Amauri Chamorro *
El gobierno de Lenín Moreno
cometió dos asesinatos esta semana. Uno fue el de un joven desarmado,
acribillado por la espalda por un policía. El otro fue contra la
Constitución, al destituir ilegalmente a los miembros de la Corte
Constitucional. Ambos fueron transmitidos en tiempo real por las redes
sociales y su impacto social fue disminuido por las empresas de
comunicación que, de una manera u otra, blindan al gobierno del
presidente Moreno de cualquier intemperie política.
Moreno acribilló el artículo 431 de la Constitución, que directamente
indica que los miembros de la Corte no pueden ser enjuiciados
políticamente, mucho menos ser destituidos de sus funciones. Así como lo
hicieron todos los dictadores de América Latina y el Caribe, Moreno
cesó a los jueces que fungen de guardianes de la carta magna para poder
instalar una agenda económica y social que beneficia a pocas familias.
Destituir a la Corte Constitucional y nombrar a dedo a los nuevos jueces
es un paso indispensable para la arremetida neoliberal, que en este
momento camina fuertemente en dirección a la privatización de todo lo
que la revolución ciudadana pudo construir: carreteras, empresas
públicas e inclusive las hidroeléctricas que permitieron a Ecuador
transformarse en un competitivo exportador de energía eléctrica en
América del Sur.
Moreno ya ha anunciado la posibilidad de la privatización del seguro
social público para implementar las desastrosas AFP. Todo lo citado
anteriormente es inconstitucional.
En la contabilidad del gobierno conservador de Moreno ya están la
ilegal condena del vicepresidente Jorge Glas, los inconstitucionales
nombramientos del fiscal general, los consejeros de Control Social, la
vicepresidenta de la República y la presidenta de la Asamblea, entre
otros. Moreno no gobierna el país dentro del marco jurídico establecido
en la Constitución. Para que Moreno pudiera avanzar en estos terribles
atropellos al estado de derecho, primero se protegió con la instalación
de la FBI, la fuerza aérea y la inteligencia estadunidense, que desde
hace pocos meses operan oficialmente en el país. Ecuador se transformó
en un país sin Dios ni ley.
Eso se refleja en el actuar de la Policía Nacional, que asesinó a sangre fría a un joven afro en
el norte del país. Fue durante un incidente en una carretera que el
policía le disparó por la espalda, directamente a la cabeza, sin motivo
alguno. El joven cayó frente a los celulares que registraban un
desentendimiento entre policías y ciudadanos.
Desde hace una década Ecuador vivía una ejecución sumaria de la
policía a un ciudadano. Esto sólo ocurría durante los gobiernos
neoliberales, que inclusive premiaban a los agentes de la ley que usaran
sus armas.
Los medios de comunicación no informaron sobre el asesinato del
joven, pese a los innumerables videos en las redes sociales. Apenas
publicaron un
suceso con la policía.
El funcionario responsable del crimen en este momento se encuentra
detenido, a disposición de la fiscalía. La comandancia de la Policía
Nacional apenas informa que se están investigando los hechos.
Días después de destituir a la Corte Constitucional, Moreno anunció
el aumento del precio de la gasolina, el despido de más de 20 mil
servidores públicos, la optimización del funcionamiento del
Estado que representa la implementación de las etapas del acuerdo del
Fondo Monetario Internacional. Las calles comenzaron a calentarse, se
anuncian paros de agricultores y la inflación vuelve a dar la cara.
Moreno sabe que la respuesta será social, masiva y de resistencia.
Matar a un inocente por la espalda y destituir a la máxima corte del
país fueron mensajes claros a todos aquellos que de alguna forma
reclamaran.
* Comunicólogo
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