El 14 de noviembre,
carabineros instaló una bomba molotov en el bolso al trabajador Mauricio
Cheuque de la Población la Victoria, “sólo porque es de apellido
mapuche”, dice su esposa. “Ya le hicieron el peritaje de manos y no le
encontraron nada. Fue torturado y atropellado por la policía. Sin
embargo estará preso por lo menos dos meses, que es lo que tarda la
investigación. Me destruyeron la vida”.
El caso lo tomó primero la
Defensoría Pública del Estado. “Pero no avanzó nada. Tuve que contactar a
la Defensoría Popular para que progresara su situación”, asegura la
pareja del poblador cautivo.
Otra familiar de prisionero
político afirma que “hay carabineros de civil infiltrados entre la
multitud, como el teniente David Gaete, que van repartiendo implementos a
los chicos para defenderse de la Fuerzas Especiales, y luego son
tomados detenidos, como mi sobrino”.
Según el informe de la
Fiscalía Nacional de Chile, desde el 18 de octubre, inicio del estallido
social en el país, al 30 de noviembre, la cifra de personas que pasaron
por audiencia de control y detención fue de 30.102 personas. De ellas,
20.217 fueron formalizadas, y 1.957 han quedado en prisión preventiva.
Por su parte, Candelaria Cortés, vocera de la Coordinadora por la
Libertad de las Prisioneras y Prisioneros Políticos 18 de Octubre,
informa que “nuestra organización nació hace pocos días con el fin de
visibilizar la situación de las y los prisioneros políticos que han sido
detenidos durante este período. También buscamos aunar a todas las
familias de las personas privadas de libertad. En muchos casos, las
familias están acompañando a sus presos sin mucho soporte ni
conocimiento. Por eso en la Coordinadora nos hemos juntado distintas
individualidades y agrupaciones de derechos humanos para exigir la
liberación inmediata de las y los compañeros”.
Asimismo, el
abogado del Comité de Defensa del Pueblo Hermanos Vergara Toledo indica
que “son dos mil prisioneros políticos en las cárceles. Acá existe un
trato represivo durísimo contra las personas que luchan y hacen uso de
su derecho a rebelarse frente a este sistema injusto. A todas estas
personas se les ha aplicado la Ley de Control de Armas, que es una
legislación draconiana y que permite que las personas pasen
inmediatamente a prisión preventiva. También han aplicado la Ley de
Seguridad Interior del Estado, doctrina política que busca intentar que
la gente no se alce. Además, hoy nos vemos en medio de un paquete de
leyes represivas que vienen a profundizar lo opresión. La tendencia de
este, como de los anteriores gobiernos, es criminalizar a los
movimientos populares a través de la cárcel. La demanda urgente es la
libertad de las y los prisioneros políticos y su reconocimiento”.
En el nombre de los familiares y amigos de las y los prisioneros
políticos, una de las voceras de la recién amanecida Coordinadora 18 de
Octubre manifiesta que “Desde hace un mes y medio hemos sido remecidos
por masivas movilizaciones contra la desigualdad social, las
privatizaciones, la corrupción y el saqueo. Millones han cuestionado en
las calles el modelo económico y la Constitución impuesta en la
dictadura de Pinochet. Contra el clamor popular, el gobierno impone una
represión violenta y sistemática; una veintena de asesinadas y
asesinados, cientos de mutilaciones y pérdidas de uno o dos ojos a causa
de balines disparados por carabineros, junto a miles que han sido
baleados. Se trata de detenciones ilegales, torturas, abusos sexuales,
violaciones y represión diaria contra un pueblo que no retrocede”, y
añade que “La política represiva de Piñera ha buscado criminalizar las
movilizaciones, capturando a miles de manifestantes, reforzando la
función de la cárcel como una perversa herramienta de control social que
busca castigar la pobreza, la disidencia y a los que luchamos”.
La vocera de la iniciativa plantea que “Como familiares y amigos de los
prisioneros políticos, más individualidades y colectivos comprometidos
con esta lucha, invitamos a formar una coordinadora amplia que aglutine
el reclamo de libertad inmediata. Estar detenidos o detenidas es la otra
cara de la violación de los derechos humanos del pueblo chileno. Son,
por lo tanto, presos políticos que están secuestrados por las fuerzas
represivas del Estado. Exigimos la inmediata liberación junto al
reconocimiento nacional e internacional de su condición de prisioneros
políticos. Rechazamos la aplicación arbitraria del paquete de leyes
represivas por parte del gobierno de Piñera”. La luchadora social
termina llamando “a dirigentes sociales, estudiantiles, sindicales,
políticos, feministas, ambientales, a todos y todas a coordinar una
campaña internacionalista como apoyo a las y los presos políticos del
país, que rechace tajantemente la violación sistemática de los derechos
humanos y la represión impuesta por el gobierno.”
Lo de arriba
ocurrió en las afueras de la cárcel Santiago 1, este 5 de diciembre. La
dependencia penitenciaria está a cuatro estaciones del Metro donde se
levanta La Moneda. Allí, bajo las órdenes del jefe del Departamento de
Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, Piñera, su gabinete y los
intereses que representa, planifica la organización del odio contra el
movimiento popular. Incluso con la anuencia, salvos honrosas
excepciones, de prácticamente todo el sistema de partidos políticos con
representación parlamentaria, como quedó demostrado, una vez más, en la
votación del 4 de diciembre pasado en el Congreso que prohíbe el derecho
a la protesta social con penas que cualquier autocracia fascista
envidiaría.
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