Por Gerardo Arbaiza
El Caso Jesuitas no ha variado en nada desde las trincheras internacionales en las que se desarrolla, pese a que las recientes reformas suscitadas en España a la Ley Orgánica del Poder Judicial ordenan a cerrar los casos de justicia universal, hasta corroborar que se acoplan a los requerimientos de la reforma de ley.
La abogada española Almudena Bernabéu, responsable de llevar el caso ante la Audiencia Nacional de España, afirma a ContraPunto que la decisión de mantener el caso abierto tomada por el juez Eloy Velasco es positiva y mantiene vigentes las acciones emprendidas en torno al caso, como el proceso de extradición contra Inocente Montano, ex viceministro de Seguridad Pública que fue condenado en Estados Unidos a 21 meses de prisión por fraude migratorio.
Bernabéu, abogada del Center for Justice & Accountability (Centro por la Justicia y la Responsabilidad), no deja de criticar las reformas a la justicia universal y además reprocha que el juez Velasco desista de perseguir a los cerca de 20 imputados en el asesinato de seis sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras el 16 de noviembre de 1989 en el campus de la UCA por crímenes de lesa humanidad.
Así como dice que espera más de la justicia española, la jurista dijo que las instancias de impartir justicia en El Salvador (La Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia) están en la obligación de hacer lo mismo y no tienen ningún impedimento legal para hacerlo, ni siquiera la misma Ley de Amnistía que actualmente es sometida a un estudio para corroborar si es o no inconstitucional.
Ella llama a los jueces y fiscales a perder el miedo e imitar el ejemplo de Chile y Guatemala, que afrontaron su pasado de vejámenes a derechos humanos y lograron sentar respectivamente en el banquillo de los acusados a los ex dictadores Augusto Pinochet y Efraín Ríos-Montt.
¿Cómo toma la decisión del juez Eloy Velasco de mantener abierto el Caso Jesuitas, pese a las reformas a la justicia universal?
Desde luego que la decisión es positiva, más allá que es la obligación del juez Velasco, Nosotros se lo hicimos de su conocimiento y desde el principio, sin tener en cuenta nada de la reforma reciente, él calificó los hechos de asesinatos terroristas y la naturaleza de la calificación jurídica permite que el caso continúe íntegramente y no como se piensa que es solo por el asesinato de los españoles.
La reforma a la Justicia Universal es contra derecho, una reforma que se hizo rápido y se hizo mal, además que viola los estándares de derecho internacional y convenciones de los que España es parte. Lo que no estamos de acuerdo con el juez Velasco es que rechaza el perseguir a los imputados por crímenes de lesa humanidad y eso se lo haremos saber cuando llegue el momento.
Hay criterios legales, jurisprudenciales y doctrinales que permiten perseguir por crímenes de lesa humanidad. Pero reiteramos que la decisión del juez es buena y el caso sigue como estaba, además nos permite a nosotros seguir con nuestro trabajo y el proceso de extradición de (Inocente) Montano, así como las órdenes de arresto siguen vigentes contra los imputados que se encuentran dentro y fuera de El Salvador. No obstante esperamos más de la justicia española.
El juez Velasco ahora buscará determinar si el juicio realizado en 1991 en El Salvador fue fraudulento, lo cual cumpliría con uno de los requisitos estipulados en las reformas ¿Cuál es el futuro que le ve a la investigación, bajo ese enfoque?
Ese es uno de los varios argumentos dados por las reformas. Desde nuestro punto de vista existió un proceso que él decretó como fraudulento e irregular, por lo tanto no es vinculante. Hay antecedentes importantes que permiten judicializar el caso: La decisión de la CIDF en el informe 136 del año 1999, en el que reconocen que el Estados salvadoreño no ha hecho nada por investigar de manera eficiente a los responsables de este crimen y la existencia de una Ley de Amnistía a la que se aferra la Corte Suprema para eximir de responsabilidad a estas personas, aunque es contraria esa posición a un recurso que respondió la CSJ en el año 2000, en el que dice que el asesinato de los Padres Jesuitas es una violación a los derechos humanos y no un crimen político, por lo que debe ser procesado.
Todos esos argumentos son los que justifican a tenor literal de lo que establece la Ley española, que los tribunales españoles deben establecer su competencia.
Las condiciones de la justicia salvadoreña siguen siendo las mismas que han impedido la extradición de los responsables ¿Qué debe cambiar para que las autoridades salvadoreñas tengan la voluntad necesaria para colaborar con la justicia?
Lo que debería cambiar es el sentido de responsabilidad por parte de la Fiscalía General de la República y los jueces, ya que investigar este caso es su obligación. Creo que el momento político existe, aunque pensábamos que esto sería posible con la administración anterior.
Lo que me gustaría es que desapareciera el miedo por razones históricas, cívicas, democráticas y de Estado de derecho. Si los fiscales y los jueces cambian o se depuran las instituciones y se les da entrada a profesionales excelentes que hay en El Salvador, que son responsables y coherentes con la deuda histórica, sería posible porque no hay ningún impedimento legal para hacerlo.
No es necesario derogar la Amnistía, basta con no aplicarla porque ha sido declarada ilegal en repetidas ocasiones. Me gustaría que los jueces salvadoreños tuvieran el coraje de los jueces chilenos que en algún momento decidieron no aplicar las leyes de amnistía para juzgar los delitos de la dictadura de Augusto Pinochet, y me gustaría que la sociedad salvadoreña tenga el cambio que ha tenido a la sociedad chilena, luego de enfrentar estos aspectos.
¿A que le debe perder miedo las instituciones de impartir justicia en El Salvador?
Pues yo no sé a qué se le tendrá miedo. Eso es algo que me gustaría preguntarles a los jueces y fiscales salvadoreños: ¿Miedo a ser el primero? ¿Miedo a las represalias de los sectores elitistas? ¿Miedo a la muerte? Estos miedos han sido generados por los sectores que han mantenido el poder durante años, pero en Guatemala se ha demostrado que cuando hay fiscales y jueces fuertes, es posible hacerlo todo y se pueden cambiar las sociedades.
¿Cómo afecta la reforma el proceso del Caso Jesuitas para el CJA?
Nosotros seguimos plenamente, el caso continúa. Hay algunas diligencias previstas que tienen que ver con la condena contra Montano y esperamos que sea extraditado lo más oportunamente posible.
No hay comentarios:
Publicar un comentario