Manuel Humberto Restrepo Domínguez
Hay gente que nunca cambia, en el sentido de resistir para sostener la vida con existencia política aferrada a principios, convicciones y utopías y lejos de acogerse solo a la esperanza de vivir la vida nuda, aferrada al vacío en sobrevivencia. En esa lucha de resistencias aparecen elementos teorico-practicos inseparables de sus raíces como la legitimidad, que no puede dejar de existir. Para hablar de democracia la legitimidad es su primer vocablo, no puede ser derogada ni por la misma virtud democrática en el sentido de quedar expuesta a los resultados de consensos y disensos que lleven a su abolición, ni a condiciones impuestas por poderes absolutos. La legitimidad es el reconocimiento material de existencia política de las voces múltiples y plurales que componen un país. La legitimidad de una decisión publica exige cumplir con unas características de validez, justicia y eficacia, todas ellas protegidas por un cascaron de ética.
Sin embargo ocurre que a partir de la reimplantación de la reelección presidencial, luego del asalto definitivo a la estructura política de la Constitución de 1991 (texto I sobre Democracia y Constitución), que le permitió al gobernante convertirse en timonel absoluto de los destinos del país, las actuaciones del poder se realizan sin legitimidad, aunque se justifiquen con extensas declaraciones asociadas a la legalidad. El predominio de las actuaciones del poder está en el uso de una formalidad legalizada, que excluye o suplanta la participación política, ratificando de esa manera la precarización o incluso la abolición misma de la democracia real. Se impone una concepción meramente formal y elitista que se centra en el voto, elimina a su ciudadanía de la toma de decisiones y la discusión publica y circula a través de la devolución de favores políticos entre partidos tradicionales.
Al suspender la legitimidad se crea un limbo en el que las actuaciones del poder se ponen por fuera de la misma democracia. El gobierno traspasa los limites éticos y políticos que imponen los derechos humanos y las reglas internas impuestas por el mismo ordenamiento jurídico del llamado estado social de derecho. A manera de ejemplo el presidente invoca la legalidad internacional y la pide para los países vecinos, pero llama a no la acatarla internamente, como en los fallos San Andrés o Petro, o acude al DIH pero no lo acoge ni respeta, como en los casos de Perfidia por el uso de símbolos del CICR de la operación Jaque o el bombardeo en Sucumbíos, Ecuador. Tampoco internamente se garantiza la protección efectiva para que prevalezca la separación de poderes, casos del DAS como policía política del gobierno para perseguir magistrados, periodistas y opositores. Actuar en este filo puede estar indicando que el gobierno permanece y actúa sistemáticamente al margen de la legitimidad e inclusive de la misma legalidad.
El control absoluto del poder por parte del presidente, dio paso tanto al desborde de un poder ilimitado, como a la revitalización de la tradicional justificación del despojo, según la cual lo que no esta prohibido esta permitido. Con cuya lógica han florecido desde la usurpación de garantías ganadas legítimamente por grupos sociales y opositores políticos, hasta la destrucción del patrimonio publico y de la biodiversidad, el espionaje de estado y la comisión de masacres que no violan la ley o se hacen en nombre de la ley, como ocurre con la aplicación de la pena de muerte contra insurgentes y lideres sociales, o con los bombardeos indiscriminados en territorios de minería que luego se convierten en enclaves de explotación de trasnacionales o el desacato a las reglas ratificadas del derecho internacional.
La legalidad creada para amparar al poder desbordado, opera con desigualdad o doble rasero y a la medida del gobernante. Funciona a partir de la aplicación de un modelo de representación intervenido por los directorios políticos tradicionales encargados de propiciar todo tipo de elecciones y creación de comités con la astuta idea de fijar el imaginario de que donde haya elecciones habrá democracia, incluso en parvularios o lugares donde se vota por preescolares y que donde hay comités hay soluciones. Las Cortes de Justicia, los Organismos de Control y las bancadas de los grupos tradicionales del bipartidismo en el Congreso, actúan en armonía ya no con la democracia como sistema basado en la legitimidad, si no con parte del consenso del gobierno. El resultado es un modo de gobierno con injusticia absoluta, que impide tanto la participación de las mayorías en los debates como la formación de comunidades deliberantes y plenamente informadas y; el irrespeto total contra las minorías. Un caso reciente fue la elección de representantes afro al Congreso, a quienes las comunidades afro no reconocen legítimos porque los han suplantado o el de elegidos a quienes victimas y organizaciones populares reconocen con vínculos al paramilitarismo. En los dos casos el estado se olvida de la legitimidad y del reclamo de otras voces y valida con la legalidad electoral.
La legalidad de las decisiones mientras sea usada sobre interpretaciones a favor del consenso de gobierno estará propensa a eliminar derechos y garantías ya ganadas y a imponer programas de beneficio privado, incluida la justicia. Las reglas para tener validez y legitimidad no pueden ser aprobadas por minorías de elegidos que hacen parte del diseño, formulación, aprobación y aplicación de las reglas en su favor, cuando eso ocurre la legitimidad es la primera victima y los pueblos y colectivos entran en su rescate. Las practicas políticas para mantenerse adentro de la legalidad al menos formal exigen cumplir siquiera los imperativos básicos de tener pesos y contrapesos entre poderes y contar con la participación de mayorías y minorías en las decisiones. Imponer prefabricados consensos entre elegidos que deciden según sus intereses sin contar con la efectiva participación y en igualdad de condiciones entre voces múltiples, diversas y plurales que son las que le dan sentido a la democracia con legitimidad, no es cosa distinta que la existencia real de una tiranía y sobre ella los pueblos levantan las bases de su justo derecho a rebelarse.
A la sombra de este tipo de legalidad probada solamente en la coherencia interna de las normas de la pirámide de Kelsen, pero no basadas en la legitimidad que resulta justa cuando la población considera mayoritariamente que se atiene a los objetivos colectivos de esa misma sociedad ocurren las actuaciones del estado. El marco de autoridad de esta legalidad es creado por unos pocos representantes carentes de legitimidad, quienes invocan principios democráticos que ellos no suelen adoptar como sus propias normas de conducta, lo que los pone afuera de los marcos éticos y al margen político de las mismas cuando se trata de preservar lo suyo o apoyar la voluntad del gobernante. Lo que ocurre sin embargo tampoco convoca a abolir la legalidad pero sí a intervenirla cuando esta contribuya a la destrucción de la propia convivencia humana y de las conquistas ganadas en las luchas sociales.
Esta legalidad en su lógica de obstáculo practicada por el gobierno, es incompatible con la vigencia de los derechos humanos que reclaman por la legitimidad, por la ética, por autonomía y respeto. La legitimidad no se puede derogar, en tanto son los pueblos en la escala mayor y las comunidades concretas en escalas menores sus depositarios y los llamados a calificar su existencia. Un orden político basado en una constitución, para estar adentro de los marcos de la ley justa y de la ética como virtud de la rectitud debe acatar los resultados provisionales de las luchas sociales y políticas, atender las necesidades y deseos colectivos y garantizar la existencia política plena de su pueblo.
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