Muchos
temas económicos preocupan por estas horas y entre ellos la
desaceleración de la economía y su impacto social en suspensiones y
cesantías.
Por ello se ratifica el rumbo del modelo productivo en
la continuidad del régimen automotor con Brasil y se asocia la voluntad
patronal con el Estado y la burocracia sindical, claramente evidenciado
en el conflicto de la española Gestamp.
En ese camino se
inscriben los acuerdos por regularizar la situación externa en materia
de deuda y habilitar ingresos de divisas: a) por superávit comercial,
negado en la coyuntura por acción especulativa de grandes exportadores;
b) recepción de nuevos préstamos externos, alejando el horizonte del
desendeudamiento y retomando la perspectiva de nuevo impulso al cáncer
de la deuda; c) aliento a la radicación de Inversiones Externas
Directas, especialmente en materia de hidrocarburos no convencionales,
el camino de Chevron.
Pero también la política social
compensatoria, ahora manifestada en la moratoria previsional ofrecida a
un universo de 500.000 potenciales jubilados sin la totalidad de
aportes, los que recibirán la mínima menos el costo de la
regularización. La medida supone una inyección de 12.000 millones de
pesos para intentar dinamizar el consumo popular y contrarrestar la
disminución de la actividad económica.
Pero los problemas se
concentran en la cuestión de la inserción internacional subordinada de
la Argentina. El interrogante para el 12 de junio próximo está en manos
de la Corte Suprema de Justicia de EEUU, que puede decidir intervenir o
no en la demanda de acreedores externos por la deuda en cesación de
pagos de Argentina.
Aludimos a la demanda contra el país de
inversores especulativos, los denominados “fondos buitres”. Se trata de
1.330 millones de dólares en litigio, parte de unos 7.000 millones de
dólares (el 7% del total) que continúan en default desde fines del
2001, ya que sus titulares no ingresaron a los sucesivos canjes de
deuda instrumentados en 2005, 2010 y 2013, donde se canjearon el 93% de
los títulos.
Otra variante, muy esperada desde el gobierno,
es que la decisión cortesana en Washington se prorrogue hasta fin de
año, habilitando así la posibilidad de negociación con los litigantes,
sin “pagarle lo mismo al 93% de los acreedores que aceptaron los dos
canjes con quita en 2005 y 2010” según relata Alejandro Bercovich. [1]
La deuda es una política de Estado
Tal como venimos sosteniendo, el endeudamiento externo constituye un
gran condicionante de política económica en Argentina, sufrido en 30
años de gobiernos constitucionales desde 1983. Tan es así que la
cuestión de la deuda pública es “política de Estado”.
Nuestra
afirmación queda confirmada con la adhesión a las posiciones oficiales
sobre la situación en trámite ante la Justicia estadounidense de la
oposición política con posibilidades de ser gobierno. Aludimos al
masismo, el macrismo, o la alianza entre socialistas y radicales.
Pero también se comprobó en los acuerdos con los sucesivos canjes de
deuda; el cumplimiento regular de pagos a los organismos
internacionales; la nueva deuda asumida para compensar a Repsol por la
expropiación parcial de YPF; los cumplimientos de pagos a sentencias
del CIADI; y más recientemente el acuerdo con el Club de París.
Es cierto que existen objeciones parciales, sobre formas de resolver y
acordar, pero nunca sobre la cuestión de fondo que supone cancelar
deuda y restablecer relaciones de la Argentina con el sistema
financiero mundial.
Muchas veces se alude a que no existen
políticas de Estado en la Argentina, situación desmentida en materia de
endeudamiento. La voluntad mayoritaria del sistema político en el país
es por la normalización de la inserción subordinada de la Argentina en
el sistema capitalista y su hegemonía transnacional.
Por eso,
aún con discursos críticos al FMI, el organismo difundió la opinión
satisfactoria sobre las modificaciones en la información estadística
que publica el INDEC y que involucró la asistencia técnica del Fondo.
Claro que se guarda para nuevas evaluaciones en septiembre y febrero
próximos.
La Argentina es parte del FMI y del sistema
internacional, más allá de las críticas o alabanzas que se hagan desde
diferentes tribunas políticas por parte de las mayorías parlamentarias,
oficialistas y opositoras.
Esa pertenencia al sistema
capitalista es una política de Estado y bien vale discutir si existe la
posibilidad de pensar más allá del capitalismo. Esta es la razón por lo
cual en 30 años de gobiernos constitucionales, los diferentes turnos
presidenciales se jugaron por no sacar los pies del plato.
¿Hay lugar para el desarrollo independiente?
Es un debate interesante la posibilidad de organizar una política
alternativa, cuestión que se suscitó en diciembre del 2007 al proponer
7 jefes de Estado de la región la constitución de un Banco del Sur, aun
demorado en su aparición; o cuando la UNASUR en noviembre del 2010
conformó un Consejo Suramericano de Economía y Finanzas para articular
políticas comunes; y más aún los debates sobre una Nueva Arquitectura
Financiera sustentados desde la Alternativa Bolivariana de los Pueblos,
ALBA-TCP, sugiriendo avanzar en articulaciones económicas, productivas,
financieras y monetarias para una inserción independiente en el sistema
mundial.
Claro que se trataba de una cuestión en disputa,
pues para algunos las medidas suponían la continuidad en el marco del
capitalismo, pero ya circulaba también la posibilidad de un orden
socialista.
¿Cuán cerca están esos debates y desafíos en la
realidad contemporánea de la región? Las expectativas por el cambio
político en la región en la primera década del Siglo XXI constituían
una esperanza más allá de nuestros territorios, con dinámica social
movilizada y extendida, a lo que se sumaban cambios institucionales,
especialmente reformas constitucionales que anunciaban nuevos
imaginarios civilizatorios, caso del “vivir bien” o el “buen vivir” en
Bolivia y Ecuador, junto a proposiciones por la soberanía alimentaria,
energética o financiera y la reaparición de la discusión por un
horizonte socialista presentado por las reformas cubanas y las
proposiciones de Venezuela y Bolivia.
La coyuntura nos
devuelve la contra ofensiva al proceso de cambio político que se juega
en la profundización de esas claves sociales, políticas e ideológicas
con amplia movilización de los trabajadores y los pueblos, o la
administración de lo logrado con desmovilización social, condenando la
esperanza a un proceso de restauración de la hegemonía neoliberal de
fines del Siglo XX.
Es lo que podrá discutirse en pocos días
más, en la reunión del G77 + China en Bolivia y será una ocasión
adecuada para discutir el orden mundial capitalista en crisis. A medio
siglo de la creación del Grupo de los 77, que hoy duplica sus miembros
manteniendo la denominación, vuelve a tener sentido la discusión de
1964 sobre Dependencia o Liberación.
Claro que el tiempo no
transcurrió en vano y la ofensiva popular y liberadora de los 60´ y 70´
dio paso, terrorismo de Estado mediante a la ofensiva del capital y las
políticas hegemónicas neoliberales que arrasaron con conquistas
históricas de los trabajadores y los pueblos. Al mutar la realidad,
ruptura de la bipolaridad mediante a comienzos de los 90´, se impuso el
pragmatismo en muchos de los procesos sociales, políticos e ideológicos
protagonistas de la perspectiva de liberación nacional y social.
Es lo que crudamente se pone de manifiesto hoy con la denominación de
países emergentes, un lugar al que aspiran los administradores del
capitalismo dependiente en todo el mundo. Por ello es que los Estados
salen a la conquista de inversores externos. El imaginario posible es
el capitalismo y la valorización de capitales favorecidas por
inversiones externas. Se menciona incluso a Cuba, que con sus cambios
económicos atrae capitales externos a la isla para resolver el
abastecimiento y la creación de riqueza en un territorio que se
pronuncia por un modelo alternativo, el socialismo.
Esta es
precisamente lo diferente en cuestión de inversiones, ya que no es lo
mismo propugnar un orden capitalista que socialista. La cuestión es
quién decide sobre las inversiones, el para qué y los cómos de las
mismas, como el impacto social de ello derivado. Claro que toda
inversión de transnacionales tiene como propósito la ganancia y ese es
el peligro mensurado de la estrategia cubana para defender lo logrado y
resolver la coyuntura, muy diferente a quienes apuestan a la
continuidad esencial bajo el orden del régimen del capital.
En los 60´ y 70´ se propagaba el imaginario alternativo desde la teoría
de la dependencia, y la desconexión del orden capitalista que pregonaba
teóricamente Samir Amin. ¿Podrá el cónclave boliviano del G77 + China
retomar el sentido de la ofensiva por la liberación de sus años de
fundación o continuará con la adecuación demandada por la hegemonía?
Una respuesta por la negativa supone la continuidad de la subordinación
del Sur empobrecido a la lógica dominante del orden capitalista
hegemonizado por EEUU, Europa y Japón, a los que se asocian los
“emergentes”.
Poder popular y modelo productivo
La respuesta no puede confiarse solo a la discusión de los gobiernos,
sino y principalmente a la acumulación de poder popular por la
liberación social y nacional que se procese en cada uno de nuestros
países y en la capacidad de integración no subordinada al orden
capitalista.
En los 80´ y 90´ se impuso el modelo productivo
y de desarrollo de un Sur proveedor de recursos naturales al
capitalismo desarrollado, principalmente respecto de los hidrocarburos,
lo que se generalizó a comienzos de este Siglo XXI al conjunto de los
bienes comunes y a una aceleración de la extensión de la relación de
explotación mediante salarios bajos y precarización laboral en todo el
mundo, especialmente en China y la India.
No es solución para
trabajadores y pueblos la adecuación al capitalismo posible producto de
la ofensiva del capital en tiempos de transnacionalización que sepulta
toda aspiración de “capitalismo autónomo” como imaginaron burguesías
locales en tiempo del desarrollismo pos conflicto bélico de 1945.
Hace falta consolidar una estrategia de acumulación popular, que en la
Argentina se define en el movimiento de trabajadores y por eso la
importancia de las recientes elecciones de la CTA y las experiencias
autónomas de la burocracia sindical que hoy son visibles y tanto
preocupan a las patronales, las autoridades y el sindicalismo
tradicional.
Algo nuevo ocurre en la Argentina, aunque no sea
hegemónico en el análisis mediático o del poder parlamentario. Eso
nuevo en el país puede contribuir a fortalecer las iniciativas que en
la región empujan cambios radicalizados que avancen en las
modificaciones de las relaciones sociales de producción y la
correlación de fuerzas favorable a la emancipación social por el
socialismo.
Nota:
[1]
Alejandro Bercovich. “El Mundial de Kicillof, los laboratorios y la
política bataclana”, en BAE del Viernes 6 de Junio del 2014: http://www.diariobae.com/
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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