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martes, 12 de julio de 2016

Justicia paraguaya condena a prisión a los campesinos involucrados en caso Curuguaty

Una manifestación en Asunción, ParaguaySputnik
América Latina
"Se llegó al veredicto respetando los principios establecidos en la Constitución Nacional y el Código Procesal Penal. Decimos esto porque como es de público conocimiento, en torno a este juicio se crearon diversas conjeturas, opiniones, valoraciones, suposiciones y tergiversaciones por diversos sectores de la sociedad", dijo el juez Ramón Trinidad Zelaya al leer el fallo.
Así, Rubén Villalba fue condenado a 30 años de cárcel más cinco años de medidas de seguridad; Luis Olmedo a 20 años, mientras que Arnaldo Quintana y Néstor Castro Benítez a 18 años.
En tanto que Lucía Agüero, María Fany Olmedo y Dolores López fueron sentenciados a seis años de cárcel, mientras que Felipe Benítez Balmori, Adalberto Castro, Alcides Ramírez, Juan Tillería, a cuatro años de prisión cada uno, informó el diario ABC Color.
Villalba recibió la condena más dura al ser considerado responsable de uno de los disparos que causaron la muerte a Erven Lovera, jefe del Grupo de Operaciones Especiales, equipo de élite de la Policía Nacional de Paraguay, pues la investigación concluyó que llevaba una escopeta, añadió el periódico.
La lectura del fallo sobre el caso fue suspendida cuando el magistrado declaraba culpable a los campesinos, por lo que se llamó a un receso de unos 20 minutos.
"Libertad a los presos por luchar. No tenemos miedo", se escuchaba entre los gritos de los asistentes al juicio, retransmitido en directo por el portal de la Corte Suprema de Justicia.
En la masacre de Curuguaty, ocurrida en junio de 2012, murieron 11 campesinos y seis policías luego del desalojo de los trabajadores rurales que ocupaban un territorio en protesta por la escasez de tierras para el cultivo.
Ningún oficial de policía fue imputado por participar en la muerte de los campesinos de la ciudad de Curuguaty (este) y el juicio fue pospuesto en varias ocasiones durante el último año.
El caso, cuya investigación ha estado llena de irregularidades, según denunciaron la defensa de los campesinos y organizaciones civiles, motivó un juicio político contra el entonces presidente Fernando Lugo, que culminó con su destitución.

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