Arainfo
El 26 de septiembre de 2015 se cumple un año de la desaparición en
Iguala, en el Estado de Guerrero (México), de 43 estudiantes de la
escuela normal rural de Ayotzinapa. A pesar del reciente informe del
GIEI desmontando la versión oficial, el gobierno de México está
poniendo trabas al esclarecimiento de los hechos.
Durante
seis meses, un grupo internacional de investigadores independientes
(GIEI), formado por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos
(CIDH), llevó adelante otro estudio sobre los eventos del 26 de
septiembre de 2014 en Iguala, en el Estado de Guerrero, sobre los 43
estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa desaparecidos.
El informe acusa a las autoridades federales y militares
de no haber intervenido a pesar de saber que los estudiantes fueron
atacados por los policías municipales en nueve lugares diferentes,
provocando muchas más víctimas que los seis muertos, la cuarentena de
heridos y los 43 desaparecidos descritos por la versión oficial.
"De
este modo, la versión histórica se convierte en una mentira histórica
debido a que el GIEI, en su reporte, demostró científicamente que es
imposible que hayan quemado a los estudiantes en el basurero de
Cocula", denuncia el Comité por los Derechos Humanos en América Latina
(CDHAL).
Sin embargo, el gobierno de México no ha autorizado
a los expertos a interrogar al ejército y el acceso a varias cámaras de
seguridad ya había sido bloqueado por el Ministro de Defensa. La CIDH
ha enviado al gobierno veinte recomendaciones, entre ellas la
recomendación de la apertura de una investigación sobre las responsabilidades y omisiones de la policía federal y el ejército.
Las
organizaciones de derechos humanos se muestran escépticas. Amnistía
Internacional denuncia "la falta de voluntad por parte de las
autoridades para encontrar a los estudiantes y enviar a los
responsables a la justicia".
Muy crítico, este informe ha
reavivado la cólera de los padres y las madres de los desaparecidos,
que denuncian el encubrimiento de un "crimen de Estado" por parte de un
gobierno que mantiene la versión oficial.
"Es el Estado quien
debe pagar por las consecuencias de sus mentiras, de sus errores, y
continuar con la investigación", ha declarado la madre de uno de los
estudiantes desaparecidos, Hilda Legideño Vargas.
"Según las
estadísticas del gobierno mexicano, son más de 26.000 personas las que
habrían sido desaparecidas en el curso de los siete últimos años. ¿Cómo
un país democrático puede registrar una cifra como ésa, que supera a
las de las dictaduras militares de América Latina, como las de Chile o
Argentina en los años 70 y 80?", indicó Marie-Eve Marleau coordinadora
del CDHAL.
"A pesar de todo, Canadá continúa reconociendo a
México como un país seguro. México es uno de los países firmantes del
TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte) y en materia de
exportaciones canadienses, México se encuentra en el tercer lugar con
una inversión de parte de Canadá en este país que superó los 12.300
millones de dólares en 2013. Ante esta situación, no queda claro cuál
será la posición del nuevo gobierno Canadiense que será elegido en
otoño", indicó Inti Barrios, miembro de Mexicanxs Unidxs por la
Regularización (MUR).
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