HispanTV
El
presidente de Ecuador arremetió el sábado contra ciertos militares que
desconocen su autoridad y que efectúan comentarios insultantes contra su
persona.
Rafael Correa expresó el sábado que afronta una
situación "tensa", "muy grave" y "seria" con militares (activos y en
situación de retiro) por impulsar reformas a la seguridad social. Visiblemente molesto, el mandatario, en su habitual informe de los sábados por radio y televisión, criticó la decisión de un Consejo de Disciplina de las Fuerzas Armadas por no sancionar al capitán de corbeta Edwin Ortega, quien supuestamente cometió “una falta” al responder un correo que envió a varios militares.
"Y ahora la tensión sigue y es muy grave porque no solo están involucrados los (militares) pasivos, estos malcriados que insultan, etcétera, sino algunos activos. ¿Por qué? Por las reformas que hemos mandado a la seguridad social militar para controlar ciertos excesos", dijo Correa durante su informe semanal de labores.
El mandatario añadió que "la situación es muy seria", e hizo un llamado al "pueblo ecuatoriano" a "estar atentos (...) a respaldar la democracia, a respaldar a su gobierno, a respaldar la Constitución".
Correa, que en febrero destituyó la cúpula militar por comentar la venta de un terreno de la seguridad social de las Fuerzas Armadas, promueve cambios a la seguridad social castrense para que las pensiones de militares retirados tengan un techo y se ajusten de acuerdo a la inflación y no según el salario vigente de cada rango, como ocurre actualmente.
En un artículo publicado en el diario El Telégrafo, Correa indicó que en 2006 un general con 36 años de servicio recibía una pensión de 2219 dólares, pero con el aumento de salario en el sector castrense hoy recibe 4892, 2,43 veces más del máximo que recibe un civil que aportó 40 años a la seguridad social.
“Esos son los excesos que tratamos de corregir sin perjudicar” a los militares, aseguró Correa. “No se les va a reducir su pensión. Sí se les va a congelar porque no puede seguir subiendo”.
El jefe de Estado enfrentó el 30 de septiembre de 2010 una revuelta policial a la que denunció como intento de golpe de Estado. La rebelión, que surgió por motivos salariales, dejó diez fallecidos y unos 300 heridos.
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