No es basurero, ni el quinto autobús; es el C-4

Rafael Landerreche

Aunque haya sido lo más retomado por los medios de comunicación, la parte más importante del informe del GIEI sobre Ayotzinapa no es la que refuta la versión oficial del basurero de Cocula, ni el señalamiento del ahora famoso quinto autobús como la posible clave para explicar lo sucedido, clave que permanece en la oscuridad o incluso en la ambigüedad mientras no se tome en conjunción con lo que es realmente lo más importante del informe.

Lo más importante no es tal o cual detalle concreto, sino la visión de conjunto. Los peritos de la CIDH nos invitan y dan elementos para darnos cuenta de la magnitud del operativo, de su duración y, por último –pero no menos importante–, de su complejidad: 43 desaparecidos, seis muertos y un estudiante brutalmente torturado y ejecutado ya son de por sí algo bastante atroz. Pero el GIEI nos recuerda que no fue lo único, que están también los 40 heridos, más decenas de estudiantes y ciudadanos en general que sobrevivieron al ataque, a pesar de que fueron emboscados, perseguidos, golpeados y sometidos a fuego indiscriminado a lo largo de las tres horas que duraron los actos de violencia, además del terror inducido en el conjunto de la población. En otras palabras, si en vez de esos 43 desaparecidos y seis ultimados no tenemos por lo menos un centenar de muertos que lamentar no fue por falta de ganas de los perpetradores.

Una vez sopesado, sentido y aquilatado lo anterior estamos en condiciones de entender las premisas del GIEI que son la piedra angular de todo su informe: 

1. En cuanto al móvil del crimen: aunque la toma de autobuses por los normalistas de Ayotzinapa es ya parte de los usos y costumbres de la región, nunca había sido enfrentada con un operativo coordinado y masivo* de tal magnitud. Lo inusitado de esta respuesta requiere una explicación: Todo ello supone que la acción de los perpetradores estuvo motivada por lo que se consideró una acción llevada a cabo por los normalistas contra intereses de alto nivel. 

2. En cuanto al modus operandi: el carácter coordinado y masivo de las acciones implica necesariamente una estructura de mando, con coordinación operativa. Ésa es la otra clave sin la cual no se entienden ni el conjunto del informe ni la importancia del quinto autobús que pudo haber transportado droga.

Recordemos que en los hechos del 26 de septiembre del año pasado participaron directamente o por lo menos estuvieron presentes las policías municipales no sólo de Iguala, sino de dos municipios más, la policía ministerial, la Policía Federal y el Ejército, a más de –según la mismísima versión oficial– los sicarios de Guerreros Unidos en coordinación con la policía municipal de Iguala (que a su vez se coordinaba con todos los demás). ¿Quién coordinaba todas estas instancias o grupos? ¿José Luis Abarca y su esposa? Dejemos de lado la ciencia ficción y vamos a los hechos. 

El GIEI menciona una estructura de coordinación y comunicación, el C-4 en la que están presentes representantes de la policía estatal, la Policía Federal, la policía municipal y el Ejército. Pero los peritos son demasiado parcos en cuanto a la naturaleza de este ente. Apenas dicen de paso que esa sigla viene del nombre de Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo, y a partir de lo que dicen el C-4 parecería una instancia bastante inofensiva (e inoperante a juzgar por los hechos) que recibe y canaliza las llamadas de auxilio y denuncia a los números de emergencia 066 y 089. El GIEI no pretende que el C-4 haya sido la estructura de mando y coordinación del operativo que la realidad descrita por ellos demanda. Pero nosotros podemos ir un poco más lejos, aunque para ello sea conveniente cierto rodeo.

En el sexenio de Carlos Salinas se crearon las BOM (Bases de Operaciones Mixtas), las cuales tenían por misión precisamente coordinar la actuación de todas las fuerzas públicas de los diferentes niveles de gobierno y de las diversas ramas y especialidades, desde las policías municipales hasta el Ejército. La importancia de este hecho no debe ser pasada por alto. Por una parte, se abrían las puertas a la institucionalización de un giro histórico: el Ejército, cuyo eterno destino era defender a la patria en el caso de que masiosare, pasaba a apuntar el sonoro rugir de sus cañones no al enemigo exterior sino al interior, a final de cuentas al mismo pueblo que le daba un soldado en cada hijo; giro histórico que aún no acabamos de asimilar. Por otra parte, las BOM no fueron un fenómeno exclusivo de México, más bien fueron el sello común de los gobiernos neoliberales latinoamericanos. A pesar de su retórica, esos gobiernos sabían que sólo por la fuerza podrían mantener su modelo económico.

Con la insurgencia zapatista en Chiapas y la contrainsurgencia con que respondió el gobierno, pudimos ver a las BOM en acción, pero con un elemento adicional que no estaba incluido en la versión pública, aunque sí en los manuales de la Sedena: lo que éstos llamaban las fuerzas irregulares, mejor conocidas en Chiapas como grupos paramilitares. Lo típico de estos operativos es que la acción directa de matar subversivos se les deja a los peldaños más bajos de la jerarquía, mientras los más altos se limitan a planear, preparar y supervisar las acciones (o a estar presentes como en Ayotzinapa) cual toca a los grandes estrategas de la guerra. Eso fue lo que pasó en la masacre de Acteal con los paramilitares matando gente, la policía estatal acompañándolos de cerca y el Ejército supervisando a distancia después de haber planeado y preparado todo. En los ataques contra los municipios autónomos zapatistas que se sucedieron después de la masacre de Acteal hasta la masacre de Chavajeval en junio del siguiente año, la mecánica cambió un poco. Como los paramilitares ya eran una carta quemada después de Acteal, los ataques directos se encomendaron a las policías, mientras el Ejército seguía en su papel de acompañar de lejecitos.

Ahora estamos en condiciones de entender la importancia del quinto autobús: ante el riesgo de perder un cargamento de heroína, todo el aparato de la fuerza pública, desde el Ejército hasta las policías municipales y sus nuevas fuerzas irregulares (ya no los paramilitares, sino los sicarios del crimen organizado) echaron a andar una acción masiva de ataque indiscriminado, atentados directos contra la vida, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, con tal de preservar su botín. Se dirá tal vez que lo del autobús no es más que una hipótesis. Bien, si la rechazamos, ¿cuál es la alternativa? El operativo coordinado no es hipótesis ¿Todo eso se hizo por contrainsurgencia y/o sadismo? Estado narcoterrorista o sadoterrorista. No cambia mucho.

* Todas las citas entrecomilladas son del informe del GIEI