Familiares durante el velorio de los migrantes.
Foto: Reproducción.
Marcela Belchior
Adital
Cinco
años ya pasaron desde el trágico delito que quitó la vida de 72 migrantes en
México, que intentaban cruzar la frontera para entrar en Estados Unidos. Hasta
hoy, las autoridades mexicanas no juzgaron ni siquiera detuvieron a los
responsables. Las sospechas recaen sobre grupos criminales, que actuaban en
cooperación con agentes de seguridad locales del Estado. Organizaciones de
derechos humanos exigen medidas.
"La
Masacre de San Fernando pinta una horrenda imagen sobre el estado de los
derechos humanos en México, donde ser migrante parece ser razón suficiente para
que los criminales te hostiguen, torturen y asesinen”, afirma Carolina Jiménez,
directora adjunta de Investigación para las Américas de Amnistía Internacional.
Cuerpos de los migrantes fueron encontrados en galpón. Foto: Reproducción.
"En
medio de la brutal ‘guerra contra las drogas’ en México, muchas rutas
utilizadas por los migrantes para llegar a Estados Unidos se han convertido en
zonas de riesgo”, continúa Carolina. "La interminable lista de violaciones y
abusos a los derechos humanos contra personas en movimiento en los últimos años
demuestra la necesidad urgente de un plan regional para proteger a aquellos que
hacen uno de los viajes más peligrosos en busca de una mejor vida, libre de
pobreza y violencia”, complementa la activista.
Entre el
22 y el 23 de agosto de 2010, un total de 58 hombres y 14 mujeres provenientes
de países centro y sudamericanos, la mayoría inmigrantes, fueron brutalmente ejecutados
dentro de un rancho, en la ciudad mexicana de San Fernando, Estado de
Tamaulipas, cerca de la frontera con Texas, en Estados Unidos. Según el
ecuatoriano Luis Fredy Lala Pomavilla, sobreviviente del homicidio, las
víctimas fueron amarradas, humilladas y asesinadas con tiros de armas de fuego
por la espalda, posteriormente apiladas a la intemperie. El caso quedó conocido
en el país como la Masacre de San Fernando.
No se
sabe, ciertamente, qué fue lo que ocurrió. Relatos de investigaciones con el
testigo y las autoridades mexicanas divergen en cuanto al número total de
víctimas, entre 76 y 77 inmigrantes. De acuerdo con la Procuraduría General
Mexicana, 77 habrían sido capturados por los criminales, siendo 72 asesinados,
dos sobrevivientes y tres estarían hasta hoy desaparecidos.
Funcionarios
federales del país indican que los inmigrantes habían sido divididos en dos
camiones, partiendo de la ciudad de Veracruz el 21 de agosto de 2010, con la
intención de pernoctar en algún poblado de Tamaulipas. Antes de llegar a San
Fernando, sin embargo, habrían sido interceptados por hombres armados, que les
agredieron, amenazaron de muerte y exigieron dinero a cambio de su libertad.
Acción de los movimientos sociales llama la atención sobre la falta de resolución del caso. Foto: Reproducción.
Amnistía
Internacional denuncia la omisión del Estado mexicano que, cinco años después,
ni siquiera reconstruyó las últimas horas de las 72 personas asesinadas,
mostrando cuán ineficientes han sido las investigaciones, tanto por parte de
las autoridades locales como federales. "No hay esfuerzos coordinados o
informaciones a los familiares de las víctimas sobre progresos”, afirma la
organización. Además, señala "demoras extremas” en la identificación de las
víctimas.
La
hondureña Élida Yolanda es un ejemplo de la falta de celeridad y de la falta de
compromiso del Estado en el caso. Madre de Eva Nohemi Hernández Murillo, que a
los 25 años fue una de las víctimas de la masacre, Yolanda relata que sólo pudo
saber de la muerte de su hija cuatro años después de lo ocurrido.
"Me
enteré de lo que había pasado cuando prendí la televisión para ver las noticias
dos días después de la masacre. Vi un cuerpo que parecía el de Eva Nohemi pero
no podía creer que era ella hasta que el gobierno lo confirmó cuatro años
después”, cuenta. "Todo lo que pido es una investigación para saber qué ocurrió
con mi hija. No quiero ver más gente muriendo”, suplica Yolanda.
En los
últimos años, otros casos de secuestro, desaparición y homicidio de migrantes
han surgido en el país, involucrando a miles de familias. "¿Cuántos más
migrantes tienen que ser asesinados en México para que las autoridades hagan
algo? No hay tiempo que perder, las autoridades mexicanas deben aumentar los
esfuerzos para investigar estas masacres y llevar a los responsables a la
justicia, proveer a los familiares de reparaciones y tomar pasos concretos para
prevenir más muertes”, asevera Carolina Jiménez.
(Con informaciones de Amnistía Internacional)
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