“una sociedad que trata a los trabajadores y
los migrantes como objetos, es una sociedad enferma”.
Consigna de una manifestación pro-migrantes.
Frente al desdén, la movilización
El
martes 17 de marzo del presente año, después de dos intentos de
negociación y como protesta para denunciar la explotación y hacer oír
sus demandas de respeto a los derechos laborales, miles de jornaleros
del Valle de San Quintín (al sur de Ensenada en Baja California Norte),
convocados por AONEMJUS (La Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal
y Municipal por la Justicia Social), llevaron a cabo un paro y el
bloqueo de la carretera transpeninsular por más de 26 horas (Proceso No
2003) (La Jornada, 21/03/2015); las zonas en las que se concentraron
las acciones de bloqueo fueron justamente en las que se encontraban los
ranchos agrícolas caracterizados por las condiciones de trabajo más
precarias y abusivas (Proceso No 2003). A poco más de un día de
iniciadas estas movilizaciones, el miércoles 26 de marzo con el aval de
las autoridades estatales y del gobernador Vega, la fuerza pública de
los tres órdenes de gobierno detuvieron a más de doscientos individuos
(Proceso No 2003), mediante aprehensiones masivas donde usaron balas de
goma y gases lacrimógenos (La Jornada Baja California, 19/03/2015).
La génesis de la protesta
Estas
movilizaciones no fueron actos aislados ni repentinos, fueron una etapa
de una lucha que, como antecedentes, tuvo dos hechos previos.
(a)
Por un lado y en relación a una situación de abuso estructural, las
condiciones de explotación laboral que por años han sufrido los
jornaleros en los ranchos agrícolas de la región. Muchos de estos
jornaleros provienen del sur del país (especialmente de Oaxaca) y son
indígenas que se desplazaron hace años de sus lugares de origen en
busca de mejores condiciones de vida y de trabajos mejor remunerados;
las empresas y ranchos agrícolas se aprovechaban y a la fecha abusan de
la condición de migrantes y de trabajadores temporales de estos
jornaleros para escatimar los derechos laborales y las prestaciones que
por ley les corresponden. Como señaló Luis Hernández, los propietarios
de estos ranchos y empresas tratan a estos trabajadores agrícolas como
mano de obra barata y desechable (La Jornada, 24/03/2014). A decir de
los jornaleros organizados, hay una docena de empresas agrícolas
principalmente nacionales y pero también extranjeras que se distinguen
por su falta de respecto constante y profundo a los derechos humanos y
laborales elementales de los trabajadores agrícolas (Proceso No 2003);
y de estas empresas, especialmente dos, Santa María de los Pinos (con
las peores condiciones de trabajo del Valle de San Quintín) y
Valladolid Aragonés, tienen o han tenido vínculos directos con el
gobierno estatal (los propietarios de ambas empresas han desempeñado
y/o detentan altos cargos públicos de nivel estatal relacionados con la
producción agropecuaria) (Proceso No 2003).
(b) Por
otra parte y como antecedente previo, el ineficaz proceso de
negociación y las dos fallidas mesas de diálogo (15 de octubre de 2014
y 22 de enero de 2015), donde las exigencias de decenas de miles de
jornaleros no fueron atendidas con seriedad ni por el gobierno estatal
(que no envío a la Secretaria de Trabajo de Baja California a los
encuentros acordados), ni por los sectores patronal y los grupos
sindicales oficialistas, quienes tampoco hicieron acto de presencia
(Proceso No 2003). En este tenor, destaca la ausencia de sensibilidad y
voluntad política del gobierno estatal y del grupo patronal para dar
seguimiento, atención y resolución al pliego petitorio de este grupo de
jornaleros organizados, mostrando de facto su indiferencia y desdén por
con estos trabajadores agrícolas. Este no es un caso nuevo ni aislado
de abuso laboral y marginación social de migrantes, indígenas y
campesinos. Por el contrario, remite a una condición general y
estructural de buena parte del país y se engarza con otros hechos de
abuso social como las recientes denuncias de explotación laboral de
doscientos tarahumaras en Baja California y de cuarenta nueve
jornaleros en Colima.
Las exigencias y demandas de los jornaleros, reflejo de la ley como letra muerta
En
tanto sujetos con capacidad de organización y resistencia social, los
jornaleros delinearon sus acciones en torno, tanto al reconocimiento y
repudio de una condición de aguda opresión que viven en carne propia,
como a la demanda de un pliego petitorio muy puntal con miras a
conseguir otras situaciones de trabajo y vida. Sus exigencias son las
siguientes: aumento del salario por jornal (300 pesos por día);
reducción de la jornada laboral a lo estipulado conforme a la ley; que
inicie el proceso de afiliación de los jornaleros al Instituto Mexicano
del Seguro Social; el pago de las prestaciones conforme a la ley; tener
acceso a vacaciones y el derecho a un día de descanso a la semana; que
las horas de trabajo extras sean voluntarias y remuneradas de manera
adicional y de acuerdo a lo estipulado en la ley; el respeto y
ejercicio de los derechos de las madres trabajadoras; y el cese
absoluto e indagación del acoso sexual que sufren las mujeres
jornaleras en los ranchos agrícolas (Proceso No 2003) (La Jornada,
21/03/2015).
Dicho pliego petitorio refleja y denuncia
dos dinámicas de marginación y exclusión socio-económica que de manera
simultánea y en diferentes ámbitos sufren permanente ciertos sectores
de la población (indígenas, campesinos, migrantes). (A) Primero, los
procesos de explotación a que son sometidos los jornaleros por parte de
los empleadores y las empresas, que van desde el excesivo número de
horas trabajadas y la nimia remuneración económica que reciben por su
trabajo, hasta la ausencia de contrato laboral, condiciones de trabajo
seguras, prestaciones y derechos a la seguridad social, pasando por las
vejaciones y las agresiones sexual en el caso de las mujeres. (B)
Segundo, que la ley laboral, que normativa y supuestamente debería de
regir y regular los contratos entre empleado y empleador a fin de
defender los derechos de todos los trabajadores (especialmente de los
más desprotegidos y vulnerables), es letra muerta y un promesa
incumplida. En este tenor, el Estado, al no hacer valer y ejercer la
ley laboral, incumple con una de sus obligaciones fundamentales para
con sus ciudadanos: tener acceso a un trabajo justo, seguro y bien
remunerado, que le permita tener una vida digna.
Guillermo Castillo Ramírez es profesor de licenciatura y posgrado de la UNAM
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