Los jueces escucharon a las partes del caso conocido como Pueblos Indígenas Kuna de Madungandí y Emberá de Bayano y sus miembros contra Panamá.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitió en el año 2000 la denuncia de ambas etnias aborígenes, según la cual, el Estado panameño violó sus derechos cuando les obligó a abandonar sus tierras ancestrales tras la construcción de la hidroeléctrica del Bayano, en Darién, a finales de la década de los sesenta.
En la sesión oral, el cacique Benjamín García, representante de la comarca de Madungandí, afirmó que el Gobierno panameño no les consultó en su lengua nativa ni les comunicó sobre el proyecto hidroeléctrico que inundó sus tierras y trajo consigo enfermedades que nunca habían sufrido.
Si bien el Gobierno reubicó a estos pueblos aborígenes en nuevas tierras, según García, resultaron no ser igual de fértiles.
García, quien se manifestó en la lengua del pueblo Kuna, a través de un intérprete en español, acusó al Gobierno de no haber brindado protección a sus tierras ante invasiones de terceros o la tala indiscriminada, así mismo de no entregar las indemnizaciones adecuadas, servicios de salud, educación y vivienda.
Entre tanto, la representante del Estado, Rosario Granda, amén de subrayar que los gobiernos panameños han cumplido los acuerdos con los indígenas, expresó su confianza en que el Estados salga airoso de este caso.
Terminada esta audiencia, las partes tendrán un mes para entregar sus alegatos finales escritos, los mismos que serán estudiados por los jueces antes de dictar una sentencia.
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