Al cumplirse este jueves seis meses de la desaparición de los 43
estudiantes de la escuela para formación de maestros de Ayotzinapa, sus
familiares siguen exigiendo respuestas de las autoridades y cuestionando sus versiones oficiales al tiempo que protagonizan medidas de presión para resolver el caso.
Los familiares de los jóvenes, que pertenecían a escuela Normal
Rural Raúl Isidro ubicada en la localidad de Ayotzinapa de Guerrero,
participarán este jueves en un mitin frente a las instalaciones del
Instituto Nacional Electoral de México (INE).
Está prevsito que los manifestantes inicien una concentración en el
lugar como medida de presión para evitar la celebración de los comicios
en el estado de Guerrero el próximo 7 de junio, donde se elegirá al
próximo gobernador de la entidad y diputados al Congreso mexicano.
Posteriormente, iniciarán una movilización que finalmente se
concentrará en el Monumento a la Revolución, sitio público emblemático
ubicado en la capital mexicana.
Voceros de los familiares señalaron que las conversaciones con el
gobierno federal están rotas y que no han tenido acercamientos con la
Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía), que mantiene su
tesis de que los desaparecidos fueron asesinados y calcinados en un
basurero de Cocula, ciudad ubicada en la provincia de Jalisco.
La versión es rechazada por las familias. La Fiscalía sostiene que
por orden del alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, los
jóvenes fueron atacados y detenidos por la policía municipal, entidad
que luego los entregó al cartel Guerreros Unidos. Miembros de grupo
confesaron que los habría asesinado e incinerado, según la Fiscalía.
“Hay indicios de que están vivos, puede ser que estén en el campo
Militar Número 1 en la ciudad de México o en algún cuartel en el estado
de Guerrero, que las instituciones internacionales exigen que sean
revisadas”, dijo Meliton Ortega, representante de las familias
afectadas.
El caso que dio la vuelta al mundo
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió el
pasado 20 de marzo al gobierno mexicano continuar con la investigación
sobre la desaparición de los 43 normalistas.
Durante la sesión el °154 período de sesiones de la CIDH que se
realizó en Washington se solicitó al Poder Judicial de México que
investigue los hechos violentos de Ayotzinapa como un acto de
“desaparición forzada”, debido a que de esta forma los acontecimientos
tendrían una relevancia internacional y serían imprescriptibles.
El comisionado de la CIDH, Paulo Vannuchi, indicó que la
desaparición es una muerte no concretada, por lo que no se completa el
proceso de luto.
Igualmente, a la sesión asistió una comisión de padres y
representantes de los estudiantes desaparecidos, quienes dieron a
conocer sus denuncias sobre la actuación que ha tenido el gobierno en
el caso.
La falta de otras pruebas de ADN y el hecho de que la reconstrucción
del crimen esté basada en las confesiones de los presuntos victimarios
ha hecho que organizaciones como Human Rights Watch (HRW) o Amnistía
Internacional (AI) hayan puesto en duda la versión oficial.
“Seis meses después de la desaparición forzada de los 43 estudiantes
(…) expresamos nuestra preocupación frente a las muchas interrogantes
que se mantienen sin respuesta”, manifestó este jueves AI en un
comunicado.
Los expertos enviados recientemente a México por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también han dicho que aún no
tienen certeza de lo que sucedió con los jóvenes.
Andes
No hay comentarios:
Publicar un comentario