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"La
apuesta es muy clara: atemorizar a los pueblos desde abajo para
inmovilizar a las comunidades, a la reclamación colectiva. Se trata de
desmovilizar al pueblo que se levanta a reclamar y defender derechos",
señaló Oliva, coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos
Desaparecidos en Honduras (COFADEH).
En
opinión de Oliva, el país centroamericano está viviendo uno los peores
momentos "dentro del golpe de Estado militar" que se dio en 2009 y que
derrocó al Gobierno de Manuel Zelaya (2006-2009) "pese a que han pasado
siete años", explicó.
"No ha habido un ciclo de cierre del golpe
militar de Estado. Estamos viviendo cosas que nunca hubiéramos pensado
haber vivido", indicó Oliva en referencia de los asesinatos de
activistas que han tenido lugar en Honduras en los últimos meses.En la tarde del miércoles Lesbia Yaneth Urquía, activista e integrante del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), fue hallada muerta cerca del vertedero del municipio de Marcala, en el departamento de La Paz (suroeste) con un trauma encéfalo craneal abierto.
Urquía era una activa militante en la defensa de los bienes comunes de la naturaleza y los derechos indígenas y luchaba en contra de la construcción de la represa hidroeléctrica Aurora I en San José.
El
Copinh aseguró en un comunicado que la muerte de Urquía es "un
feminicidio político que busca callar las voces de las mujeres que con
valentía defienden sus derechos en contra del sistema patriarcal,
racista y capitalista" y responsabilizó al "Gobierno de Honduras, a las
fuerzas militares y policiales y a todos las instituciones
gubernamentales" por no haberla protegido.
Esas instituciones
"deben cumplir con la protección de todas y todos los defensores de
derechos humanos y de los bienes comunes de la naturaleza", señaló el
Copinh en el comunicado.También criticaron a la diputada Gladys Aurora López y su esposo Arnold Castro "por ser fuente permanente de amenazas y conflictos por la construcción de proyectos hidroeléctricos en el departamento de La Paz".
Asesinatos que no cesan
La reconocida dirigente indígena Berta Cáceres fue asesinada a balazos el pasado 3 de marzo en el interior de su casa, pese a las medidas cautelares vigentes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un mecanismo de protección que se aplica a personas amenazadas.
Cáceres
intentaba proteger el territorio de las comunidades indígenas lencas
del proyecto de la empresa DESA, que pretendía construir una central
hidroeléctrica en el noroeste de Honduras.
Tan solo 12 días después del crimen de Cáceres, fue asesinado Nelson García, destacado miembro del Copinh.
"Los
asesinatos en Honduras no han parado", aseguró Oliva, sin embargo,
"pesa más la condición de hacer nuestro trabajo", añadió a esta agencia.
"Hay
una mezcla de ánimos entre impotencia y miedo y la indignación que uno
siente por el abuso que hay en el país, pero pesa más la indignación
porque tenemos un compromiso por la justicia", sostuvo Oliva.La activista en derechos humanos insistió en señalar el riesgo que especialmente corren las personas con liderazgos locales en el interior de Honduras.
En ese sentido, recordó los casos de Abel Pérez y Santos Hernández, miembros de la Asociación de Desarrollo de la Península de Zacate Grande (ADEPZA), "que se encuentran presos por defender sus territorios", añadió.
Honduras es el país más peligroso del mundo para los ambientalistas, según la organización no gubernamental Protection International, pues además de ser víctimas de asesinatos, se enfrentan a amenazas e intimidaciones que quedan impunes.
Datos de otras organizaciones no gubernamentales estiman que entre 2010 y 2015 fueron asesinados en el país centroamericano 109 ambientalistas.
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