OFRANEH
La defensa de la madre
tierra en Honduras ha venido siendo motivo de represión y
criminalización hasta el punto que 120 defensores fueron asesinados
entre el 2010 al 2016, por fuerzas de seguridad o escuadrones de la
muerte al servicio de la élite político empresarial, que ha controlado
el país en las últimas décadas.
A partir del golpe de estado
(2009) Honduras ha caído en una espiral de violencia y despojos en
relación a los bienes comunes y la explotación de los mismos, efectuada
por un grupúsculo de narcos y empresarios, dedicados al saqueo
territorial, al mismo tiempo que desde el Congreso Nacional se legisla
con el fin de conculcar derechos y enriquecer los allegados al actual
gobierno dictatorial.
El caso de los defensores del agua en
Guapinol corrobora la tendencia del actual régimen a fomentar conflictos
sociales y anteponer las posibles ganancias económicas al derecho al
agua y salud que posee el pueblo hondureño. El arresto de doce de los
sindicados de defender el agua en Guapinol –quienes se presentaron
voluntariamente en el juzgado de La Ceiba el viernes 22 de abril- es un
indicador de la distorsión de leyes y decretos con el propósito de
favorecer a la desprestigiada élite empresarial.
Los
defensores del Agua de Guapinol, son acusados por diversos delitos
contra la propiedad y supuestas amenazas de muerte. Las acciones
emprendidas por el Poder Judicial demuestra la parcialización de los
operadores de justicia a favor del clan económico Facussé-Perez.
El Bajo Aguan -donde se encuentra ubicado la comunidad de Guapinol-
es el escenario de una guerra de baja intensidad que se ha venido
librando en la última década, con más de un centenar de campesinos
asesinados por las fuerzas de seguridad y guardias privados de las
extensas plantaciones de palma africana. El clan del extinto Miguel
Facusse y sus herederos, han mantenido en jaque a Honduras, desde los
inicios de los años 90, cuando el expresidente Callejas mediante sus
políticas de privatizaciones dotó de enormes fortunas a los allegados al
Partido Nacional, el que retornó al poder desde el 2009. Lenir Perez el
propietario de la minera Pinares, esposo de Ana Facusse, se ha visto
involucrado en una serie de delitos ambientales a lo largo de la costa
norte, donde viene extrayendo óxido de hierro en una franja territorial
de enorme biodiversidad.
El caso de Guapinol, y la
destrucción premeditada del Parque Nacional Carlos Escaleras es una
muestra más que el asesinato de Berta Cáceres no fue un hecho aislado,
sino una política de estado, promovida por siniestros “nacionalistas”,
que han utilizado el Congreso Nacional, el Ministerio del Ambiente
(MIAMBIENTE), el aparato judicial y la fuerzas de seguridad para llevar a
cabo ecocidios con el objetivo de obtener ganancias a toda costa,
incluyendo la eliminación física de opositores al saqueo de la madre
tierra.
La destrucción de las áreas protegidas en Honduras es
parte del asalto a los bienes comunes que se viene dando en varios
sectores del país. En el caso del Parque Nacional Carlos Escaleras, se
utilizó al Congreso para modificar los límites de la zona núcleo del
parque, acción que se efectuó en base al decreto legislativo 252-2013,
además del apoyo irrestricto a la minera Pinares por parte del alcalde
de Tocoa, Adán Fúnez integrante del partido de oposición Libre.
Es evidente la destrucción del Corredor Biológico Mesoamericano en
Hondurea, en donde tanto las zonas de amortiguamiento y núcleo están
bajo la mira de inversionistas para destruir los recursos naturales que
nos corresponden a todas, para lo cual MIAMBIENTE a través del Acuerdo
ejecutivo 0008-2015 desahució las licencias ambientales y creo los
Permisos Operativos con los que se elude cumplir el requisito básico
para iniciar proyectos de grave impacto ambiental.
El
asesinato de Berta Cáceres y el torbellino en que se convirtieron las
investigaciones del caso, las que fueron manipuladas desde un inicio por
las autoridades demostró las falencias del sistema en cuanto a la
aplicación de justicia; ademas de sacar a flote las estrategias para
encubrir a los autores intelectuales del crimen, y de como esos utilizan
el sistema judicial para perseguir a quienes tienen el valor de
señalarlos.
Honduras se ha convertido en un país
sometido a una dictadura de corbatín, en el cual un grupúsculo de
abogados han logrado apoderarse de la estructura de poder y cuentan con
los medios de comunicación masivos para desinformar sobre la destrucción
de la economía nacional y su entrega al crimen organizado. Basta ya de
la persecución a las defensoras del agua de Guapinol y al encubrimiento
de los crímenes ambientales perpetrados por la elite de poder en la
república mafiosa de Honduras.
Organización Fraternal Negra Hondureña
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