El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, ha difundido este jueves una carta abierta que el Gobierno de Bolivia ha enviado a las cooperativas mineras, en la que se les reitera la incompatibilidad que existe entre sus demandas y la Constitución, la cual se muestra clara y tajante a la hora de determinar quien tiene la potestad de manejar los recursos naturales del país.
Recordemos que las cooperativas aspiran con sus demandas a la posibilidad de negociar de manera unilateral acuerdos en materia de minería con empresas de capital privado, sin la necesidad de tener que contar con el beneplácito de la Asamblea Legislativa.
"Todos los recursos naturales son de propiedad del pueblo, de acuerdo al Artículo 349 de la Constitución, y sólo éste puede disponer de los derechos de aprovechamiento sobre los mismos. Por tanto, no es posible que el pueblo boliviano acepte que un actor minero, por sí mismo, se coloque por encima del Estado y del pueblo y disponga y asigne a su libre albedrío los recursos naturales que se le ha otorgado para uso directo", reza la misiva enviada por el Gobierno.
El texto recuerda que la Carta Magna estipula que "los titulares del derecho minero en toda la cadena productiva, así como los contratos mineros, tienen que cumplir una función económica social", por lo que sus demandas podrían, sirviendo de precedente, acabar por "descuartiza la unidad de la patria que se sustenta en el patrimonio de los recursos naturales"
DEFENSA DE LAS COOPERATIVAS
La carta también ha recopilado el compromiso que el Gobierno ha mantenido desde un principio con respecto al "reconocimiento y protección de las cooperativas como formas de trabajo solidarias y de cooperación sin fines de lucro" ante los últimos ataques que ha estado recibiendo el Ejecutivo del presidente Evo Morales, acusado de intentar doblegar a este tipo de asociaciones laborales.
"Nuestro Gobierno no sólo ha garantizado el reconocimiento del sistema cooperativo sino que lo ha fortalecido y continuará fortaleciéndolo como uno de los pilares de la economía nacional".
INTERESES ESPURIOS
El Gobierno ha denunciado la existencia de intereses espurios por parte de un pequeño grupo de empresarios, que "incrustados en el movimiento cooperativista", aspira a "camuflar la entrega de los recursos naturales" a las empresas privadas nacionales y extranjeras, "violentando la soberanía nacional y la Constitución".
Además, han alertado a las propias cooperativas que "esta violación de la Carta Magna puede llevar a la destrucción del propio sistema cooperativo", pues busca la subordinación de éstas a los "intereses empresariales y externos" que quieren apropiarse de nuestros recursos naturales.
Por ello, la misiva exhorta a "todos los bolivianos" a que sigan "luchando por recuperar" los recursos energéticos estatales, como única manera de evitar el "oprobio de tiempos pasados" reflejado en "el saqueo de las riquezas naturales" del país. "Les convocamos a no caer en este terrible error y a retomar las banderas de la defensa de los recursos naturales que son la base de la unidad de nuestra patria", ha dicho.
EL GOBIERNO INSISTE EN EL DIÁLOGO
El ministro de Interior, Carlos Romero, ha vuelto a convocar este jueves una mesa de diálogo con el fin de llegar a un acuerdo con las cooperativas, que se mantienen inflexibles en cuanto a su demanda de poder negociar personalmente con las empresas privadas.
La Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin) ha denunciado que el Gobierno se niega al diálogo y ha puesto como ejemplo que en la última reunión haya intentado restringir la entrada a algunos de sus delegados. Situación que ha sido justificada por Romero como falta de espacio de ahí que este jueves se haya emplazado a los mineros en unas instalaciones más amplias.
"Les vamos a convocar a dialogar, vamos a habilitar el Auditorio del Palacio de Comunicaciones de La Paz que es mucho más cómodo, y que ellos definan el número de delegados. Sin embargo, no parece haber interés por parte de los dirigentes de Fencomin para reinstalar el diálogo", ha expresado Romero
Por su parte, los representantes de las cooperativas han insistido en la poco vocación de diálogo de las autoridades y han comunicado que los bloques persistirán en algunas de las principales vías del país que comunican el oeste de Bolivia con la capital y el resto de centros neurálgicos del territorio.
El presidente del Fencomin, Alejandro Santos, ha amenazado además con "masificar" los bloqueos con la presencia de los familiares de los trabajadores y ha avisado al Gobierno de que si de verás quieren dialogar deberán viajar con una "delegación oficial" hasta Oruro, en el oeste del país, uno de los principales focos del conflicto.
PROYECTO DE LEY DE MINERÍA Y METALURGIA
La norma, aprobada en lo general y en lo particular este domingo por la Cámara de Diputados, tiene como principal objetivo regular "las actividades minero-metalúrgicas estableciendo principios, alineamientos y procedimientos para la conservación y extinción de los derechos de desarrollo y continuidad de estas actividades mineras".
Desde un principio, las cooperativas mineras han denunciado una supuesta falta de diálogo por parte del Gobierno, quien decidió modificar el artículo 151 de la ley, que contemplaba la posibilidad de que estas asociaciones establecieran contratos con empresas privadas sin necesidad de que estos acuerdos fueran ratificados por la Asamblea Legislativa.
Este cambio no gustó a Fencomin, que anunció bloqueos en las principales vías que conectan las zonas mineras del país si finalmente el borrador era aprobado. Esta postura, sin embargo, no ha sido respaldada por el principal gremio de trabajadores de la mina, la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), cuyos representantes repudiaron las medidas de fuerza y denunciaron cualquier intento de poner en manos privadas los recursos del país.
Un día después de su aprobación se produjeron fuertes choques entre la Policía y los manifestantes, lo que ocasionó la muerte de dos mineros y un centenar de heridos entre trabajadores y agentes, así como el secuestro de tres funcionarios, que finalmente ya fueron liberados apenas dos días después de ser retenidos.
La violencia llegó hasta tal punto, que el Gobierno se vio obligado a paralizar la puesta en marcha del borrador e instó a la instalación de una mesa de diálogo entre las dos partes para llegar a un acuerdo, siempre y cuando esté amparado bajo la Constitución.
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