Las
élites, los gobiernos y las instituciones económico-financieras no solo
están eliminando y suspendiendo derechos, también están reconfigurando
quiénes son sujetos de derecho y quiénes quedan fuera de la categoría de
seres humanos.
La democracia liberal-representativa y
sus instituciones transitan por espacios cada vez más alejados de los
verdaderos conflictos globales que se mueven entre la vida y la muerte.
El capital y las empresas transnacionales se han lanzado a la
destrucción de cualquier derecho que impida la mercantilización a escala
global. Si las élites quieren mantener y seguir aumentando sus
beneficios, las prácticas contra las personas, las comunidades y la
naturaleza se van a ir extremando.
Esta tendencia se
desarrolla y evoluciona de manera diferente según los países, tiempos,
territorios y formas concretas de llevarse a cabo. Pero, nos
preguntamos, ¿es solo una mera desviación temporal y coyuntural del
sistema democrático con tintes autoritarios? O, por el contrario, ¿se
está apuntalando un nuevo espacio neofascista cada vez más
institucionalizado y generalizado?
No hay duda de que este
espacio no es el mismo de los años treinta o cuarenta del siglo pasado,
ya que ahora se vincula con la crisis civilizatoria que atravesamos. En
1933 el Partido Nazi alcanzó el poder por la vía electoral y en apenas
dos meses construyó una dictadura.
El neofascismo actual
se diferencia del fascismo clásico en que puede convivir, al menos por
el momento, con las instituciones representativas del modelo liberal y
con las instituciones jurídicas del Estado de Derecho. Eso sí, vaciadas
de contenido y reenviadas a la esfera estrictamente formal. No se
necesita sacrificar las contiendas electorales para ir construyendo una
arquitectura política sostenida en ideas neofascistas, ya que se genera
desde entes privados y desde el poder corporativo. Se trata de aprobar y
constitucionalizar una serie de límites no negociables por la soberanía
popular.
Con todo ello, las instituciones que emanan de
la democracia liberal ya no resultan funcionales a los intereses de las
élites, y eso abre nuevos espacios de poder y arquitecturas
institucionales muy alejadas de los principios democráticos.
La
crisis civilizatoria actual conlleva un endurecimiento en la manera de
ejercer el poder, pero no puede calificarse automáticamente como
fascismo. Son múltiples los ejemplos de endurecimiento de los modelos
formalmente democráticos, como es el caso del Estado español con
Catalunya o con el encarcelamiento de los vecinos de Altsasu. En Estados
Unidos, donde también son habituales los abusos autoritarios, destaca
el millón de personas migrantes detenidas en la frontera sur en el
último año, lo que genera serias dudas sobre si estas detenciones
racistas y a personas pobres son un mero exceso antidemocrático o
caminan hacia algo mucho más complejo.
Lo que resulta
relevante es relacionar y contextualizar, en el marco de una nueva
dinámica global, hechos que el poder político-económico califica como
supuestamente aislados y excepcionales. La política de exterminio del
Estado de Israel contra el pueblo palestino. Las violaciones de los
derechos de las niñas y niños indocumentados en los centros de detención
de EEUU. Las 35.000 personas muertas y desaparecidas en el Mediterráneo
en los últimos 25 años –otras fuentes hablan del doble– y el cementerio
clandestino de personas migrantes en el desierto del Sáhara de
dimensiones incalculables. No son hechos aislados, se cruzan y responden
a una lógica global que se configura como un nuevo espacio neofascista,
que destaca por su institucionalidad y su construcción escalonada y
cada vez más articulada.
En este marco, tolerar lo
éticamente intolerable pasa a formar parte de los núcleos centrales de
la práctica política. A la vez que la soberanía popular se difumina ante
la armadura institucional, el necrocapitalismo –situar la muerte en el
centro de la gestión económica y política, no exclusivamente en sus
efectos– aparece como categoría global que lo justifica.
En
una versión clásica del fascismo estaríamos hablando de una supresión
total de los derechos y libertades, y de un ataque generalizado a la
disidencia. Y de la industria de la muerte.
En estos
momentos no estamos en ese escenario, pero no resulta extraño sostener
que el autoritarismo extremo está dando paso a un nuevo espacio
neofascista donde determinadas prácticas se convierten en regla y no en
excepción.
Algunas prácticas afectan a la propia
configuración de los derechos humanos, como la necropolítica: dejar
morir a miles de personas racializadas y pobres. La fragmentación de
derechos según las categorías de personas, las prácticas racistas y
heteropatriarcales, los tratamientos excepcionales a determinados
colectivos, la trata de seres humanos, las deportaciones en masa.
Otras
destruyen en bloque los derechos de las personas, los pueblos y la
naturaleza. Es el caso de la crisis climática y la destrucción de los
ecosistemas, los feminicidios de mujeres y disidentes de género, los
campos de concentración de pueblos, la persecución y eliminación de la
disidencia, el endurecimiento de usos coloniales y guerras de
destrucción masiva.
Están, por último, las que afectan al
núcleo central de los derechos colectivos. Como la apropiación de los
bienes comunes, la consolidación de la precariedad en el núcleo
constituyente de las relaciones laborales, la reorganización neoliberal
de la producción y la reproducción, las expulsiones de millones de
personas de sus territorios porque las grandes corporaciones se apropian
de sus tierras y bienes naturales.
Las élites, los
gobiernos y las instituciones económico-financieras no solo están
eliminando y suspendiendo derechos, también están reconfigurando quiénes
son sujetos de derecho y quiénes quedan fuera de la categoría de seres
humanos. Esto va más allá de la consolidación de la extrema derecha en
términos electorales, ya que la feudalización de las relaciones
económicas, políticas y jurídicas está colonizando la arquitectura
institucional de las democracias representativas.
Juan Hernández Zubizarreta y Pedro Ramiro
Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL)
https://www.alainet.org/es/articulo/203751
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