Guatemala
Alejandro Giammattei
asumirá la conducción del Gobierno nacional de un país cuyas condiciones
de vida se deterioran producto de un modelo económico atrasado,
deficiente, deficitario en lo productivo, excluyente, impuesto y
expulsor en lo social, con una economía en crecimiento sostenido de
alrededor del 3.4 %, cuyos beneficios se concentran en una clase
dominante voraz mientras el 62.4 % de los guatemaltecos subsisten en
pobreza multidimensional y las capas medias tienden a sentir cómo sus
condiciones de vida se deterioran.
Cualquier gobierno con voluntad de
cambio asumiría la responsabilidad de transformar un modelo que se
reproduce a costa de sacrificar la soberanía alimentaria de la
población, de mantener a uno de cada dos niños menores de cinco años con
desnutrición crónica, de expulsar del país a miles y miles de jóvenes y
niños: un modelo dependiente del flujo de remesas, que rondan el 11 %
del producto interno bruto y sin las cuales estaríamos en una crisis
todavía más profunda.
Un gobierno coherente se vería ocupado de
inmediato en el cambio de políticas permisivas del saqueo de los bienes
comunes y públicos, que mantienen una carga tributaria regresiva (del
9.9 % para 2018), que avalan salarios que impiden cubrir el costo de la
canasta básica alimentaria (que asciende a Q3,600). Es decir, políticas
que privilegian los intereses de las élites económicamente poderosas.
Un
gobierno bien documentado sabría de la insostenibilidad del actual
régimen político, cuyas normas e instituciones impiden la representación
e intermediación de las mayorías sociales, cuyas necesidades sociales
carecen de políticas públicas que las satisfagan. Esto, debido a que
tales normas e instituciones han sido diseñadas y son controladas por
poderes económicos, políticos y militares que oscilan entre la legalidad
y la ilegalidad en función de aumentar sus márgenes de ganancia y
enriquecimiento. Esto explica la ausencia de políticas estratégicas y de
recursos suficientes para atender los problemas fundamentales del país e
incluso para resolver urgencias, emergencias y catástrofes sociales y
ambientales.
Giammattei toma el control del aparato gubernamental
después de cuatro años de una administración desastrosa, que contribuyó
al acumulado de problemas históricos y coyunturales que caracterizan al
Estado, como aquellos relativos a la captura de las instituciones, a la
corrupción y a la impunidad. Al respecto, deberá tomar la decisión de
romper con estas relaciones que atentan contra el interés público para
no acumular un desgaste que lo puede llevar al deterioro de la mucha o
poca legitimidad con que cuente al inicio.
Muy probablemente,
desde el comienzo del nuevo gobierno habrá peticiones y gestiones, así
como reclamos y protestas. Si el nuevo gobierno tiene el más mínimo
conocimiento teórico y empírico de la problemática, sabrá que las
concreciones del modelo económico y las políticas de Estado provocan el
rechazo de comunidades, pueblos y movimientos sociales. Sabrá que estas
reacciones se originan de las afectaciones que estos enfrentan, así como
de la falta de respuesta a sus derechos, demandas, reivindicaciones y
propuestas. Así las cosas, también sabrá que, sin una gestión
gubernamental democrática y de solución a los problemas sociales, la
protesta social se mantendrá y posiblemente se incremente.
Esperemos
que el nuevo gobernante recuerde su carácter de funcionario público y
su obligación de instituir e implementar políticas que trasciendan el
exclusivo enfoque e interés empresarial, que ha sido la tónica de los
últimos gobiernos. Contrariamente, que decida la implementación de
políticas generales y sectoriales que atiendan y den solución a las
necesidades y problemas sociales prioritarios.
El gobierno de
Giammattei deberá decidir el tipo de respuesta que dará a la protesta
social sabiendo que tendrá dos opciones: instituir una política de
diálogo, negociación y gestión de políticas públicas que resuelvan las
demandas sociales o recurrir a medidas de control, criminalización,
judicialización y represión. Si esto último sucede, el mismo gobierno
estaría contribuyendo a un nuevo momento crítico en el país. Esto
sucedería en un contexto donde subsisten causas sociales e
institucionales que han sido el sustrato de las crisis que antecede a
este momento. Si así sucediera, podría instalarse un escenario muy
parecido al que se observa en países latinoamericanos como Colombia,
Chile, Ecuador, Brasil u Honduras, cuyos gobiernos insisten en la
aplicación de medidas de corte neoliberal y autoritario.
Blog del autor: https://www.plazapublica.com.gt/users/mario-sosa
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