Durante la presentación del dictamen de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, el experto instó a las autoridades a impulsar una estrategia integral para combatir a esas agrupaciones delincuenciales, que incluya mejoras económicas y sociales en las zonas donde radican y actúan, a fin de contrarrestar la captación de jóvenes para sus redes.
Según Howland, tales bandas atacan y amenazan a protectores y defensores de derechos humanos, líderes comunitarios, agentes del Estado y demandantes en el proceso de restitución de tierras, cuando se oponen a sus intereses políticos, económicos o criminales, explicó.
En muchos casos esos actos intimidatorios quedan impunes, denunció.
Entre enero y octubre de 2014, se registraron 45 asesinatos de activistas colombianos y 18 intentos de homicidio, reveló la investigación expuesta por Howland.
El documento, resaltó los avances alcanzados en los diálogos de paz entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), pero alertó sobre males como el desplazamiento interno.
Las migraciones de la población continúan, con cifras anuales que rondan los 250 mil perjudicados desde 2010.
Algunos son obligados a abandonar sus lugares de origen, mientras otros prefieren hacerlo voluntariamente para evadir la violencia ligada a los enfrentamientos bélicos.
Tal fenómeno azota principalmente a comunidades indígenas y de afrodescendientes, añadió Howland.
El conflicto colombiano ocasionó la muerte de unos 230 mil ciudadanos, en tanto los desplazados sobrepasan la cifra de cinco millones, según datos oficiales.
Equipos gubernamentales y de las FARC-EP platican en Cuba desde 2012 para poner fin a la conflagración, única en el continente.
mem/ap
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