Rubén Armendáriz
“Lo que estamos viendo hoy aquí es una clase práctica de lawfare
(guerra jurídica) en Argentina, llevada a cabo por los integrantes del
tribunal que se habilitó para perseguir a líderes políticos y que fue un
plan ideado por el gobierno saliente por conducto de organismos como la
Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera”, sostuvo,
desde el banquillo de acusados, la expresidenta Cristina Fernández de
Kirchner.
A solo ocho días de asumir como vicepresidenta, Cristina Kirchner
declaró ante los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés
Basso. «Soy jefa de cuatro asociaciones ilícitas, creo que no tuve
tiempo para gobernar porque me la pasaba montando asociaciones ilícitas,
dos de carácter familiar, dos de carácter público empresarial», sostuvo
irónicamene.
Si bien la población en general –y pese a los esfuerzos de la prensa
hegemónica- ha asumido que ha sido todo una farsa, durante varios años
el macrismo logró imponer en sectores altos y medios de la ciudadanía el
imaginario de que la expresidenta era más que deshonesta, mafiosa y
ladrona. La campaña por redes sociales se hizo sobre “la yegua” y “la
chorra” (ladrona), pero la realidad fue mostrando el armado de la farsa
judicial montada para desprestigiar totalmente no solo a Cristrina sino
al progresismo.
Alberto Fernández, presidente electo, señaló que «lo que vi ayer fue
un acto de defensa maravilloso, impecable. Uno de los mejores alegatos
defensistas que vi en mi vida, que dejó a los jueces mudos. No era una
mujer furibunda, era una mujer que se estaba defendiendo».
Sobre la causa Vialidad, consideró que involucrar a Cristina «es
vergonzoso (…) es no tener idea de cómo funciona el Estado, es no tener
idea de cómo se resuelven y ejecutan las obras públicas. Técnicamente es
un disparate todo lo que han hecho con Cristina”.
Cuando la expresidenta subió al banquillo de los acusados, sacó una
carpeta con numerosos papeles y expedientes. Apoyada por jurisprudencia,
fallos anteriores y cifras exactas, ejerció su defensa por casi cuatro
horas, con un aleegato netamente político, en el que argumentó por qué
afirma que ella, sus hijos y el fallecido expresidente Néstor Kirchner
fueron y son víctimas del lawfare,.
Recorrió los argumentos jurídicos con los que rebatió los puntos
centrales de la acusación. Con potencia política, argumental y de
coyuntura sus palabras, con tono vehemente, mirando a los ojos y por
momentos señalando a jueces, fiscales y querellantes, Cristina acusó a
un sector de la Justicia Federal de haber sido “el auxilio invaluable”
del gobierno de Mauricio Macri, para ejecutar el lawfare y la
persecución política de dirigentes, ex funcionarios y empresarios.
Recordó
que fue por orden de un juez que su mandato tuvo que terminar un día
antes de los establecido. “Me tuve que ir el 9 de diciembre a las 12 de
la noche, como Cenicienta. Después la prensa decía, Cristina no quiso
entregarle los atributos al nuevo Presidente”. Y elevando el tono de voz
expresó: “¡No me dejaron! ¡Yo quería ir a la Asamblea Legislativa!”.
Esa fue, dijo, la primera evidencia del inicio del lawfare.
Denunció lo que sufrieron «Máximo y Florencia, sólo por ser hijos de
Néstor y Cristina». Recordó que en estos tiempos la despojaron de todos
sus inmuebles, sus alquileres «no percibimos nada, (el juez Claudio)
Bonadío nos impidió tener a mí y a mis hijos tarjeta de crédito, esto
sucede en la República Argentina. Ahí están los inmuebles abandonados y
deteriorados».
Cristina afirmó que este juicio por obra pública en la provincia de
Santa Cruz (donde Kirchner fue gobernador) «está montado sobre la
hipótesis de que Néstor Kirchner fue presidente para crear una
asociación ilícita con un empresario de la construcción de Río Gallegos»
para venir a Buenos Aires a «saquear las arcas del Estado».
La ex mandataria afirmó que fue violado el ejercicio de su defensa
durante el proceso: “Nos encontramos con el rechazo de todos y cada uno
de los recursos y planteos, tanto en la instrucción como en la
oralidad”, dijo. Y denunció que ninguna de las medidas de prueba
solicitadas por su abogado Carlos Beraldi para rebatir las acusaciones
fueron aceptadas.
Luego hizo referencia al accionar de los organismos que dependen del
Ejecutivo y son querellantes en las diferentes causas judiciales. Al
finalizar su exposición, la aún legisladora afirmó que los jueces ya
tienen la «condena escrita» y habló de que hay magistrados «a la carta
del gobierno; a mí me absolvió la historia, a ellos los va a condenar».
Cristina Kirchner recordó que las esuchas ilegales de las que fue
víctima junto a su ex secretario Oscar Parrilli salieron de la Dajudeco,
órgano creado durante el actual Gobierno para administrar las
intervenciones telefónicas, bajo la responsabilidad de Martín Irurzun.
«Irurzun te escucha e Irurzun te mete preso», sintetizó.
Al leer el inciso 8 del articulo 75 de la Constitución, recordó que
las leyes de Presupuesto deben ser aprobadas por ambas Cámaras y que el
máximo responsable de las partidas de dinero es el jefe de Gabinete.
Señaló que ningún jefe de Gabinete de entonces fue llamado a declarar en
la causa. “Van a tener un problema, porque si lo citan a quien fue el
Jefe de Gabinete de 2003 a 2008, van a tener que citar al Presidente”,
dijo, lo que generó un murmullo entre los presentes.
Y señalando una vez más a los jueces, les dijo: “Y hay programas de
televisión que anuncian, cual circo, la difusión de esas conversaciones,
sin que a nadie de esta casa se le mueva un pelo, cuando son ustedes
los responsables de las escuchas. «Si esto no es lawfare, ¿¡qué es?!»,
gritó
¿Se termina la persecución?
Cristina declaró en un forzado juicio oral, en lo que se consideró el
último acto de persecución política del gobierno neoliberal de Mauricio
Macri, a una semana de la toma de posesión de las nuevas autoridades.
Fernández de Kirchner solicitó nuevamente que fuera televisado su
descargo ante el Tribunal Oral Federal número dos, pero se prohibió la
presencia de canales televisivos, mientras en las redes y en las calles
cercanas a los tribunales los seguidores de la ex mandataria llevaban
carteles con la frase: «queremos escuchar a Cristina».
La ex mandataria sostuvo que «la articulación de los medios de
comunicación hegemónicos y el aparato judicial con el objetivo de
demonizar y destruir a los líderes de los gobiernos populares y
democráticos, se ha transformado en un plan sistemático».
Esta causa por la que se le juzga está a punto de caer por ausencia
de pruebas, y porque se comprobó la falsedad de la pericia solicitada
por el juez Carlos Bonadío, el perseguidor a tiempo completo de la ex
mandataria.
Fernández dio una conferencia magistral sobre el tema de las
violaciones constitucionales y otras que se han sucedido durante el
gobierno de Mauricio Macri. Preguntó a los jueces: «¿no les parece de
trascendencia pública que la vicepresidenta electa esté aquí sentada,
acusada de integrar un asociación ilícita?»
Algunas frases
”Este tribunal seguramente tiene la condena escrita. No me interesa. A
mí me absolvió la historia”. «Había que condenar a un gobierno, el de
Néstor Kirchner, que desendeudó el país. Había que traer de vuelta al
FMI y para traer el Fondo había que convencer que el que los desendeudó
era un chorro y vino a saquear el país».
“El hecho de que una persona sea amigo y tenga empresas no es delito.
Si no, ¿cómo lo llamarían al amigo del alma del presidente que se quedó
con las empresas energéticas que saquearon los bolsillos de los
argentinos?”.
“Siempre pasan estas cosas en la Argentina contra los peronistas. En
el pasado y en estos cuatro años. Ahora, si no sos peronista pero sos
multimillonario se presume honesto”.
«Nunca vi que le allanaran la casa a De la Rua o Sturzenegger para
ver qué había pasado con el megacanje. Siempre le digo a (mi hija)
Florencia: ‘Imagínate si Perón y Evita hubieran tenido hijos”. Es el
único consuelo que puedo darle después de todo lo que le han hecho’.
«El gobierno que se va tenía una mesa judicial donde decidía todo.
Hasta decidía quién iba preso, quién no iba preso, qué empresario había
que apretar para sacarle la empresa. Todo este plan fue ideado para una
feroz e inédita persecución. El gobierno utilizó la Oficina
Anticorrupción y la UIF para impulsar las causas judiciales».
«Siempre asistí a las indagatorias. No fue la misma actitud de todos
los de este edificio que después de acusar a medio mundo tardó ocho
meses, nueves meses, para ser indagado de cosas gravísimas”.
Tras finalizar su exposición la expresidenta se levantó y fue
interrumpida pro el presidente del tribunal para preguntarle si pensaba
responder preguntas. «¿Preguntas? Preguntas van a tener que responder
ustedes, no yo», concluyó.
* Periodista y politólogo, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
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