Los gobiernos del
mundo deberán comprender las enormes desventajas de soberanía económica y
política que le conllevará suscribir el llamado Tratado Transpacífico
de Asociación Económica Estratégica (TPP) tras la sentencia dictada por
tribunales internacionales contra Ecuador que obligó a la nación andina
pagar una indemnización a la multimillonaria transnacional Chevron, por
supuestos e injustificados daños ocasionados a esa compañía.
A
finales de julio pasado, el gerente del Banco Central del Ecuador, Diego
Martínez, anunció, que se pagaron 112 millones de dólares (incluidos
intereses) a la petrolera estadounidense Chevron, (antes Texaco) por un
litigio que ganó la compañía ante la Corte Permanente de Arbitraje de La
Haya, y ratificado después por una Corte Federal y por el Tribunal
Superior de Estados Unidos, respectivamente. Decisiones catalogadas como
abuso de poder internacional.
Con un enorme capital que en
2015 ascendió a 129 000 millones de dólares solo en ingresos operativos y
ventas con los que puede comprar a jueces y políticos corruptos así
como mantener influencias políticas en los centros financieros
occidentales la compañía pretendía además, imponer un embargo de bienes
ecuatorianos si no se abonaba la cifra exigida, lo que hubiera sido
funesto para el país.
Martínez explicó que “no estamos de
acuerdo en la forma que funcionan estos instrumentos internacionales
pues es el resultado de todas las arbitrariedades que se firmaron en los
años 90, que ponían al país en condiciones de ser demandados. Ahora el
TPP redobla esas prebendas a las trasnacionales.
El caso es
conocido como Chevron II y se trata de una demanda interpuesta por la
petrolera estadounidense contra ese Estado andino en 2006 que aduce
falta de celeridad de la justicia ecuatoriana en procesos presentados en
el período en el que la compañía operó en la Amazonía, hace más de 20
años.
Esa fue la táctica utilizada por Chevron para
contrarrestar la demanda contra la compañía interpuesta por los
pobladores de la localidad de Sucumbios y Orellana en noviembre de 1993,
(no tiene nada que ver con Chevron II) para que se les indemnizaran por
los graves daños ambientales y humanos que provocó.
Tras
numerosas batallas en tribunales nacionales e internacionales en 2012,
la Corte Superior de Sucumbíos, en la Amazonía halló culpable a la
transnacional por el daño ambiental causado y le ordenó pagar 9 500
millones de dólares como indemnización a los pobladores y gasto de
limpieza, pero la transnacional se ha negado a abonarlo e impuso otra
contra demanda.
En 1964 la compañía Texaco comenzó a buscar
petróleo en la provincia de Sucumbíos junto con la también trasnacional
Gula. En 1967, la Texaco encontró el primer yacimiento conocido como
Lago Agrio 1, y años después, el Estado ecuatoriano, que por esos años
seguía todas las directivas provenientes de Washington, formó parte del
consorcio. Para 1990, la compañía dejó de operar, aunque continuó siendo
parte de la asociación.
Durante los años de indiscriminada
explotación, Texaco derramó más de 64 340 000 de litros de petróleo
crudo además de 68 130 000 litros de aguas de formación, las que brotan
de la tierra con petróleo, contaminadas con hidrocarburos tóxicos. En
2008 una comisión estableció que los daños ocasionados fueron del orden
de los 27 000 millones de dólares y que en esa región ocurrió una de las
peores catástrofes ambientales en la historia de la humanidad.
La contaminación recayó sobre la población, que ha presentado en sus
demandas, numerosos casos de cáncer, malformaciones congénitas, y
enfermedades de la piel.
La Chevron, mediante diferentes
artimañas, se ha negado a pagar a los habitantes de esa zona las
indemnizaciones establecidas por varios tribunales.
Este es uno
de los ejemplos más fehacientes de lo que significará para los países
menos desarrollados, llevar adelante el Tratado Transpacífico, que hoy
reúne a Estados Unidos (principal promotor), Japón, Australia, Brunei, Canadá, Chile, Malasia, Nueva Zelanda, México, Perú, Singapur y Vietnam.
El pacto, (conveniado durante seis años en forma completamente secreta)
pone fin a aranceles de 18 000 productos norteamericanos, entre estos,
automóviles, maquinaria, tecnología de la información, productos de
consumo, el acceso a Internet, la protección a los inversionistas, la
propiedad intelectual, los farmacéuticos y la producción digital .
La mayor gravedad consiste en que las transnacionales obtendrían
amplios poderes para desafiar las regulaciones, acciones y decisiones de
gobiernos soberanos ante tribunales organizados por mecanismos
internacionales controlados por el gran capital.
No es casual
que entre las poderosas compañías transnacionales que han estado
laborando en la confección del acuerdo, aparecen Chevron (petrolera),
Monsanto (afroindustrial) y Barrick Gold (minera), según informó la
organización empresarial Council of the Americas-Americas Society, con
sede en Nueva York.
El sistema pactado permite a las
corporaciones multinacionales demandar a los gobiernos y solicitar
millonarias indemnizaciones si éstos no obedecen las prerrogativas
obtenidas en los convenios.
El portal digital Wikileak, destapó
recientemente algunos de los secretos que han estado ocultos durante
años, y publicó el Capítulo sobre los derechos de propiedad intelectual
del texto final del TPP.
En ese documento se prescribe que sólo
las corporaciones pueden demandar a los gobiernos y estos últimos
apenas pueden defenderse, en medio de pleitos que no son independientes,
ni transparentes y cuyos procedimientos no son claros.
Ejercen
gran influencia en la selección de los árbitros, en la sede de los
litigios y otros elementos que optimizan las condiciones para la
obtención de reiterados resultados ventajosos.
Aceptar las
cláusulas sobre medioambiente e inversiones, significa que los Estados
no tendrán ningún derecho a cuestionar el accionar de las empresas que
se establezcan en sus territorios y además se les brindarán facilidades
para explotar la flora y la fauna.
Por tanto, no podrán
imponerles legislaciones estatales para el control de pesticidas,
medidas de protección ecológica, seguridad alimentaria ni sanciones
fiscales.
Por si todo esto fuera poco, también se establece que
las empresas pueden demandar a los gobiernos ante paneles de arbitraje
integrados por abogados corporativos que eviten los tribunales
nacionales si las ganancias esperadas en los convenios no son logradas.
O sea, si la rentabilidad de una inversión se establece en 15 % y por
cualquier motivo no se llega a esa cantidad, el Estado deberá
restituirle la diferencia.
El Tratado Transpacífico cercena la
soberanía económica y política de las naciones, las cuales quedan en
manos de los países poderosos y de las grandes transnacionales.
No existe mejor ejemplo para tomar conciencia, que lo ocurrido a
Ecuador, pues los acápites establecidos en el TPP son mucho más lesivos
que los de hace más de 20 años.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor
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