Comunicado desde La Habana, 27 de mayo de 2014
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Presentación
El
Acuerdo Final para la terminación de la confrontación armada, con el
que estamos comprometidos y aspiramos materializar si las clases
dominantes lo posibilitan y no persisten en su estrategia guerrerista,
lo comprendemos en términos de los mínimos requeridos para abrirle
nuevas posibilidades al ejercicio de la política en nuestro país y para
avanzar hacia su democratización real política, económica, social y
cultural. El Acuerdo Final, de concretarse, lo comprendemos como
nuestro aporte al proceso constituyente abierto que se viene desatando
con intensidades aún desiguales y dispersas, a lo largo y ancho del
territorio nacional, en medio de la movilización y la lucha social y
popular.
Tenemos el
convencimiento de que lo logrado en la Mesa de diálogos se inscribe
dentro de aspiraciones históricas aplazadas de los dominados y
excluidos por las clases que han usufructuado el poder a lo largo de
nuestra vida republicana. Con ello estamos colocando nuestro grano de
arena para las transformaciones estructurales necesarias que permitan
superar la no resuelta cuestión rural y agraria que mantiene en la
pobreza y la miseria a millones de trabajadores rurales, campesinos,
indígenas y afrodescendientes, en función de una nueva organización del
poder que dé cuenta de las demandas por la más amplia participación en
la vida social de los hasta ahora excluidos, y así avanzar en la
superación de la situación socioeconómica de precariedad extrema de
decenas de miles de compatriotas empujados al circuito económico de la
empresa transnacional criminal del narcotráfico. Aspiramos, igualmente,
a aportar en el reconocimiento y la materialización de los derechos de
las víctimas de la guerra que nos impusieron las clases dominantes. A
nuestro juicio, uno de los mayores aportes de un eventual Acuerdo Final
resulta de las nuevas posibilidades que él abre para sentar los
cimientos de la construcción de la paz con justicia social. Nuestra
generación actual y las generaciones futuras merecen una oportunidad
distinta a la prolongación indefinida de la guerra.
No obstante,
debemos afirmar una vez más que los objetivos que hemos buscado y por
los que nos hemos levantado en armas contra el orden de dominación y
explotación existente no se agotan allí. Nuestras aspiraciones
históricas son mayores; buscan precisamente la superación del orden
capitalista, tal y como lo enseñan las históricas luchas de nuestro
pueblo y las que vivimos en el presente de Nuestra América.
Comprendemos
a plenitud la potencia transformadora del actual momento histórico.
Somos conscientes que se vienen gestando condiciones que nos ponen
frente a dos caminos: O se asiste a recomposición del régimen imperante
como respuesta a la crisis en maduración en todos los niveles, que
consolidaría el actual poder de clase y profundizaría aún más sus
políticas neoliberales, o se transita la ruta de un proceso
constituyente capaz de producir la fuerza social del cambio realmente
transformador. Ese es el reto que hoy enfrentamos.
Hacemos
parte del movimiento general por una gran transformación hacia la
democracia real en nuestro país. El horizonte de la Asamblea Nacional
Constituyente que hemos propuesto es una estación necesaria en nuestro
camino. Para nosotros es la posibilidad de refrendar los acuerdos
logrados, de encontrarle salida a las salvedades que hemos dejado
sentadas, y sobre todo de concertar un nuevo marco jurídico-político
para la organización del poder social, del Estado y de la economía,
sobre presupuestos que comprometan al conjunto de la sociedad
colombiana, en todas sus expresiones políticas, económicas, sociales y
culturales; Es decir, un tratado de paz, en el sentido estricto del
término.
Nuestra visión de país no está limitada a una nueva
Constitución. Ésta, no obstante, es una necesidad histórica. Por ello
llamamos a un proceso constituyente abierto, que no culmina en el
escenario de la Asamblea, sino que encuentra en ella un lugar para
potenciar nuestras aspiraciones y llevarlas a un nuevo nivel, en un
contexto que estará caracterizado por la continuidad del conflicto y
del antagonismo social.
Los Lineamientos generales de un Proceso
constituyente abierto para la transición hacia la Nueva Colombia
representan nuestra visión de país; dan cuenta de la manera como
queremos asumir, programáticamente, la potencia transformadora del
actual momento histórico de la mano de nuestro pueblo. Los Lineamientos
generales que aquí presentamos los hemos concebido con fundamento en el
análisis y la recepción de múltiples propuestas y plataformas
elaboradas desde el campo popular y por la intelectualidad crítica del
país y, desde luego, apoyándonos en nuestras propias formulaciones y
miradas sobre los cambios que se requieren para la transición hacia una
Nueva Colombia. Ellos contienen en lo esencial nuestra aproximación
programática para superar las inmensas desigualdades, democratizar en
profundidad la vida social, transformar sustancialmente el Estado,
restablecer la soberanía, insertarnos en los procesos de cambio en
Nuestra América, y garantizar el bienestar y el buen vivir de nuestro
pueblo. Si logramos hacerlos realidad, estaremos caminando la senda
hacia una sociedad alternativa al capitalismo existente, hacia la Nueva
Colombia.
Los Lineamientos generales que proponemos son los siguientes:
1. Democratización real y participación en la vida social.
2. Reestructuración democrática del Estado.
3. Desmilitarización de la vida social.
4. Desmonte de los poderes mafiosos y de las estructuras narcoparamilitares.
5. Justicia para la paz y la materialización de los derechos de las víctimas del conflicto.
6. Desprivatización y desmercantilización de las relaciones económico-sociales.
7. Recuperación de la riqueza natural y reapropiación social de los bienes comunes.
8. Reorganización democrática de los territorios urbanos y rurales.
9. Nuevo modelo económico e instrumentos de la dirección de la economía para el bienestar y el buen vivir.
10. Restablecimiento de la soberanía e integración en Nuestra América.
1. Democratización real y participación en la vida social
La
transición política hacia la Nueva Colombia exige la superación de las
falencias y la ausencia de democracia real en todos los ámbitos de la
vida social. Una larga cadena de limitaciones a la democracia hacen
parte de nuestra historia republicana: élites incapaces de asumir
reformas políticas y sociales necesarias, veto al protagonismo
ciudadano en las definiciones económicas estratégicas, un sistema
constitucional más afín a las reglas de los monopolios que a la defensa
de lo común, generaciones completas bajo estados de excepción,
exacerbado centralismo que silencia las voces regionales, genocidio de
la oposición política, persecución y estigmatización sistemática del
movimiento social y de la protesta popular, entre muchas otras.
El
proceso constituyente debe contribuir, más allá de los indiscutibles
aportes de un eventual Acuerdo Final, a ampliar y profundizar la
democracia, como una condición ineludible para sentar las bases sólidas
de la paz con justicia social, a reconocer que los déficit de
democracia agravan el conflicto social y que la deliberación
democrática constituye el escenario más propicio para abordar los
conflictos humanos. El momento histórico demanda afirmar una idea de
democracia diferente. El proceso constituyente deberá aportar en la
construcción de la democracia real, directa, autogestionaria y popular.
Algunos de los componentes de esa idea de democracia real,
desde nuestra perspectiva, remiten a las siguientes transformaciones.
En primer lugar, asumir el predominio de procesos de democracia directa
e indelegable, apoyada en una formación política para la cualificación
de la participación en la toma de decisiones. La democracia directa no
puede ser una excepción, sino un modo de vida cotidiano y permanente en
los principales ámbitos de la vida social. Una democracia directa a
nivel barrial, local, comunal, regional y nacional. En segundo lugar,
potenciar los mecanismos directos de participación comunitaria y
ciudadana, incluyendo el presupuesto participativo, la revocatoria del
mandato y formas de representación o delegación. Una participación real
y efectiva en la toma de decisiones y no meramente consultiva, evitando
los mecanismos semidirectos de participación, en beneficio de los
plenamente directos. En tercer lugar, avanzar en la construcción de una
verdadera democracia social, que cimente bases reales de igualdad
material, en relación con la riqueza social, la propiedad, la tierra y
los ingresos. No es posible consolidar una democracia justa en una
sociedad con tantas desigualdades materiales. En cuarto lugar, sustraer
los bienes comunes y los derechos (seguridad social, salud, educación,
cultura, interculturalidad, seguridad alimentaria, agua, ambiente,
ciencia, investigación) de las reglas del mercado y de la ganancia
exclusivamente privada, para garantizar el bienestar y el buen vivir de
comunidades y poblaciones. Una lucha decidida contra la corrupción, a
través de veedurías ciudadanas, control social y asambleas populares,
para la vigilancia de los recursos públicos. En quinto lugar,
configurar una nueva institucionalidad que logre tramitar
democráticamente los conflictos económicos, sociales, culturales y
ecológicos, fomentando las autonomías territoriales, regionales,
departamentales, municipales, campesinas, indígenas, afrodescendientes
y raizales, propiciando formas democráticas de planeación y gestión de
lo público, con participación popular en todas las etapas de los planes
de ordenamiento territorial, planes de desarrollo y los presupuestos
municipales, departamentales y nacionales. En sexto lugar, reconocer y
estimular formas autónomas de autogobierno y autogestión emanadas de
comunidades urbanas y rurales, en especial de comunidades campesinas,
indígenas, afrodescendientes y raizales. No habrá democracia real y
participación verdadera en la vida social si no se generan las
condiciones para que las mujeres sean parte activa y deliberante de
estos procesos, a fin de superar el régimen patriarcal de dominación,
subyugación y exclusión. Las tareas de la democratización real deberán
incluir los medios de comunicación.
2. Reestructuración democrática del Estado
El
Estado, su institucionalidad y sus políticas han sido organizados y
diseñados a lo largo de la vida republicana para atender y reproducir
los intereses de las clases dominantes y perpetuar el orden capitalista
que impera en el país. Como resultado de ello, vivimos en un país
caracterizado por la exclusión política y social y la escandalosa
concentración de la riqueza que produce la población.
El proceso
constituyente para la transición hacia la Nueva Colombia deberá
producir la fuerza social capaz de recuperar y reestructurar el Estado
para garantizar una organización democrática y participativa real del
ejercicio del poder, fortalecer la institucionalidad y posibilitar una
efectiva orientación de sus políticas con el fin de propiciar las
condiciones de la paz con justicia social, garantizar el bienestar y el
buen vivir de la población, y superar las profundas desigualdades, la
pobreza y la miseria. Todo esto, acompañado de la correspondiente
disposición de recursos de presupuesto. Para ello se hace necesaria una
reestructuración democrática del Estado que deberá comprender la
redefinición de los poderes públicos y de sus facultades, así como del
equilibrio entre ellos, limitando el excesivo carácter
presidencialista; el reconocimiento y estímulo a la participación
social y popular en sus diversas modalidades, incluida su organización
en la forma del Poder Popular de las comunidades urbanas y rurales,
campesinas, indígenas y afrodescendientes; el fortalecimiento del
proceso de descentralización hacia la mayor democracia local; el
rediseño del orden jurídico-económico y la reapropiación social de la
política económica; la reconversión de las Fuerzas Militares hacia una
fuerza para la construcción de la paz, la reconciliación y la
protección de la soberanía nacional. Y de manera especial, la reforma
de la rama judicial que libere a la justicia de su escandalosa
politización, le devuelva su independencia como rama del poder y la
convierta en presupuesto indispensable para la paz.
La
reestructuración del Estado deberá acompañarse de una reforma política
y electoral que regule la contienda política en equidad e igualdad de
condiciones, erradique las estructuras y prácticas clientelistas,
corruptas, criminales y mafiosas en el ejercicio de la política, siente
las bases para recuperar la credibilidad y transparencia del sistema
político y del sistema electoral. Se deberá reformar el poder electoral
y garantizar la participación de las fuerzas políticas y los
movimientos políticos y sociales opositores. Se tendrán que reformar
los actuales mecanismos de participación política, suprimiendo sus
reglamentaciones restrictivas y fortaleciendo los alcances de las
iniciativas sociales y populares en esta materia, incluidas las
iniciativas de carácter legislativo. Se establecerá la elección popular
de los rectores de los organismos de control; igualmente de la Fiscalía
General y de la Defensoría del Pueblo, con base en propuestas
programáticas. Se suprimirá el Ministerio Público.
3. Desmilitarización de la vida social
Tras
un Acuerdo Final entre el Estado y la insurgencia, no existe
justificación política, ética o económica alguna para persistir en la
política de seguridad y control social que ha privilegiado la extensión
de la lógica militar a los diversos ámbitos de la vida social. La vida
de nuestras comunidades diversas, para que pueda desplegarse
autónomamente, bajo pautas de convivencia que es preciso recuperar y
actualizar, así como la propia conflictividad y la protesta social, no
pueden continuar siendo sometidas a un tratamiento militar. La política
de defensa debe desligarse de los dictámenes de los Departamentos de
Estado y de Defensa, del Comando Sur, de la CIA y de las centrales de
inteligencia británica e israelí, y sustraerse de los enfoques
geopolíticos imperialistas de la “dominación de espectro completo”
sobre Nuestra América.
El proceso constituyente debe
fundamentarse, en consecuencia, en la desmilitarización sistemática de
la vida social, de la seguridad ciudadana, de la economía y de las
finanzas del Estado, de la cultura y de la educación, y de los medios
de la educación. Ello conlleva la redefinición de los conceptos de
seguridad y defensa, así como de la política estatal en este campo; la
superación definitiva de la doctrina militar de la “seguridad nacional”
y de “guerra contrainsurgente”; el rediseño estructural de las Fuerzas
Militares y de Policía, incluida la eliminación de las funciones
militares de la Policía y su sujeción, en la organización institucional
del Estado, al poder civil; la transformación de instituciones
cívico-militares en instituciones civiles, especialmente en el campo de
la educación; y una política de reducción continua del gasto militar
que hoy cuantiosamente se destina a la guerra, hasta llevarlo al
promedio del gasto a nivel internacional, en beneficio de otros
sectores claves ligados con las necesidades esenciales de la población.
Por otra parte, la política de defensa nacional debe atender los
principios de soberanía y autodeterminación e incluirse decididamente
en los intentos de formulación de una política regional que responda a
los intereses nacionales y nuestroamericanos.
4. Desmonte de los poderes mafiosos y de las estructuras narcoparamilitares
Para
consolidar la transición política se hace imperioso emprender acciones
decididas orientadas a garantizar el desmonte de los poderes mafiosos y
de las estructuras narcoparamilitares que se han incrustado en el
Estado y la sociedad colombiana a lo largo de las últimas décadas, y se
han convertido en un factor determinante de la organización
capitalista. Dichos poderes representan una amenaza para hacer realidad
las aspiraciones de democratización política, económica, social y
cultural del país.
El proceso constituyente debe contribuir a la
identificación de las estructuras de poder narcoparamilitar, criminal y
mafioso en todos los ámbitos y niveles, a denunciarlas y enfrentarlas,
y a formular los lineamientos de una política de Estado que permita la
superación de esos poderes en sus diversas formas. Se hace necesaria la
depuración del Estado en sus diferentes niveles nacional, departamental
y municipal, en sus ramas ejecutiva, legislativa y judicial; en los
órganos de control, así como en la organización electoral, incluidos el
Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional. La depuración
de la organización electoral constituye una condición necesaria para
avanzar hacia la eliminación del poder político mafioso y
narcoparamilitar, basado en buena medida en la captura del sistema
político y de representación. El desmonte efectivo de este poder
comprende también la depuración del Notariado y Registro, devenido en
múltiples casos en instrumento del despojo de tierras y bienes raíces.
En atención a las demostradas articulaciones y coordinaciones de la
mafia y el narcoparamilitarismo con las fuerzas militares y de policía,
y los servicios de inteligencia del Estado, se deberá proceder a la
depuración de estas fuerzas y servicios.
Como resultado de estas
acciones, se deberá recuperar el Estado y su institucionalidad para
ponerlos al servicio del bienestar y el buen vivir de la población. No
habrá posibilidades para la democratización real si no se quiebran las
imbricaciones de sectores de las clases dominantes con la mafia y el
narcoparamilitarismo. El quiebre aportará a la superación de la
corrupción y a la recuperación del gasto público para la atención de
los problemas sociales.
5. Justicia para la paz y la materialización de los derechos de las víctimas del conflicto
La
actividad y la organización de la justicia, tanto en la que conserva el
Estado, como en las formas ya privatizadas en el orden interno o
internacional, poseen un lugar especial en la transición que debemos
emprender. Es evidente que se asiste a una crisis del sistema de
justicia, de su concepción y de su propia administración; que el
sistema está concebido para proteger prioritariamente la propiedad de
los grandes capitales; para perseguir y castigar a los pobres, al
tiempo que es benévolo y complaciente con los poderosos. A ello se
agrega la pérdida de independencia, la marcada influencia de otros
poderes del Estado, la sujeción en algunos casos a poderes mafiosos,
los vicios de corrupción y de clientelismo, junto con problemas de
organización y de gestión. Es menester que el proceso constituyente
aporte a una conceptualización de la justicia que, sobre presupuestos
de democratización, conduzca a una regulación efectiva de la
conflictividad social, posibilite restablecer la confianza y la
legitimidad en ella, y permita sentar en ese campo las bases para la
construcción de la paz. La recuperación de la justicia demanda diseños
que restablezcan su independencia, garanticen la no injerencia de los
demás poderes del Estado; superen las prácticas clientelares y
corruptas. La conformación de la alta magistratura debe atender
criterios de mérito, transparencia y compromiso con la comunidad, y
garantizar participación y control ciudadano. La recuperación de la
justicia no es simplemente una labor de reorganización técnica, que
resuelva los problemas de organización y de gestión, sino que la haga
funcionar en beneficio de procesos alternativos, a partir de la
experiencia y de las prácticas mismas de comunidades y movimientos.
La
construcción de una justicia para la paz exige el reconocimiento y la
materialización efectiva de los derechos de las víctimas del conflicto.
El proceso constituyente debe contribuir a la construcción de una
relación entre las aspiraciones de paz de la sociedad colombiana y la
provisión de justicia a las víctimas que permita superar en forma
definitiva las causas que han producido y hecho persistente el
conflicto armado, así como reparar integralmente a quienes han sido sus
víctimas. Se trata de superar las causas que producen la violencia del
sistema, de emprender las acciones correspondientes para garantizar
verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Sin
desconocer la importancia de la individualización, se debe reconocer
que los hombres y mujeres, asesinados, desaparecidos, torturados,
mutilados en esta larga guerra, lo fueron esencialmente en razón de sus
convicciones políticas, generalmente comprometidas con proyectos de
izquierda y alternativos de sociedad. Otro tanto se puede afirmar de
comunidades y organizaciones sociales y populares, cuyos tejidos y
estructuras solidarias y de cooperación fueron destruidos. La
victimización devino en estrategia de guerra y ha estado orientada a
producir cambios del orden económico, político y sociocultural,
especialmente a la liquidación y el exterminio de las resistencias, de
la oposición política y de las visiones alternativas de sociedad, como
en el caso de la Unión Patriótica, de A Luchar y de otras
organizaciones políticas de izquierda.
El proceso de
victimización masiva hace parte de nuestra historia y memoria
colectiva. La transición hacia la democratización real tiene que
convertir a las víctimas en sujetos políticos de su propio destino.
Colombia estará condenada a otros cien años de soledad si las voces de
las víctimas son nuevamente silenciadas por el asesinato, la exclusión,
la indiferencia o políticas institucionales inadecuadas. Necesitamos
construir colectivamente esas políticas que permitan florecer las
memorias de todas las víctimas. Manifestamos nuestra disposición de
contribuir de forma decidida en toda acción para posibilitar y recobrar
una memoria desde las víctimas. Reconocemos que sin esa memoria
colectiva no podrá existir verdad, justicia, reparación y no
repetición. Los colombianos y las colombianas aspiramos a enterrar para
siempre esa peste del olvido y del miedo que acompaña nuestra historia
común. Llamamos a apoyar acciones individuales y colectivas que
posibiliten la memoria de todas las víctimas, a cultivar a nivel local,
regional y nacional, iniciativas tales como investigaciones,
tribunales, comisiones, seminarios, encuentros, expresiones culturales,
testimonios, publicaciones, etc., que promuevan la memoria de las
víctimas; insistimos en la importancia de establecer desde ya una
“Comisión del esclarecimiento de los orígenes y el desarrollo del
conflicto”, que aporte a la construcción de la verdad en el proceso
constituyente, y reiteramos nuestro compromiso con la conformación de
una “Comisión de la verdad”; exhortamos a la definición colectiva y
ampliamente participativa, con acompañamiento internacional, de una
política estatal orientada a superar la violencia del sistema y a
formular recomendaciones en vía de la no repetición de la victimización
masiva o de la re-victimización. La superación de la doctrina de la
seguridad nacional y el desmonte real del paramilitarismo en cualquiera
de sus expresiones o denominaciones, constituyen condiciones necesarias
e ineludibles.
6. Desprivatización y desmercantilización de las relaciones económico-sociales
A
lo largo de las últimas décadas se ha impulsado un proceso de
neoliberalización en el país acorde con las transformaciones globales
del capitalismo, muy ligadas a la redefinición de la misión del Estado
a fin de entronizar bases firmes para el predominio de la llamada
economía de mercado y favorecer la transnacionalización de la economía.
Este proceso ha propiciado la mercantilización del sistema de seguridad
social, la introducción de la misma lógica en el sistema educativo, la
privatización de los servicios públicos y de la vivienda social y, en
general, una tendencia a la privatización de todos los campos de la
vida social y de los bienes comunes naturales, que se ha acompañado del
desmantelamiento de la reducida política social del Estado,
sustituyéndola por el sistema de subsidios a la población excluida,
como mecanismo de integración y cooptación y de manipulación electoral.
La mercantilización se ha acentuado debido a la proliferación de
tratados de libre comercio. La extensión de las lógicas mercantiles y
privatizadoras, además de consolidar el dominio del capital en toda la
vida social, especialmente del capital financiero, ha producido una
verdadera transformación sociocultural de exaltación de los valores
capitalistas: competencia, productivismo, individualismo,
deshumanización, en detrimento de la solidaridad, la fraternidad y la
cooperación, amenazando además el conjunto de derechos reconocidos
formalmente en el ordenamiento vigente.
Para la transformación
de las relaciones económico-sociales que se ha de impulsar a través del
proceso constituyente es cardinal promover la desprivatización y
desmercantilización de numerosas áreas de la vida social que han sido
apropiadas por la lógica capitalista, ya sea por agentes privados o por
los propios agentes públicos del Estado, y despojarlas del sometimiento
al capital financiero, para en lugar de ello, generar un proceso de
reapropiación social en áreas esenciales de las condiciones de
existencia como la salud, la educación, la seguridad social, la
vivienda, la cultura y la garantía de formas de ingreso que dignifiquen
el trabajo en todas sus formas. Al tiempo que se recupere y potencie la
capacidad del Estado para el cumplimiento de sus funciones y
responsabilidades en estos campos, se deben proveer las condiciones
para una participación directa, activa y autogestionaria de comunidades
organizadas, urbanas y rurales. La transformación de las relaciones
económico-sociales se fundamenta en la generación de las condiciones
para la materialización efectiva de los derechos de la población, lo
cual incluye la conformación de instituciones, así como la destinación
de los recursos de presupuesto necesarios para ello. La finalización de
la confrontación armada debe permitir un redireccionamiento de los
recursos que hoy se destinan a la guerra para atender las necesidades
más sentidas de la población.
Aspiramos a reducir drásticamente
el patrón de desigualdad económica y social, a eliminar el hambre y la
pobreza, a dignificar la vida y el trabajo de los humildes, a
garantizar su bienestar y buen vivir. De manera especial se deberá
considerar la situación de las mujeres, con el propósito de superar la
desigualdad y discriminación en los diferentes ámbitos de la vida
social. Frente a la carencia de un horizonte de futuro humanista y
humanizado, el proceso de desmercantilización deberá atender de manera
especial a las mujeres y a los hombres jóvenes, con trabajo digno,
educación en todos los niveles, cultura, deporte y recreación. Las
desmercantilización deberá favorecer igualmente a los campesinos, los
indígenas, afrodescendientes y raizales, así como a la comunidad LGTBI.
El
paso de desmercantilización de la vida social no es una finalidad en sí
misma, ni mucho menos alcanzarlo es un punto satisfactorio de llegada,
sino que es uno más en la dirección de una sociedad alternativa al
capitalismo.
7. Recuperación de la riqueza natural y reapropiación social de los bienes comunes
El
modelo económico imperante ha convertido la explotación de la riqueza
natural, de nuestros recursos energéticos y mineros, de nuestra agua,
de nuestra biodiversidad, en una de sus principales fuentes de
acumulación. Dicha explotación, además de depredadora en términos
socioambientales, se ha constituido en un factor fundamental de la
generación de violencia estructural, del despojo de tierras y
territorios, del desplazamiento forzado, de la muerte y la persecución.
La explotación de nuestra riqueza natural está concebida para
fortalecer la dependencia, favorecer poderosas corporaciones
transnacionales y grupos económicos locales, y estimular la
especulación financiera en los mercados mundiales de valores. Todo
ello, como resultado de diseños que garantizan la expropiación privada
capitalista de las rentas generadas, las cuales además de empobrecernos
en términos económicos y socioambientales, han convertido al país en un
exportador neto de capitales.
El proceso constituyente debe
conducir a una reapropiación social de nuestra riqueza natural, a una
redefinición sustancial de las economías de extracción, que contemple
la superación de la relación destructiva y depredadora con la
naturaleza y garantice que las rentas derivadas de su usufructo se
destinen para contribuir al bienestar y al buen vivir de la población,
lo cual deberá traducirse en la formulación de nuevas marcos
regulatorios, diseñados socialmente con la participación de las
comunidades directamente afectadas. La reapropiación social de nuestra
riqueza es fundamental para sentar las bases de una paz estable y
duradera, con justicia social.
Los cambios del capitalismo en la
época actual han provocado la crisis de la distinción entre lo público
y lo privado, pues han develado que lo público no ha sido ni puede ser
una expresión del interés general, sino que siempre se ha constituido
en celada para reproducir el régimen político dominante, edificado
sobre esa aparente misión integradora y benefactora de toda la
sociedad. La verdadera misión del Estado al servicio del sistema
capitalista, desdibuja la separación entre el Estado y el mercado, y
permite apreciar que la apropiación particular, la privatización, puede
ser agenciada tanto por los agentes particulares, como por las
instituciones y aparatos estatales.
Esa crisis nos conduce
necesariamente a recuperar lo que nos es común, no sólo en el sentido
de los bienes y recursos de la naturaleza, que el cambio
científico-técnico ha multiplicado y redimensionado, sino de lo que
como colectivo humano, como comunidad, construimos acumulativamente,
como la misma ciencia y tecnología, los saberes tradicionales, y las
formas de cooperación autónoma en muchos órdenes, sobre todo las
soportadas sobre territorios, discutiendo así el monopolio clásico del
Estado sobre esas dimensiones entendidas exclusivamente como
geográficas.
El proceso constituyente debe conducir, en ese
sentido, a que nuestra especie diferenciada se libere realmente de la
apropiación particular, privada, así sea la disfrazada de interés
general por las prácticas estatales, y construir y potenciar en lugar
de ello, la dimensión de lo común, apropiado socialmente.
8. Reorganización democrática y socioambiental de la tierra y los territorios rurales y urbanos
Durante
las últimas décadas se ha asistido a un brutal ordenamiento del
territorio. El ejercicio de la violencia sistémica y estructural con
base en la acción conjunta de las fuerzas militares y de policía y de
los ejércitos del narcoparamilitarismo, acompañada de la orientación
del modelo económico a la explotación transnacional de la riqueza
natural, a la expropiación de los bienes comunes y la producción de
agrocombustibles, ha provocado un proceso de despojo masivo y
continuado de territorios de comunidades campesinas, indígenas y
afrodescendientes, obligadas al confinamiento o al desplazamiento
forzado, destruyendo sus formas de vida, su cultura y sus economías. La
relación entre violencia capitalista, acumulación de riqueza en pocas
manos y organización territorial se ha puesto crudamente en evidencia.
Tal situación se ha agregado a la histórica concentración de la
propiedad latifundista improductiva sobre la tierra. Una de las
principales expresiones del conflicto social se encuentra hoy en el
antagonismo entre los expropiadores de tierras y territorios, por una
parte, y comunidades que se resisten al despojo y reivindican sus
derechos sobre la tierra y la producción autónoma del territorio, por
la otra.
El proceso constituyente tiene dentro de sus tareas
inaplazables la reorganización democrática y socioambiental de la
tierra y los territorios rurales, así como del agua y de los usos de la
tierra. Tal tarea representa una condición inobjetable para la
construcción de la paz verdadera. La reorganización democrática del
territorio deberá propiciar relacionamientos sostenibles con la
naturaleza y equitativos con la ciudad, priorizando la protección de
ecosistemas frágiles y el acceso y disfrute del agua por parte de la
población; reconocer y respetar las diversas trayectorias étnicas y
culturales de vida y de organización del territorio; estimular usos
agrícolas de la tierra, en especial para la producción de alimentos;
establecer límites y estrictas regulaciones socioambientales, o
prohibiciones, según el caso, a las economías de extracción
minero-energética y de agrocombustibles; regulaciones específicas de
acompañamiento a la pequeña y mediana minería y la minería artesanal
para contribuir a su sostenibilidad socioambiental o a su reconversión;
y promover planes alternativos frente a la problemática de los cultivos
de uso ilícito.
Por otra parte, en la realización de una
reforma rural y agraria integral, socioambiental, democrática y
participativa se condensan las aspiraciones de los humildes y
explotados del campo. Dicha reforma, deberá contemplar, entre otros, en
primer lugar, el acceso a la tierra para los desposeídos, la
democratización de la propiedad, la superación definitiva del
latifundio, y la restitución de las tierras a los expropiados; deberá
contribuir a superar el hambre, la desigualdad y la pobreza, a
dignificar el trabajo y el trabajo asalariado del campo, a garantizar
la soberanía alimentaria; deberá proveer las condiciones de
infraestructura física y social, los recursos de crédito, el apoyo
científico y tecnológico para la producción campesina, en especial,
para la producción de alimentos. En segundo lugar, deberá fundamentarse
en el reconocimiento de los territorios campesinos, en especial de las
Zonas de Reserva Campesina, lo cual comprende el reconocimiento
político del campesinado y de sus derechos, la autonomía de las
comunidades campesinas para gobernarse, así como el compromiso del
Estado de garantizar las condiciones necesarias para ello. En tercer
lugar, deberá fundamentarse en el reconocimiento de la tierra y el
territorio de las comunidades indígenas, afrodescendientes, raizales y
palenqueras, de los territorios interétnicos e interculturales; así
como de los derechos de estas comunidades, incluida su autonomía. En
cuarto lugar, deberá contemplar la denuncia de los Tratados de Libre
Comercio, la prohibición de la extranjerización de la tierra,
regulaciones contra el acaparamiento y la especulación financiera, la
protección de la propiedad intelectual de las comunidades rurales y de
las semillas nativas, y la prohibición del uso de transgénicos.
Por
otra parte, el modelo económico neoliberal ha impuesto un ordenamiento
urbano para responder a la inserción de la economía en los circuitos
transnacionales del capital y en función de los intereses del capital
financiero, en especial de la especulación con los precios de la tierra
y del negocio inmobiliario. Como resultado, se ha asistido a una
apropiación capitalista de las ciudades, que organiza el conjunto de la
vida social y el trabajo acorde con los propósitos de obtención de
ganancia y altas rentabilidades, al tiempo que produce segregación y
discriminación, acentúa las desigualdades económicas y sociales, y
estimula el endeudamiento de los hogares.
El proceso
constituyente deberá propiciar un proceso de transformación democrática
del espacio urbano, orientada a garantizar el buen vivir de la
población y la materialización de la justicia social urbana. Garantizar
el buen vivir de la población implica proveer la infraestructura y las
dotaciones correspondientes para hacer efectivos, en términos reales y
materiales, derechos de la población tales como la participación
política y social, el trabajo, la educación, la salud, la vivienda, la
seguridad social, la cultura, la recreación, el deporte, el agua, el
medio ambiente sano, el acceso y disfrute de los servicios públicos,
las vías, el transporte público, la seguridad ciudadana, entre otros.
La justicia social urbana conlleva el reconocimiento de compensaciones
especiales para superar las profundas desigualdades dentro de las
ciudades, así como el hambre, la pobreza y la miseria, a través de
políticas redistributivas del ingreso y del espacio urbano. La
apropiación, gestión, simbolización, comunicación, producción y
reproducción del espacio urbano se fundamentará en la más amplia
participación política y social, y estará orientada a su redistribución
equitativa y a la superación de las desigualdades espaciales, en
particular a garantizar el pleno derecho a la ciudad, así como a la
erradicación de la marginalidad y la segregación urbanas.
Como
parte de la reorganización democrática del territorio urbano, se
profundizará el proceso de descentralización política y administrativa
mediante el estímulo a la mayor autonomía y democracia en las
localidades y los barrios. Se deberá promover la autogestión y el
control de las comunidades en asuntos que afecten de manera directa el
buen vivir y sus condiciones de vida, en especial en lo relacionado con
los servicios públicos, la seguridad ciudadana, con dotaciones de
infraestructura vial y de transporte público, de educación y salud, de
espacios de recreación y cultura. La profundización de la
descentralización incluye garantizar procesos verdaderamente
democráticos y participativos de ordenamiento urbano, de planeación y
de elaboración y ejecución presupuestal en todos los niveles. Asimismo,
diseñar procesos de contratación pública que privilegien la realización
de programas y proyectos de inversión por las propias comunidades
urbanas organizadas, o que contribuyan al fortalecimiento de formas o
prácticas sociales de producción, distribución y consumo de bienes y
servicios basadas en el trabajo asociado, la propiedad colectiva y el
reparto igualitario de excedentes, y que sean generadoras de empleo e
ingresos dignos.
9. Nuevo modelo económico e instrumentos de la dirección de la economía para el bienestar y el buen vivir
El
modelo económico neoliberal que se impuso en el país a lo largo de las
últimas décadas debe ser superado en forma definitiva. Los diseños de
la economía y de la política económica no pueden continuar al servicio
de un puñado de grupos económicos y conglomerados financieros y de
corporaciones trasnacionales que acrecientan en forma escandalosa su
riqueza. El modelo imperante ha generado la desindustrialización y la
destrucción de la producción agrícola; ha propiciado la explotación
intensiva y depredadora en términos socioambientales de los recursos
energéticos y mineros, así como la producción de agrocombustibles en
detrimento de la producción de alimentos; ha conducido a una galopante
financiarización, al creciente endeudamiento del Estado y de los
trabajadores; ha profundizado la inserción empobrecedora y dependiente
en la economía mundial; ha desmantelado la capacidad económica del
Estado y desfavorecido formas de producción de las comunidades urbanas
y rurales, produciendo la precarización generalizada del trabajo y el
ingreso, en detrimento de las condiciones de vida de la población.
La transición hacia la Nueva Colombia exige una redefinición sustancial
del modelo económico neoliberal. El proceso constituyente debe tener
como uno de sus propósitos la definición de los lineamientos de una
nueva economía, dentro de los cuales se encuentra el restablecimiento
de la capacidad productiva nacional; la recuperación de la capacidad
económica del Estado; el reconocimiento del carácter plural de la
economía que supone la coexistencia de diversas formas de propiedad y
de producción; el apoyo y estímulo especial a formas de producción
asociativas y comunitarias, urbanas y rurales; su necesaria
desfinanciarización; un nuevo tipo de inserción soberana en la economía
mundial que establezca límites a la apropiación del valor generado por
nuestra sociedad y reconozca la pertinencia de las formas innovadoras
de integración latinoamericana, solidaria y cooperativa, que nos
identificarían más allá de las exclusiones y competencias creadas por
los artificios nacionales que borran nuestra identidad comunitaria; y
una disposición de la infraestructura de transporte y comunicaciones en
consonancia con estos propósitos. La nueva economía debe conducir al
despliegue y la consolidación de diversas formas de economía popular,
que deberán ser encadenadas y articuladas en forma creativa para
atender prioritariamente las necesidades del mercado interno. Y todo lo
anterior debe redundar en el bienestar y el buen vivir de la población,
sobre presupuestos de sostenibilidad socioambiental.
El
proceso constituyente incluye reformas normativas, en las que no puede
estar ausente la intervención sobre los aparatos estatales para
redefinir su actual funcionalidad. Las instituciones económicas de la
transición, además de contribuir a garantizar la materialización de los
derechos, deberán posibilitar y facilitar las reformas requeridas para
la construcción de la paz. El propósito de una macroeconomía sana no
debe limitarse a políticas de control inflacionario y de fijación de
techos constitucionales al gasto público a través de la llamada
sostenibilidad fiscal. El régimen de banca central deberá conjugar el
propósito de la preservación del poder adquisitivo de la moneda con el
crecimiento económico y el empleo, en condiciones que permitan superar
su actual precariedad. La sostenibilidad fiscal no resulta de las
restricciones a la financiación de los derechos, o de limitar los
impactos fiscales a las acciones constitucionales o de restringir el
control de constitucionalidad en materia económica. Ella proviene de la
formulación de un nuevo régimen de tributación que opere según el
criterio “quienes más rentas y patrimonio tienen, más impuestos deben
pagar”; que prohíba las exenciones a los grandes capitales, en especial
a las transnacionales; que castigue las rentas y la especulación
financiera e inmobiliaria urbana, así como la gran propiedad
latifundista sobre la tierra, al tiempo que produzca alivios sobre los
impuestos a las rentas del trabajo y los impactos de la tributación
indirecta. La deuda pública deberá ser sometida a un proceso de
auditoría externa especializada; con miras a minimizar su impacto
fiscal; se privilegiarán operaciones de financiamiento del Banco de la
República sobre la búsqueda de recursos en el mercado de capitales. Se
deberá recuperar la senda de la descentralización, contemplar la
profundización del proceso mediante la transferencia creciente de
recursos del Gobierno central a los entes territoriales y a los
territorios campesinos, indígenas y afrodescendientes, estableciendo
reglas claras de asignación y privilegiando la destinación para la
financiación de la oferta estatal en materia social. El régimen de las
regalías establecerá mayores porcentajes a favor de la Nación, en
proporción no inferior al 80 por ciento de los recursos naturales
extraídos; se rediseñarán su composición y funciones. Sin perjuicio del
ahorro para situaciones de crisis, parte significativa del actual Fondo
de Ahorro y Estabilización deberá contribuir a financiar el
fortalecimiento de la base productiva y técnico-material del país; se
fortalecerá la asignación de recursos para las regiones receptoras de
regalías y se definirán pautas precisas para superar las desigualdades
regionales. Se garantizará la participación social, con carácter
vinculante, en los planes de desarrollo y los presupuestos públicos, en
el nivel nacional, departamental y municipal. Dichos planes y
presupuestos deberán definirse en función de la concreción, a través de
medidas de política económica, de las reformas requeridas para la
construcción de la paz con justicia social.
10. Restablecimiento de la soberanía e integración de Nuestra América
La transición política hacia la democratización real exige superar la
sujeción impuesta por las clases dominantes a intereses económicos,
políticos y culturales foráneos y dejar atrás alianzas con potencias
extranjeras, concebidas para sostener y afianzar la dominación. El
intervencionismo extranjero ha sido uno de los factores generadores de
la violencia, de la imposición de un régimen de democracia restringida,
del saqueo de la riqueza nacional, del empobrecimiento de la población
colombiana y del sometimiento a los propósitos geopolíticos de los
Estados Unidos en la Región. Ello ha conducido a una inserción
dependiente, no soberana, en las relaciones internacionales y globales.
El proceso constituyente que llamamos a impulsar debe tener
dentro de sus propósitos el restablecimiento de la soberanía y el apoyo
a la integración de Nuestra América; el rechazo a cualquier forma de
colonialismo, dependencia y explotación imperialista; la continuidad
del legado político las guerras independentistas que doblegaron al
colonialismo español, francés e inglés.
Concebimos la soberanía
como el respeto inalienable de los pueblos a su autodeterminación y la
no intervención de ninguna potencia extranjera en las decisiones
autónomas de los pueblos y las naciones. Valoramos las luchas de las
masas oprimidas por su emancipación, la cooperación internacional
frente a la problemática ambiental, la defensa de la paz mundial y las
iniciativas planetarias de integración regional. Defendemos un diálogo
creativo entre los pueblos del mundo que vaya más allá de los
gobiernos, para enfrentar las luchas globales contra el hambre, la
desigualdad y la pobreza, la discriminación y la violencia.
Consideramos
que el sueño de Bolívar, Miranda, Policarpa, Sucre, Nariño, Martí,
todas y todos nuestros próceres, de una América Nuestra unida en su
diversidad, no ha sido realizado. Por eso exhortamos a trabajar por
nuestra definitiva independencia destacando aspectos centrales de la
integración de Nuestra América.
Se debe promover un nuevo orden
mundial multipolar, guiado por los principios de la cooperación, la
autodeterminación y la fraternidad entre los pueblos, para rechazar
todo forma de colonialismo, sujeción y dependencia. Consideramos
ineludible, para conquistar este objetivo, una verdadera reforma
democrática de toda la estructura de la Organización de Naciones Unidas
y del conjunto de las instituciones internacionales y globales.
Estimamos necesario el apoyo a espacios de acuerdo, integración y
resolución de conflictos entre todos los países y pueblos de Nuestra
América, que fomenten la soberanía, la autodeterminación y la paz.
Destacamos el papel que tienen en la época actual instituciones como
UNASUR, CELAC y ALBA, como expresión de la libertad y unidad de Nuestra
América. Convocamos a los pueblos y países de la región para construir
estrategias hacia la soberanía financiera y monetaria, la soberanía
alimentaria y la soberanía cultural de nuestro continente; trabajando
en vía de la cooperación y la complementariedad de nuestros países y no
de la destructiva competencia neoliberal. Nos parece imprescindible
propiciar la desmilitarización de la Región, acordar el retiro de todas
las bases militares extranjeras, declarando Nuestra América un
territorio de paz, libre de cualquier amenaza nuclear y faro de la paz
planetaria. Consideramos necesario consolidar instituciones entre los
gobiernos y los pueblos de Nuestra América, para la defensa de la
diversidad ecológica de nuestro hábitat, en especial, los nevados, los
páramos, la fauna, los bosques y la Amazonía.
Nos parece
inaplazable el estímulo a la participación social y popular para la
reafirmación de la soberanía nacional y el impulso a los procesos de
integración de Nuestra América; el control social y popular y veeduría
ciudadana frente a los tratados y acuerdos suscritos por el Estado
colombiano; el reconocimiento de la iniciativa social y popular para la
denuncia de tratados y convenios suscritos por el Estado colombiano; la
imposición de medidas transitorias de protección frente a tratados y
convenios que vulneren los derechos de la población, incluida su
denuncia o renegociación, en especial de los Tratados de Libre Comercio
y los Acuerdos de Protección Recíproca de las Inversiones; la solución
de controversias en la jurisdicción nacional; la auditoría a la deuda
externa y su renegociación.
Delegación de Paz de las FARC-EP
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