Después de la
“anomalía” de tardar un año, este lunes 2 de diciembre, cuando se
cumplen 45 meses de su asesinato, se dará la sentencia escrita contra
los autores materiales del crimen contra Berta Cáceres en Honduras.
En
el fallo oral se develó la participación de directivos de la empresa
DESA en la planificación del crimen, pero continúan en la impunidad.
La
Causa Berta Cáceres es un llamado a la justicia de los pueblos
indígenas, de las mujeres luchadoras hondureñas. Es la resignificación
de la vida, pensamiento y acción de la compañera en su dimensión para la
lucha histórica del pueblo hondureño. A 45 meses del asesinato, los
autores intelectuales del crimen no han sido investigados ni juzgados.
La
organización que Berta Cáceres contribuyó a fundar y que coordinaba en
el momento de su muerte, el COPINH, fue premio internacional DDHH del
Ayto de Siero.
El 29 de noviembre del 2018 se había emitido el
fallo condenatorio del primer juicio por la autoría material del
asesinato. Según las leyes hondureñas el Poder Judicial habría de
publicar la sentencia escrita, que contendría la individualización de la
pena para los condenados, a los 5 días . Pero ha pasado un año.
Para
alcanzar verdad y justicia integral en esta causa, varias
organizaciones han exigido que se cumpla el debido proceso que lleve al
implicado David Castillo a juicio oral y público y que se investigue,
juzgue y sancione, de manera diligente, a todas las personas
responsables por el asesinato de Berta y por las agresiones sistemáticas
perpetradas contra el COPINH, incluyendo tanto a David Castillo como a
la familia Atala Zablah, el Banco Holandés de Desarrollo (FMO),
funcionarios estatales, miembros de las fuerzas armadas, financiadoras y
otras.
Además, la concesión del río Gualcarque, que aún continúa
representando una fuente de riesgo para las comunidades Lencas, que
hasta el día de hoy sigue generando ataques severos a las mismas, debe
ser cancelada inmediatamente.
También , es urgente que se inicie
un proceso para reparar al COPINH por todo el daño causado y que se
reconozca el rol importante que han liderado en la defensa de la tierra y
los derechos de los pueblos indígenas.
Informe del GAIPE-Grupo
Asesor Internacional de Personas Expertas. "Represa de violencia. El
plan que asesinó a Berta Cáceres", se intitula uno de los Informes
relevantes que aporta claridad en este proceso.
En él se demuestra que hay Altas autoridades de Honduras involucradas en asesinato de Berta Cáceres.
El
informe revela que el plan para asesinar a la lideresa se inició en
noviembre del 2015. Incluso, la información obtenida a través de los
registros telefónicos permite asegurar que hubo un intento de asesinato
durante los días 5 y 6 de febrero del 2016.
El documento contiene
información acerca de la utilización, por parte de la empresa DESA, de
todas sus influencias políticas dentro de gobiernos para lograr la
construcción del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. Y muestra como la
empresa, ya en operación, organizaba y lanzaba campañas de desprestigio y
criminalización hacia la compañera Berta y hacia el COPINH. Una de las
cosas que se ve claramente a través de las pruebas que contiene el
informe es el plan de persecución que se orquesta desde DESA hacia Berta
y el COPINH, mediante pagos a informantes, contratación de sicarios
para la intimidación hacia el COPINH, especialmente a la comunidad de
Río Blanco y hacia la coordinación general, el sabotaje hacia la radio
comunitaria La Voz del Gualcarque, la cooptación de funcionarios
públicos para la protección de sus empleados y la persecución a
integrantes de COPINH.
A través de las páginas del informe se
evidencia el doble papel de los aparatos de seguridad del estado, por un
lado desprotegiendo al COPINH y a Berta, pero por el otro brindando
total protección y cobertura a la empresa DESA.
Una de las
conclusiones más impactantes y claras del informe, que reafirma lo
denunciado por el COPINH y la familia, es que el asesinato de Berta fue
concebido por altos funcionarios de la empresa DESA, en contubernio con
entes estatales, quienes no solamente la desprotegieron sino que
informaban a la empresa de sus movimientos y se encargaban de
criminalizarla.
En un apartado se habla de la banca
internacional, que no queda exenta; en el informe se expone cómo el FMO,
FINNFUND Y EL BCIE no podrían haber ignorado la violación de derechos
humanos por parte de la empresa hacia el COPINH. Y cómo su
financiamiento es fundamental para la continuación de violaciones a la
comunidad y la permanencia de la empresa en el territorio Lenca.
Resulta
estremecedora la estructura criminal que se monta para frenar al
COPINH, y que hasta el día de hoy no ha habido ninguna acción por parte
de estado para desmontarla.
El asesinato de Berta Cáceres ha sido
considerado "emblemático" de la persecución a activistas indígenas y
ambientalistas en un momento en que este tipo de crímenes se han
incrementado en todo el mundo, en contraposición a las retóricas de los
gobiernos que hablan de la sostenibilidad y aprobaron los ODS, los
objetivos de desarrollo sostenible, que todavía no se ven por ningún
lado en cuanto a aplicación para detener el deterioro del planeta y el
colapso climático: si se siguen asesinando a quienes defienden los
bienes comunes.. en vez de ser los primeros en recibir protección
integral.. ¿cómo hacer creíbles los ODS?
El Informe del GAIPE que
tuvo amplia repercusión en verdad no hace sino corroborar informaciones
que ya se sabían o que el COPINH , y la familia de Berta Cáceres habían
evidenciado: la defensa de los ríos, la defensa de los derechos
indígenas, cuesta la Vida.
Pero este informe independiente vuelve
a poner de manifiesto que lo aprobado por la ONU hace doce años en su
Declaración de derechos de los pueblos indígenas, y 30 años antes en el
Convenio 169 de la OIT.. tiene que cumplirse. Y que cuando la empresa
DESA con financiamiento europeo vulneró uno de esos derechos, la
consulta previa, libre e informada, para llevar adelante su negocio, no
sólo estaba violentando esos Derechos de la ONU, sino que estaba en
confabulación con autoridades de gobierno y militares atentando a las
integridades físicas, espirituales, culturales de las comunidades lencas
de la zona.
Este año otra Misión Calificada, con participación
de la Abogacía Española y la FIDH, y expresó tras su visita la
preocupación por el retraso de la justicia, constató que a lo largo del
proceso se mostraron diferentes debilidades estructurales del sistema de
justicia hondureño, que hasta el momento continúan representando
limitantes y desafíos para el acceso a la justicia de la población.
Dentro de las debilidades está la falta de resolución oportuna de
recursos judiciales, omisión de investigación de la autoría intelectual
de los hechos y limitación de los derechos de las víctimas. Esta Misión
de Observación Calificada recalcó que el procesamiento, enjuiciamiento y
condena de los responsables materiales e intelectuales del crimen, es
una obligación y necesidad para el Estado y la sociedad hondureños, con
el fin de garantizar la justicia, la verdad sobre los hechos, así como
la garantía de no repetición de hechos similares.
A los 45 meses
de su crimen… BERTA VIVE y su organización el COPINH sigue dando ejemplo
de honestidad, coraje y dignidad en la defensa de la Madre Tierra.
Esos
45 meses están coincidiendo con una cumbre del Clima de la ONU, que por
avatares de la rebelión popular en Chile, se trasladan a Madrid. El
asesinato de Berta y otros centenares de ambientalistas en el terreno,
no puede estar ausente de la COP25 en territorio español.
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