Alainet
El Siglo XX estuvo
fuertemente marcado por momentos de gran ascenso y avances de las
fuerzas progresistas y profundos retrocesos consecuencia de movimientos
políticos de reacción a estos avances. A cada reforma, le sucedió una
contra-reforma económica, política y cultural. Al avance de la
socialdemocracia europea de principios del siglo XX, que condujo a los
proyectos socialistas y antiimperialistas, le sucedió la emergencia del
fascismo en todo el continente y su proyección planetaria. A la
acumulación política de las fuerzas populares en América Latina desde
mediados del siglo XX que llevó al gobierno a Salvador Allende en Chile,
a Juan Domingo Perón en Argentina o a Joao Goulart en Brasil, le
siguieron cruentas dictaduras militares y programas económicos
neoliberales que se extendieron como proyecto económico hegemónico hasta
fines del siglo XX, aún después de los procesos de redemocratización en
el continente.
No es muy diferente lo que ocurrió a inicios del
siglo XXI en América Latina. La primera década y media de este siglo
sustituyó la hegemonía neoliberal por la hegemonía de proyectos
progresistas, de izquierda o de centro izquierda, como prefiera el
lector. Vimos multiplicarse las políticas de redistribución de renta a
través de políticas de inclusión social, ampliación de los servicios
públicos de salud y educación. Varios países consiguieron erradicar el
analfabetismo y ampliar expresivamente la infraestructura de educación
superior. Brasil creó 17 nuevas universidades públicas –y gratuitas,
valga la observación, pues existen países en la región con universidades
públicas pero no gratuitas, legado de la era neoliberal del siglo XX-;
Ecuador tuvo uno de los programas más osados de “formación de talento
humano” para “el cambio de matriz productiva” como lo establecía el
segundo Plan Nacional del Bien Vivir de Rafael Correa, lo que significó
el cierre de más de una decena de pequeñas universidades privadas de
baja calidad educativa y la creación de cuatro universidades
emblemáticas: la universidad de las artes, la universidad pedagógica, la
universidad de la Amazonía Ikiam y la universidad de tecnología Yachay.
Durante varios años este país tuvo el presupuesto relativo al PIB más
alto para el sector educación y no establecía techo presupuestario para
becas de post grado en el exterior de los estudiantes ecuatorianos.
Los hospitales públicos de calidad y bien equipados se multiplicaron
por toda América Latina, atendiendo no solo a los sectores populares
sino también a parte importante de la clase media. Con la participación
de médicos cubanos y a partir de una visión de solidaridad y
colaboración entre los países y gobiernos, se extendieron las misiones
de salud pública hacia los lugares más recónditos de los andes, la
Amazonía, o a las villas más alejadas de los centros poblados, allí
donde los médicos nacionales no tenían interés de ir.
Diversas y múltiples fueron las políticas sociales en toda la región, desde el “hambre cero” (fome zero)
en Brasil hasta el “mínimo vital de agua” en la Bogotá del alcalde
Petro, que establecía la gratuidad del agua potable para los más pobres
de la ciudad hasta un límite de 6 mil litros por familia, por mes. En
general, durante los primeros quince años del siglo XXI la región
consiguió reducir expresivamente la miseria y la pobreza, ampliar los
derechos sociales, democratizar el acceso a la universidad pública y
gratuita, multiplicar las comunidades académicas y científicas en el
contexto de un crecimiento económico sostenido a lo largo del periodo.
Muchos atribuyen este proceso al llamado super ciclo del precio
internacional de las materias primas que amplió las rentas nacionales de
manera general. Quienes defienden estas tesis (el Banco Mundial, por
ejemplo [1]) olvidan que, una política redistributiva fue fundamental
para obtener los resultados sociales en la región, con los beneficios de
ampliación de la capacidad de consumo de grandes estratos de la
población excluidas no sólo de la posibilidad de un consumo mínimo de
sobrevivencia sino también del ejercicio de ciudadanía. Sin una
intervención política de los gobiernos progresistas, este super ciclo
habría derivado, seguramente, en una mayor concentración de riqueza en
manos de las clases dominantes tradicionales en la región. De hecho,
estas últimas se sintieron expropiadas de los beneficios económicos y de
la riqueza que por “tradición y costumbre” les correspondía.
Las reacciones no se dejaron esperar, ya desde los primeros años del
periodo que analizamos vimos intentos de golpes de Estado (2001 en
Venezuela). El paro petrolero de PDVSA, que por poco asfixia al gobierno
del presidente Hugo Chávez, fue una reacción extrema de la oligarquía
rentista venezolana que perdió el control de la empresa petrolera del
país con las mayores reservas de petróleo del mundo (actualmente
Venezuela detenta el 18% de las reservas mundiales). Posteriormente, el
golpe de Estado en Honduras (2009), seguido de la destitución, en menos
de una semana, del presidente Lugo en Paraguay (2012) y de la
destitución por el congreso brasileño, aduciendo crimen de
responsabilidad en el ejercicio del cargo, pero sin crimen comprobado,
de la presidenta Dilma Rousseff en Brasil, inauguraron un nuevo periodo
de reacción de las derechas en la región con características
particulares:
- A diferencia de los viejos golpes militares del siglo XX, se producen rupturas democráticas, estados de excepción, que rápidamente buscan legitimidad institucional y ropaje democrático. Los poderes legislativos se constituyeron en el espacio fundamental para estos procesos;
- El uso de los poderes judiciales como instrumentos de persecución política y de intervención en los procesos electorales;
- El despliegue de grandes complejos tecnológicos en la comunicación de redes para impactar y orientar la opinión pública con noticias parcial o totalmente falsas. Esta estrategia se combina con instrumentos tecnológicos y técnicas psicosociales;
- La política, cuya secularización constituyó una conquista de la democracia liberal, retorna al ardid religioso y al uso de símbolos de las iglesias evangélicas, pentecostales y católicas. La cruz y las biblias recuperan el papel político que tuvieron en la Edad Media. Esto, por cierto, implica también el fortalecimiento del pensamiento dogmático y fundamentalista que se declara en lucha abierta contra el pensamiento laico, contra las ciencias sociales y la filosofía. De ahí los varios intentos, en toda América Latina, de reducir, asfixiar o simplemente decretar el cierre de los programas de ciencias sociales y humanidades. Todo espacio de producción y elaboración del pensamiento crítico debe ser combatido (véase el caso extremo del Brasil de Bolsonaro);
- El uso de las políticas de exterminio, principalmente pero no únicamente, en las favelas y periferias urbanas y rurales, ahora legitimadas por un discurso profundamente discriminador en todos los ámbitos (racismo, xenofobia, misoginia, homofobia, etc.);
- Una capacidad de movilización social importante de las ultraderechas a partir de un discurso religioso, de valores conservadores como la familia tradicional, el sexismo, el dogma, las buenas costumbres, el orden y el progreso. Al mismo tiempo, las movilizaciones populares espontáneas u organizadas contra la agenda neoliberal, convierten a las calles y las plazas en un territorio de disputa entre dos proyectos y visiones de mundo contrapuestos.
¿Qué está en juego en América Latina en este momento?
Desde el punto de vista estratégico, como lo hemos venido sosteniendo
en los últimos años, una vez más la disputa global por recursos
naturales estratégicos para los ciclos tectológicos e industriales en
desarrollo y emergentes en relación a los cuales América Latina tiene
las principales reservas: litio (94% de las reservas mundiales, y sólo
en Bolivia más de 75%), niobio (96% solo en Brasil), cobre (36% de
participación mundial), la primera reserva mundial de petróleo (18% solo
en Venezuela y el creciente potencial brasileño con las reservas
offshore), casi 30% del agua dulce del planeta, siete de los diez países
más megadiversos del mundo están en la región, solo para citar algunos
ejemplos.
Estados Unidos declara en todos sus documentos
estratégicos, sean de seguridad nacional o de otra índole, incluidos los
planes de ciencia y tecnología, que el acceso a recursos naturales
estratégicos es una cuestión de seguridad nacional. Los datos muestran
que en casi todos los casos estos recursos naturales están fuera de su
territorio continental y de ultramar, principalmente en América Latina y
particularmente en América del Sur. Por otro lado China, desde fines de
los años 90 ha venido incrementando la demanda de estos recursos, y
después del reflujo de los precios de las materias primas, como
consecuencia de la crisis del 2008, observamos una tendencia a la
recuperación de los precios de estos recursos y la inminencia de un
nuevo super-ciclo de precios en la medida en que avance la Nueva Ruta de
la Seda: un corredor, proyecto propuesto por China en 2013 y que hoy en
día incluye a más de cien países del mundo. La disputa por la hegemonía
en el sistema mundial entre una China emergente y Estados Unidos en
declive económico está produciendo reorganizaciones geopolíticas de gran
envergadura, está reconfigurando los territorios y bloques económicos
en un ambiente global de grandes tensiones y amenazas, de gran
radicalidad de los proyectos neo conservadores que se resisten a los
cambios de época y reaccionan con violencia creciente. Al mismo tiempo,
una creciente militarización de los territorios y reposicionamiento de
las bases militares de Estados Unidos en la región acompañan este
proceso.
Desde el punto de vista económico, se trata de imponer
a sangre y fuego el programa económico neoliberal, que algunos
analistas han llamado neoliberalismo 2.0, a pesar del fracaso evidente
de este proyecto implantado durante las últimas década del siglo XX. En
la agenda económica están como principales prioridades: la desregulación
de los derechos laborales y de jubilación, la venta de las empresas
públicas con el viejo argumento de achicar el Estado, la entrega de
recursos naturales por la vía de concesiones que poco o nada dejan a los
Estados, la transferencia de recursos públicos al sector financiero y
la recontratación de deudas públicas (véase el caso de la deuda externa
creada por el gobierno de Macri en Argentina: 107 mil millones de
dólares en menos de cuatro años, de la cual 98% ya salió del país), la
reducción radical de inversión del Estado en servicios básicos como
salud y educación, proponiendo la privatización de estos servicios (el
ejemplo del programa “Future-se” del gobierno de Bolsonaro para las
universidades públicas en Brasil, elaborado a partir de una consultoría
al Banco Mundial, es un buen ejemplo de esta tendencia).
Evidentemente, frente a las consecuencias de este neoliberalismo 2.0, la
protesta popular se profundiza en todo el continente, a partir de un
estado de ánimo de descontento e indignación creciente de la población,
pero también de la pérdida acelerada de conquistas sociales y políticas
de aquellos sectores que no están más dispuestos a regresar a la miseria
y la indigencia, que no admiten estafas políticas ni golpes de Estado
de nuevo tipo. La respuesta popular indígena frente a la renuncia
obligada del presidente Evo Morales y toda la primera línea de gobierno
en Bolivia es una muestra del potencial de esta movilización social,
pero también es una evidencia de los niveles de violencia y racismo que
las oligarquías regionales y sus aliados internacionales son capaces de
desplegar.
Nos espera un 2020 de crecientes tensiones y
enfrentamientos entre estos dos proyectos políticos, económicos y
civilizatorios. Sin embargo, es bueno recordar que la reacción de los
sectores conservadores se hace más violenta, justamente cuando pierden
legitimidad política, económica y social. El neoliberalismo 2.0 es
incompatible con la propia democracia liberal, y de ella tiene que
guardar respetable distancia, aun cuando pretenda mantener las
apariencias. Si la protesta popular gana densidad y conducción política,
estaremos, ciertamente, frente al inicio de un nuevo ciclo progresista,
que exige un balance serio de los avances y limitaciones del momento
anterior, pero representa también grandes desafíos y posibilidades de
transformaciones más profundas y recuperación de la integración regional
y soberanía de los pueblos y los gobiernos.
Nota:
[1] Ver informe del 2012
Mónica Bruckmann es profesora del departamento de Ciencia Política y
del Programa de Posgrado de Historia Comparada de la Universidad Federal
de Río de Janeiro-UFRJ, Brasil.
Artículo publicado en la Revista América Latina en Movimiento No. 546: (diciembre 2019): Tiempos de estallidos sociales
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