Sentencian a otros siete acusados
Estalla escándalo delictivo en la justicia argentina
▲ Carlos Menem, ex presidente de Argentina (al centro) ayer en un tribunal de Buenos Aires.
Buenos Aires. En un sorpresivo fallo, el Tribunal Oral
Federal 2 absolvió al ex presidente argentino, Carlos Menem y al ex
titular de la Delegación de Asociaciones Israelita-Argentina (DAIA)
Rubén Beraja, y condenó a siete personas por el encubrimiento del
atentado contra la Asociación Mutual Israelita-Argentina (AMIA) ocurrido
en julio de 1994, en el contexto del mayor escándalo judicial, cuando
esta semana se denunciaron acciones delictivas en las que participan
fiscales jueces, organismos de inteligencia, periodistas y medios de
comunicación, violando toda norma jurídica y vulnerando el estado de
derecho del país.
En el caso de encubrimiento fueron condenados el ex juez Juan José
Galeano –quien comenzó la causa AMIA– a seis años de prisión; el ex jefe
de inteligencia en el gobierno de Menem, Hugo Anzorreguy, a cuatro años
y seis meses, y el ahora abogado, que entonces vendía piezas de
automóviles robados, Carlos Alberto Telleldín, así como otros cuatro
acusados.
Es curiosa la absolución de Beraja, quien participó en el pago que
hizo el juez Galeano a Telleldín de 400 mil dólares para que inculpara a
policías de la provincia de Buenos Aires del atentado desviando la
causa, y el ex comisario Jorge Fino Palacio, vinculado al presidente
Mauricio Macri, para quien trabajó cuando éste era intendente de Buenos
Aires.
Fueron condenados a dos años de prisión los ex fiscales Eamon Müllen y
José Barbaccia, que debían investigar el atentado de la AMIA, pero en
realidad lo encubrieron junto a Anzorreguy. Esta decisión afecta al
ministro de Justicia, Germán Garavano, quien intentó que estos fiscales
fueran salvados, por lo que la organización Memoria Activa, de
familiares de víctimas de la AMIA, pidió su renuncia.
Esto sucede cuando jueces y abogados que defienden a funcionarios,
empresarios, dirigentes gremiales y sociales, detenidos ilegalmente,
denunciaron la gravedad que se vive a raíz de las revelaciones que
surgen de la documentación incautada al agente de inteligencia y falso
abogado Marcelo D’Alessio, en la que se advierte un accionar
mafiosoque
denigra a la justicia e involucra a funcionarios, jueces, fiscales y periodistas de medios como el Grupo Clarín, ligados al gobierno.
Las evidencias muestran la participación en
operativos y maniobras, para acusar y detener personas sin pruebas, armar causas, espionaje, extorsión y otros delitos que violan normas jurídicas y
han hecho desaparecer el estado de derechobajo los lineamientos del gobierno actual.
Además, denunciaron las amenazas y
controlmediante el uso de informes de inteligencia, que comprometen a
asesoresy personal de la DEA y otras agencias estadunidenses e israelíes en maniobras delictivas, de las que surge la forma en que presionaron a diversas personas y las obligaron a mentir.
El juez federal de Dolores, provincia de Buenos Aires, Alejo Ramos
Padilla, quien tomó esta difícil causa de la extorsión a un empresario
por parte del fiscal Carlos Stornelli, recabó mucha información, que
enloda a la justicia ligada al gobierno de Macri en acciones que son
comparadas con la forma en que se actuaba durante la pasada dictadura
militar (1976-1983).
Foto Ap
Stella Calloni
Corresponsal
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