Editorial La Jornada
Tras un tenso compás de espera en el que el aún presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, hizo cercar la sede del Congreso con un grupo de sus partidarios clientelares, el Legislativo fue reabierto y sus integrantes votaron casi por unanimidad despojar al gobernante del fuero que lo protegía de ser juzgado por la justicia ordinaria por los cargos de asociación ilícita, cohecho pasivo y estafa, formulados en días pasados por el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). Así culmina un episodio más de la intensa crisis política por la que atraviesa el país centroamericano, en la que confluyen el hartazgo popular ante la generalizada corrupción de la clase política, la fractura de la oligarquía local, el proceso electoral que deberá saldarse en primera vuelta el domingo próximo y la cada vez más desembozada injerencia de la embajada estadunidense, la cual ejerció la presión definitiva sobre los legisladores para que procedieran al desafuero.
El júbilo popular que se vive a raíz de este hecho en la nación vecina no sólo obedece a la celebración de la victoria de las intensas movilizaciones que han tenido lugar desde abril pasado, cuando la Cicig dio a conocer la trama criminal en la que están implicados tanto Pérez como su ex vicepresidenta –actualmente presa– Roxana Baldetti, sino a que el caso abre un boquete en el blindaje institucional con que los más prominentes políticos del país han salvaguardado su propia impunidad.
La derrota de Pérez Molina y sus inminentes salida del cargo y procesamiento tienen una dimensión adicional para el ánimo social de Guatemala, porque hace tres décadas este general hoy retirado participó en las masacres de comunidades indígenas perpetradas por la dictadura militar guatemalteca, en el contexto de la estrategia contrainsurgente dictada al país centroamericano por el gobierno de Ronald Reagan y por las cuales otro miembro del ejército, Efraín Ríos Montt, ha debido enfrentar diversos procesos penales por genocidio. Sin embargo, el todavía presidente logró evadir la acción de la justicia gracias a su participación en los acuerdos de paz que pusieron fin a la prolongada guerra que padeció el país y a su pronta inserción en la política institucional. Ahora, sin embargo, y aunque sea por delitos relacionados con la corrupción y no con la represión, habrá de enfrentar la acción de la justicia.
La sociedad movilizada logró el enjuiciamiento del presidente y ello no es una hazaña menor, pero quedan pendientes otras dos exigencias fundamentales: la reforma del Estado, a fin de impedir que las instituciones sean usadas como mecanismo de enriquecimiento personal de políticos y funcionarios, y la anulación de las elecciones programadas para este 6 de septiembre. En ellas participan candidatos tan corruptos como Pérez Molina o más, y el puntero es el empresario Manuel Baldizón, el cual ha cooptado a comunidades rurales enteras mediante un clientelismo desbocado y a quien se señala por sus vínculos con el narcotráfico y el lavado de dinero. En tal circunstancia, hay el peligro de que los comicios permitan la recomposición de la clase política y la perpetuación de sus prácticas corruptas y sus redes de encubrimiento mutuo.
La ciudadanía guatemalteca no sólo tiene el desafío de desmontar el cúmulo de complicidades que infesta al conjunto de la institucionalidad nacional, sino también la tarea de contrarrestar la abierta intervención de Washington y su empecinamiento en moldear el acontecer político del país en función de los intereses económicos y geoestratégicos neocoloniales. Cabe esperar que lo consiga, por el bien de esa nación hermana y de toda América Latina.
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