Noticiero Maya K’at
El año 2015 murió de la
misma forma que el gobierno del Partido Patriota (PP): en medio de un
coro de miles de voces en las calles y plazas, que exigían su fin.
Indignados, con toda razón, por las muestras de corrupción y despilfarro
del PP, al mismo tiempo la gente moría por falta de medicinas o agua
limpia en los hospitales. Al mismo tiempo que en las comunidades rurales
y urbanas el Estado-gobierno no llega nunca en la forma de centros de
salud, educación, arte o agua entubada, pero si en la forma de fuerzas
de tarea y otros grupos armados encargados de “mantener el orden”
dominante.
Muchos vieron con una mezcla de creciente desconcierto pero
también de esperanza las diversas movilizaciones que culminaron con la
renuncia del binomio gobernante. Otros hablaron de la “vieja política”,
para referirse a la política como sinónimo de corrupción (además de
hacer un juego de palabras machista para referirse a la candidata del
partido UNE).
También se habló de la “nueva política” para indicar
la aparentemente nueva situación, en la que dichos vicios fueron
superados para siempre. Una visión a todas luces simplista de la
política, el poder y la historia en Guatemala (queda preguntarnos si
este análisis de debe a la ingenuidad o al cinismo).
El
sorprendente triunfo electoral del partido Frente de Convergencia
Nacionalista (FCN) y la transición “a tropezones”, así como un balance
de las palabras, las obras y las “actuaciones” del nuevo presidente en
estos primeros seis meses del año 2016, nos permiten afirmar que “la
vieja política” en realidad no ha sido superada.
Pero no se trata
de la “vieja política” de hace solo unos cuantos años, sino el enfermo
árbol de la política que nació junto al Estado-nación guatemalteco en el
siglo XIX, cuyas ramas llegan hasta estos mismos días en el siglo XXI,
pero que hunde sus raíces hondamente en el suelo de la dominación
colonial.
Entre muchos otros ejemplos de lo indicado, podemos
mencionar la renovación de la pugna jurídica pero también política entre
aquellos grupos que insisten en señalar, con las pruebas en la mano,
que en Guatemala el Estado implementó políticas genocidas durante la
guerra civil o Conflicto Armado Interno (CAI), y aquellos otros grupos
que niegan lo anterior, con una serie de argumentos que apelan a
sentimientos e ideas como el nacionalismo o un visceral anticomunismo,
pero no a la lógica ni a los hechos. Recordemos que desde la época
electoral, el entonces candidato del FCN, y actual presidente, tomó
partido por la segunda opción, la negación del genocidio.
Esta
disputa jurídica y política no solo se desarrolló en el mismo juicio por
genocidio, anulado en años pasados y hoy reactivado a puerta cerrada;
sino también en otros procesos como el caso de la base militar CREOMPAZ
(antigua Zona militar 21 de Cobán), donde han sido localizadas cientos
de osamentas de civiles torturados y asesinados, o el caso del
campamento militar Sepur Zarco (en Panzós, Alta Verapaz), que fue el
escenario de torturas y asesinatos a varios luchadores q’eqchi’ por la
tierra y el territorio, así como de la esclavitud y violencia sexual de
sus viudas durante largos años.
Tanto la Zona militar 21 de Cobán
como el campamento de Sepur Zarco fueron piezas centrales, no solo de
las políticas genocidas o políticas de muerte (necropolítica), sino
también de las políticas de control, explotación y dominación de
poblaciones, territorios y elementos naturales (biopolítica). Tanto la
biopolítica como la necropolítica forman parte de la “vieja política”,
que ya quisiéramos ver superada, sin embargo se renuevan y se entrelazan
de múltiples formas en estos tiempos de una supuesta “nueva política”.
Hoy
en día podemos ver a la necropolítica y a la biopolítica en acción,
tanto en la destrucción de viviendas, cultivos y medios de vida de las
comunidades desalojadas para dar paso a las plantaciones de monocultivo,
como en la represión armada que acabó con la vida de Rigoberto Lima
Choc (Sayaxché, Petén, 2015) o Walter Méndez (Las Cruces, Petén, 2016),
entre muchos otros que no podemos mencionar aquí.
Asimismo, la
necropolítica se evidencia en la persecución judicial contra los hombres
y mujeres que se enfrentan a las empresas extractivas nacionales y
transnacionales (mineras, petroleras, hidroeléctricas,
agroindustriales). Por ejemplo las casi 100 órdenes de captura contra
líderes y lideresas comunitarios de Alta y Baja Verapaz, por el
“terrible crímen” de defender los territorios y la vida. O en la
reciente anulación, de forma legal pero abiertamente injusta, de la
consulta municipal en Cahabón (Alta Verapaz), en la cual la población
votaría en relación a los usos del agua de los ríos Cahabón y Oxec.
En
resumen, la máscara de la “nueva política” cubre el rostro de la “vieja
política”, que aún está vigente de muchas formas. También sigue vigente
la “vieja economía” extractivista (que también tiene raíces en los
despojos coloniales). En estos tiempos de “nueva política”, los
proyectos extractivistas de todo tipo están fortaleciéndose y
consolidando su presencia territorial. Sin embargo, a cada paso han
tenido que enfrentar las numerosas y diversas resistencias comunitarias
en defensa de los territorios y elementos naturales como el agua. Entre
muchas otras cosas, esas resistencias comunitarias nos hablan de un
nuevo sentido, esta vez alternativo, de la biopolítica-, toda vez que
son luchas en defensa de la vida.
Camilo Salvadó,
Equipo PICTA - AVANCSO (Pueblos Indígenas, Campesinos, Capitalismo,
Territorios y Ambiente (PICTA). La columna fue el Editorial del
Noticiero Maya K’at de la Federación Guatemalteca de Educación
Radiofónica FGER el 17 de agosto del 2016.
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