La Jornada
El presidente Juan
Manuel Santos ordenó ayer el cese al fuego definitivo contra las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC), el cual
será efectivo a partir del 29 de agosto. La acción se produjo durante
la sesión del Senado en la cual el mandatario entregó al presidente de
esta cámara el texto íntegro del Acuerdo Final para la Terminación del
Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, firmado el
miércoles por el jefe del equipo negociador del gobierno, Humberto de la
Calle, y el representante de la organización guerrillera, Iván Márquez.
Este histórico acuerdo deberá ratificarse el 2 de octubre en un
plebiscito con el cual culminará el proceso de negociaciones que desde
el 4 de septiembre de 2012 tiene lugar oficialmente en La Habana.
Pese a que el actual ciclo de negociaciones tiene precedente en otros
tres intentos para desmovilizar de manera pacífica al grupo guerrillero
más antiguo de América Latina, todos los actores reconocen que Colombia
nunca había estado tan cerca de alcanzar la paz. Es difícil exagerar la
importancia histórica de un momento en que se está a punto de poner fin
al conflicto armado que estalló en 1964 y que en medio siglo ha dejado
300 mil muertos, 45 mil desaparecidos y hasta 6.9 millones de
desplazados internos, según cifras oficiales.
A la trascendencia que el hecho tiene en sí mismo, debe abonarse que
se trate de una paz democrática, sometida voluntariamente por los
participantes a la decisión soberana del pueblo colombiano, pese a que
las leyes facultan al presidente a implementarla sin consulta previa.
Otro elemento positivo se encuentra en el carácter público del acuerdo,
que desde ayer el Congreso puso a disposición de todos los ciudadanos a
través de Internet, con lo cual se contribuye a un debate informado y
argumentado de cara a la votación en que se decidirá la instalación de
la paz o el regreso a las hostilidades.
Lamentablemente, este clima cívico indispensable se ve
amenazado por sectores nostálgicos de la violencia como los nucleados en
torno al ex mandatario Álvaro Uribe y a militares recalcitrantes que
incluso antes de conocerse oficialmente las negociaciones con la
guerrilla han agitado las banderas del miedo, la venganza y el fanatismo
de la mano dura para descarrilar cualquier salida negociada al
sangriento conflicto. Es debido reconocer que la apuesta por la vía
armada también tiene defensores entre los integrantes de las FARC, pero
hasta ahora tales expresiones han supuesto un riesgo menor al proceso de
paz, en la
medida
que no ejercen un sabotaje activo como el que encabeza el senador
Uribe. Cabe hacer votos por que el pueblo colombiano actúe con sabiduría
ante las voces que insisten en la lucha fratricida y tome una decisión
basada en la responsabilidad cívica.
Ahora que se encuentra a la vista el fin de una larga serie de
esfuerzos, es necesario reconocer el valor que tanto el gobierno de Juan
Manuel Santos como el secretariado de las FARC mostraron al romper con
el lastre de cinco décadas de violencia. Al sentarse a negociar con la
voluntad política de hacer concesiones y escuchar las peticiones del
otro, ofrecen un ejemplo no sólo para los colombianos, sino para todos
los participantes en conflictos armados o de cualquier otra índole: el
ejemplo de que el diálogo es útil y fructífero en toda circunstancia, a
condición de que se entable con la disposición de ceder y la decisión de
mantenerlo hasta el final, pese a todos los obstáculos posibles.
No hay comentarios:
Publicar un comentario