Condicionan la cooperación bilateral al cumplimiento de requisitos establecidos en el CAFTA
La
embajadora de Estados Unidos en El Salvador, Mari Carmen Aponte, exigió
la derogación de las “Disposiciones Especiales y Transitorias para el
Fomento de la Producción de Granos Básicos” que, a partir del año
pasado, permitieron al Ministerio de Agricultura comprar directamente,
y sin pasar por un proceso de licitación, semillas a los productores
nacionales, en el marco del Plan de Agricultura Familiar.
El
Salvador tiene una superficie total de 2,1 millones de hectáreas, de
las cuales casi 995 mil son cultivables. De ellas, unas 770 mil son
cultivadas y el resto se clasifican como ociosas.
Ante la
expansión de los monocultivos para la exportación, principalmente de
café y caña de azúcar, que ocupan unas 260 mil hectáreas, en los
últimos 5 años el gobierno del presidente Mauricio Funes ha impulsado
políticas de siembra de alimentos, aumentando la producción de granos
básicos (maíz, frijol, arroz y sorgo) de 16 a 22,5 millones de
quintales, en un área total que ha alcanzado las 210 mil hectáreas.
Estas
medidas responden a una situación muy crítica que ha vivido el país en
relación a la capacidad de satisfacer la demanda interna de alimentos y
de alcanzar su propia soberanía alimentaria.
El campesinado en ruinas
La
implementación, de parte del partido Alianza Republicana Nacionalista
(Arena), del modelo neoliberal después de los Acuerdos de Paz en 1992 y
la entrada en vigencia, en 2006, del CAFTA-DR (Tratado de libre
comercio de Centroamérica y República Dominicana con Estados Unidos),
conllevó un rápido deterioro de las condiciones de vida del campesinado.
También
se generó una verdadera contrarreforma agraria, que dejó abandonado y
sin crédito al sector agropecuario y cooperativo, reconcentró en menos
manos la tierra, y aumentó progresivamente la importación y el costo de
los granos básicos.
El Censo Agropecuario realizado
recientemente evidenció que hay en el país más de 325 mil productores
de subsistencia, es decir el 82 por ciento del total.
Los
principales beneficiarios de estas políticas antiagrarias fueron las
grandes empresas comercializadoras e importadoras de alimentos,
incluyendo las semillas, controladas por un muy reducido grupo de
familias de la burguesía salvadoreña.
“A partir de 2009, el
Estado comienza a distanciarse del monopolio de las semillas importadas
y rompe con el clientelismo y la corrupción. Paralelamente, comienza a
estimular a las cooperativas con crédito y asistencia técnica del
Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA), para que
inicien a producir semillas certificadas”, dijo a La Rel Abel Lara,
presidente de la CONFRAS (Confederación de Federaciones de la Reforma
Agraria Salvadoreña).
Después de un proceso de validación,
estas semillas son compradas por el Estado y distribuidas en “paquetes
agrícolas” a los campesinos. De esa manera se comenzó a reactivar la
producción de alimentos a nivel nacional, en el marco de la
implementación del Plan de Agricultura Familiar.
“El gobierno
distribuyó anualmente paquetes agrícolas a un promedio de 350 mil
pequeños productores individuales en estado de pobreza extrema, y para
este año se espera beneficiar a unos 400 mil.
Además, se está
promoviendo el encadenamiento productivo, involucrando a cooperativas o
productores individuales que no están en una situación de pobreza
extrema, acompañándolos hasta la comercialización del producto”,
explicó Lara.
Reducción de la pobreza
Datos del
Ministerio de Agricultura y Ganadería evidencian que, con este modelo,
El Salvador no solo logró reducir sensiblemente y estabilizar los
precios de granos básicos, sino que pudo satisfacer la demanda interna
de frijol y sorgo, y está a punto de hacerlo con el maíz.
El
esfuerzo de promover el modelo cooperativo agropecuario permitió el
fortalecimiento de las cooperativas ya existentes y la creación de
nuevas (24 por ciento más desde 2009), con énfasis particular en el
involucramiento y la generación de empleo entre mujeres y jóvenes.
Además, se mejoraron las variedades y la capacidad de adaptación de las semillas, y se generó mayor liquidez en el área rural.
Entre
2008 y 2013, la cantidad de hogares en pobreza bajó del 40 al 29 por
ciento, y más de 250 mil personas del área rural salieron de la
economía de subsistencia y entraron al segundo componente del Plan de
Agricultura Familiar, que es el encadenamiento productivo.
Asimismo,
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) señaló
que, en este mismo período, la desigualdad social se redujo del 6 por
ciento
El imperialismo al acecho
Estos avances
en la búsqueda de autodeterminación y soberanía alimentaria parecen
haber generado cierta incomodidad en Washington.
La embajadora
de Estados Unidos en El Salvador, Mari Carmen Aponte, exigió la
derogación de las “Disposiciones Especiales y Transitorias para el
Fomento de la Producción de Granos Básicos”, so pena poner en riesgo el
desembolso de los 277 millones de dólares de la segunda fase del
programa de cooperación FOMILENIO.
De esa manera, pretende
asegurar que las empresas de su país puedan participar en los procesos
de licitación y compras gubernamentales de semillas, en apego a las
disposiciones del CAFTA-DR.
“Aceptar este imposición
equivaldría a un brusco retroceso en los avances logrados en materia de
seguridad alimentaria y reducción de la pobreza en el área rural. Nos
expondríamos nuevamente a la entrada masiva de semillas transgénicas y
agrotóxicos, poniendo en riesgo nuestras semillas criollas y
acriolladas y nuestra cultura”, dijo Ricardo Ramírez, directivo de
CONFRAS.
Según él, las intenciones de Estados Unidos van más
allá del tema de semillas, pretendiendo apropiarse de servicios básicos
y bienes comunes aún más preciosos, como el agua y los recursos del
subsuelo.
“El volumen total de la compra de semillas de parte
del Estado no justifica este nivel de agresividad. Es evidente que se
trata de un chantaje político que tiene objetivos muchos más profundos,
y que pretende mandar un mensaje muy fuerte al gobierno entrante del
FMLN”, agregó Ramírez.
El movimiento campesino pide al nuevo
gobierno de Salvador Sánchez Cerén que se ponga firme ante la
injerencia norteamericana, y que comience a impulsar cambios
fundamentales que tengan que ver con la revisión de los acuerdos
comerciales firmados por El Salvador.
“Necesitamos ir más allá
de los paquetes agrícolas, apuntando a la agroecología, a la producción
y a la multiplicación de los bancos de semillas criollas, mejorando la
técnica.
Pedimos al gobierno que invierta en capacitación y
apoyo técnico lo que actualmente está gastando en los paquetes
agrícolas. El sector agropecuario es clave para el desarrollo de El
Salvador y de un nuevo modelo de producción”, concluyó Ramírez.
Fuente original: http://nicaraguaymasespanol.
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