Los
JJ.OO finalizaron y, acorde con lo planeado, el Senado se apresta a
decidir la suerte de la suspendida presidenta Dilma Rousseff a partir
del próximo jueves.
El capítulo final del proceso de destitución
de Rousseff, que se arrastra desde diciembre pasado, comenzará el
próximo jueves y se desarrollará durante cuatro días, en los que el
pleno del Senado, con la presidencia del Tribunal Supremo Federal (TSF),
se reunirá para escuchar por última vez a los testigos de la parte
acusadora y de la defensa.De acuerdo al cronograma, el lunes 29, presentará su testimonio la presidenta suspendida, quien ha decidido ejercer su defensa personalmente. "Voy a argumentar no solo en favor de la democracia, del respeto al voto directo del pueblo brasileño, sino también a favor de la justicia", adelantó.
Para que el 'impeachment' prospere deben votar a su favor al menos 54 de los 81 legisladores que componen la Cámara Alta. Al respecto, el jefe de gabinete interino de Brasil, Eliseu Padilha, aseguró el lunes que el Gobierno en funciones de Michel Temer espera que entre 60 y 63 senadores voten a favor de apartar definitivamente a Rousseff.
La situación se presenta difícil para la mandataria. Según una votación previa a la fase de este jueves respaldó la continuidad del juicio por 59 votos frente a 21. Esos 59 votos superan en cinco la mayoría absoluta necesaria para destituir a Rousseff y, al mismo tiempo, confirmar a Temer, tildado de golpista, en el poder hasta el 1 de enero de 2019, cuando acaba el actual mandato.
Sin embargo, Rousseff sigue jugando sus cartas y se comprometió a que, en caso de ser absuelta y recuperar el poder, promoverá la celebración de un plebiscito para consultar sobre un eventual adelanto de las elecciones presidenciales previstas para 2018.
Temer, por su parte, también ha movido fichas y, el sábado, expresó su beneplácito en una nota oficial de que la economía del país ha comenzado a dar “señales de recuperación” desde que asumió el poder, en mayo.
Con todo, la decisión final será tomada en una votación que, según cálculos del Senado y la Corte Suprema, garante constitucional del proceso, deberá ocurrir entre el 30 y el 31 de agosto, pese a que no hay un plazo establecido para la conclusión del trámite.
De acuerdo con una encuesta del instituto Datafolha, el 60 % de los brasileños considera que tanto Rousseff como Temer deberían renunciar, lo que llevaría a nuevas elecciones, que fueron apoyadas en el sondeo por el 79 % de las 2779 personas consultadas.
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