones sociales y sindicales victimizadas, y tampoco reconoce a todo el universo de víctimas.
El Estado se abroga la facultad de definir quién es víctima y quién no, y que el tema medular para la discusión del Gobierno es el costo y la sostenibilidad fiscal, por encima de los derechos de las víctimas; y además, entre otras cosas, el proyecto gubernamental no contiene la reparación colectiva a las organizaciones que hemos venido siendo arrasadas, y el Estado no asume, por acción por omisión, su responsabilidad en el genocidio.
De esta forma, señalamos que el Estado y el gobierno colombiano, en unión con empresarios, multinacionales y sectores de derecha, adelantan acciones para tratar de ocultar el genocidio desarrollando una labor diplomática a nivel internacional con el fin de desconocer que el movimiento sindical continúa siendo victimizado, buscando imponer el olvido a la sistemática violencia antisindical.
Cifras de violaciones
Partimos de señalar que en ningún momento podemos caracterizar que estamos en una situación de posconflicto, por el contrario, nuestros afiliados, que se encuentran en casi todo el territorio nacional, y nuestras organizaciones afiliadas sufrimos altos niveles de violaciones, si revisamos lo ocurrido durante el 2010, 39 sindicalistas han sido asesinados, de los cuales, 17 son educadores afiliados a Fecode, persiste que cada día se viola un derecho a la vida, a la libertad e integridad de los sindicalistas, como ha ocurrido durante los últimos 25 años. Entre el 1 de enero y el 30 agosto de 2010, se han dado 275 violaciones. Entre ellas 201 amenazas, 16 atentados, 10 hostigamientos, 5 secuestros, 5 desapariciones, 2 allanamientos ilegales, 1 detención arbitraria y los homicidios mencionados.
Estos datos son preliminares para el 2010 y muestran un escenario aterrador y peligroso para quienes deciden abanderar las luchas de miles de trabajadores y trabajadoras.
Este fenómeno es la continuación de una política de exterminio y arrasamiento de las organizaciones sindicales, nuestros encuentros vienen levantando el reclamo a la comunidad nacional e internacional de poner punto final al genocidio contra el movimiento sindical colombiano.
En esa lucha hemos logrado que organizaciones sindicales hermanas a nivel internacional, organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos se solidaricen con nuestra situación, e instancias como la OIT, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, parlamentos y gobiernos de la comunidad internacional, reconozcan que en Colombia se comenten el 60% de los asesinatos de sindicalistas que se presentan en todo el mundo.
Denuncia que ha significado la no aprobación o ratificación de tratados de libre comercio con el Gobierno y los empresarios colombianos, como el caso del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos o el grupo EFTA, de los países nórdicos.
Frente a nuestro reclamo por genocidio los encuentros de víctimas han dado cuenta que el movimiento sindical colombiano ha padecido una violencia histórica, estructural, sistemática y selectiva que se convirtió en pauta de comportamiento del Estado colombiano.
Esta violencia deja por lo menos desde 1986, 2.778 sindicalistas asesinados, 196 desapariciones forzadas y más de 11.096 hechos de violencia, que constituyen un genocidio contra el movimiento sindical colombiano.
Las regiones más victimizadas, en su orden, son Antioquia, Santander, Valle del Cauca, César y Magdalena. Los sindicatos más victimizados, teniendo en cuenta la información entre el 1 de enero de 1986 y el 30 de agosto de 2010: Fecode y los educadores aparecen como la organización más victimizada, con 921 homicidios, le siguen: Sintrainagro con 798; USO, 116; Anthoc, 58; Sintraelecol, 50; Asonal, 47; Sutimac, 38; y, Fensuagro, 37.
El análisis de esta información evidenció que la violencia contra el sindicalismo se concentró en 15 sindicatos, es decir, el 78,2% de los homicidios se realizaron contra los integrantes de estas organizaciones, de lo cual es posible deducir que hubo una violencia orientada al exterminio de las organizaciones sindicales más allá del individuo víctima de un homicidio [1].
Este fenómeno tiene hondas raíces históricas, no solamente para el movimiento sindical, sino para muchos sectores sociales, étnicos y políticos que han sufrido una práctica de exterminio masivo.
Desde el surgimiento del movimiento sindical en Colombia, la violencia antisindical ha sido una constante y a las organizaciones y sus afiliados se les ha impuesto el rol de víctima por el sólo hecho de ejercer los derechos de asociación y el ejercicio de las libertades sindicales.
Podemos mencionar como antecedentes históricos de las respuestas violentas frente a las peticiones de los trabajadores, las luchas y gestas históricas de trabajadores de ferrocarriles, petroleros, navieros y la tristemente recordada lucha de los trabajadores agrícolas y bananeros que lograron sus primeras reivindicaciones a costa del sacrificio de vidas entre sus dirigentes y afiliados.
La impunidad asegura la persistencia del genocidio sindical
Frente a la grave situación de violencia contra el movimiento sindical, las medidas del Estado han sido casi nulas. Sólo hasta mediados del 2007 la Fiscalía y la Judicatura emprendieron alguna clase de medida, impulsada por la presión del movimiento sindical colombiano y mundial, en el marco de las discusiones sobre el Tratado de Libre Comercio que el gobierno de Colombia quería firmar con Estados Unidos.
La intolerable situación de impunidad se mantiene, demostrando que la unidad especial de la fiscalía y los tres jueces encargados de los crímenes contra sindicalistas, no constituyeron una medida seria, adecuada y efectiva para realizar avances.
Si en el año 2007 se hablaba de una impunidad del 100%, hoy pese a la denuncia, la presión internacional y los diferentes pronunciamientos del Estado colombiano, la impunidad, para el caso de homicidios es del 96,11% y en otras violaciones, la impunidad está en el 99,84%.
Haciendo la precisión que en la mayoría de los casos se determinan sentencias para autores materiales, pero es casi inexistente las sentencias para identificar a los autores intelectuales de las violaciones a los derechos humanos de los sindicalistas.
Lo cual manda un mensaje muy negativo del alto grado de impunidad y de permanente revictimización a las víctimas del movimiento sindical, en la medida en que no se desmontan las estructuras generadoras de la violencia antisindical.
El movimiento sindical, y especialmente la Central Unitaria de Trabajadores que viene ofrendando el 87% de las víctimas de la violencia antisindical, tiene el compromiso moral de rescatar la memoria y reivindicar los derechos a la verdad, justicia, reparación integral y no revictimización, tanto individual como colectiva y defender de esta manera el derecho a existir en el libre ejercicio de las libertades sindicales y la defensa de los derechos de los trabajadores.
Luis Alberto Vanegas / CUT
Notas:
[1] Cuaderno de derechos humanos No. 22. Que os duelan las sangres ignoradas. Informe sobre violaciones a los derechos humanos de los y las sindicalistas y la situación de impunidad, 2009-2010 y 2002-2010. Colombia: ENS y Comisión Colombiana de Juristas, 0ctubre de 2010.
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