No permitir el desmonte de la Constitución Política de Colombia
Prensa Rural
La
Consejería Mayor del CRIC informa y denuncia ante las autoridades
indígenas del Cauca y de Colombia, así como a los hermanos indígenas
del mundo y a las organizaciones sociales y sectores democráticos y
comunidad internacional, la detención realizada en el día de hoy
(martes 15 de septiembre) de Feliciano Valencia, autoridad de su
resguardo en varios periodos, Consejero de nuestra organización periodo
2007- 2009 y persona activa en nuestro proceso.
Feliciano
Valencia fue detenido cuando regresaba a Santander de Quilichao luego
de una sesión del programa de educación en Popayán. Se pudo establecer
que se trata de una orden de captura del Tribunal Superior de Popayán
tras revocar el fallo de primera instancia que había declarado a
Feliciano inocente respecto a acusaciones por hechos sucedidos en la
María Piendamó en el año 2008, en desarrollo de la Minga Indígena y
Popular. No se conocen los pormenores del fallo pues no se ha celebrado
a la fecha la audiencia de lectura del mismo, pero causa desconcierto
que se modifique una sentencia de primera instancia tan clara y
contundente.
El caso por el que se imputaron cargos a Feliciano
Valencia es, en sí misma, una violación del derecho constitucional a la
jurisdicción especial indígena ya que, haciendo caso omiso a su
existencia, se tipificaron acciones sustanciales a la puesta en
práctica de la misma (detención, investigación, juzgamiento, aplicación
de remedio) como acciones delincuenciales. Sería un contrasentido que
la Constitución haya dado unas funciones a las autoridades indígenas
para que luego, en el momento en que se ejerzan, sea considerado ello
un delito.
La jurisdicción especial indígena forma parte
constitutiva del Estado Social de Derecho, Multiétnico y Pluricultural.
El juzgamiento de Feliciano Valencia por presuntos delitos relacionados
con el ejercicio de dicha jurisdicción, es un juzgamiento a todos los
pueblos indígenas de Colombia; en este sentido consideramos que se ha
constituido un golpe de Estado contra nuestros derechos
constitucionales y que se ha revocado el Tratado de Paz que la Carta
Magna del 91 representó en nuestra historia, particularmente para los
pueblos indígenas.
La Constitución también garantizó el derecho
a la protesta social la cual hoy se encuentra seriamente amenazada por
su judicialización y criminalización como en el caso del Congreso de
los Pueblos, la Marcha Patriótica y el movimiento indígena como en este
caso específico de las grandes movilizaciones que realizamos en el año
de 2008 y las que hemos venido realizando a lo largo de esta década.
Las
comunidades indígenas del Cauca nos declaramos en Asamblea Permanente y
llamamos al movimiento indígena y social para que estemos listos a
defender nuestros derechos y para que no permitamos que, en cambio de
avanzar hacia la paz, se avance en una guerra contra las organizaciones
sociales y se acabe con el poco Estado social de derecho que va
quedando en el país.
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