Efren Lemus
elfaro.net / Publicado el 18 de Abril de 2011
Los cables diplomáticos que la embajada de Estados Unidos en El Salvador envió a la Casa Blanca durante la década de los años 80s ya señalaba con nombre y apellido a los altos mandos militares que participaban en la tortura de civiles. Entre esos nombres figuraba el de Carlos Eugenio Vides Casanova, entonces ministro de Defensa, contra quien el gobierno estadounidense inició este lunes un juicio migratorio que podría terminar en su deportación por los abusos que cometió durante la guerra civil salvadoreña.
El juicio se realiza en la Corte de Inmigración de Orlando, Florida, y el primer testigo en declarar fue el ex embajador de Estados Unidos en El Salvador Robert White (1980-1981). Los acusadores pretenden utilizar su testimonio para validar los documentos desclasificados que comprometen directamente a Vides Casanova en la violación a derechos humanos.
“Lo que se va a establecer es el nivel de publicidad que existía de los abusos cometidos. Hay cables importantísimos entre la colección de documentos desclasificados que son firmados por el embajador White, en los que informaba a la Casa Blanca con nombre y apellido (sobre la participación de Vides Casanova). Este testimonio permite autentificar toda esa documentación que se va introducir como prueba en este juicio y que establece el marco de la discusión para el resto de la semana”, dijo a El Faro Almudena Bernabéu, abogada del Center for Justice and Accountability (CJA), la parte acusadora.
El CJA promovió en 1999 un juicio civil contra los generales José Guillermo García y Carlos Vides Casanova, ex ministros de Defensa, por la tortura de tres civiles salvadoreños. En 2002, un jurado de West Palm Beach condenó a los militares salvadoreños al pago de 54.6 millones de dólares por las torturas que sufrieron el médico Juan Romagoza; el catedrático de la Universidad de El Salvador Carlos Mauricio, y la trabajadora laica para la iglesia Nely González. Luego, con el apoyo de dos senadores estadounidenses, esa organización pidió “reexaminar la acusación y/o deportación de los acusados”.
Romagoza fue detenido en 1980 y torturado en la Guardia Nacional, de la cual Vides Casanova era comandante.
En 2009, García fue acusado de dos cargos de fraude de inmigración, pero todavía no se conocen los resultados del proceso. Para Vides Casanova, ex director de la Guardia Nacional entre 1979 y 1983 y ministro de Defensa desde entonces hasta 1989, esta semana es clave para evitar su deportación. Bernabéu dice que las pruebas que han presentado tienen como objetivo desvirtuar la coartada que el militar salvadoreño presentó durante el juicio civil: los abusos eran cometidos por un grupo de soldados “que incurrían en este tipo de prácticas sin mayor supervisión”.
Sin embargo, el gobierno estadounidense hará eco de los testimonios de las víctimas que también comprometen a Vides Casanova. “Existía una política, una orden de actuar de ese modo”, insiste Bernabéu. Y para demostrarlo, el martes llamarán a declarar al médico Romagoza, quien fue secuestrado por guardias nacionales el 12 de diciembre de 1980 en una clínica de Santa Anita, bajo la acusación de que era un “líder subversivo”. En las siguientes tres semanas, el médico fue sometido a golpes, descargas eléctricas, tortura de agua y hasta un disparo en su mano izquierda para que ya no pudiera realizar nunca cirugías. Durante su detención, asegura Romagoza, el general Vides Casanova estuvo presente físicamente.
El militar también tiene previsto presentar en su descargo a un ex embajador, Edwin Corr.
Otros testimonios
Los testigos que el gobierno estadounidense utilizará contra el general Vides Casanova, quien reside desde hace 22 años en ese país, no corresponden a un mismo caso judicial. Por ejemplo, el segundo testimonio que las autoridades han ofrecido contra el militar es Daniel Alvarado, uno de los demandantes contra el ex viceministro de Defensa Nicolás Carranza, condenado en 2005 por un jurado de Memphis al pago de 6 millones de dólares por delitos de lesa humanidad.
En 1983, Alvarado era un estudiante de ingeniería que fue secuestrado mientras miraba un partido de fútbol en la casa de un amigo. Luego de ser torturado, Daniel aceptó su participación en el asesinato del agregado militar estadounidense Albert Schaufelberger, pero después de un examen de polígrafo, autoridades de Estados Unidos determinaron que no tenía responsabilidad en ese crimen y que su confesión solo fue una forma de parar la tortura.
Cuando Alvarado sufrió los vejámenes, Carranza era el encargado de la Policía de Hacienda y Vides Casanova el ministro de Defensa. Aplicando la doctrina del mando de responsabilidad, el CJA insiste en que la tortura era una política avalada por las altas autoridades de la Fuerza Armada; un testimonio con el que esperan reforzar esa hipótesis es la declaración de la investigadora y académica Terry Karl, quien ilustrará al tribunal sobre la cadena de mando del ejército salvadoreño durante la década de los 80s.
Vides Casanova, condecorado por Ronald Reagan con la Legión al Mérito por su carrera militar, ha ofrecido la declaración del ex embajador estadounidense Corr. Aunque no precisó nombre, Bernabéu aseguró que entre los testigos de descargo que ha ofrecido el general se encuentra otro ex embajador.
Si Vides Casanova fuera deportado hacia El Salvador, en este país prácticamente no ocurriría nada. La Ley de Amnistía de 1993 perdonó todos los crímenes políticos y aquellos crímenes comunes conexos con políticos, con lo que quedaron en la impunidad las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la guerra civil.
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