Marcela Belchior
Adital
Una situación de abandono de las comunidades rurales empobrecidas en la
zona norte de Paraguay, motivo de reiterados llamamientos de organizaciones y
movimientos sociales a los tres poderes del Estado paraguayo, hizo que la Coordinadora
por los Derechos de la Infancia y Adolescencia (CDIA), que reúne un conjunto de
organizaciones no gubernamentales, y el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj),
organización de derechos humanos, se manifiesten en favor de niños y
adolescentes que, ante ese contexto, son forzados a integrarse al conflicto
armado del país. Ellos reclaman medidas del Estado.
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| El Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) es uno de los grupos que reclutarían niños y adolescentes para el conflicto armado. Foto: Reproducción. |
Las organizaciones entienden el reclutamiento de niñas y niños como una
forma de migración forzada, que vulnera directamente el ejercicio de sus
derechos como ciudadanos, afectando gravemente su desarrollo integral. El "niño
soldado”, explican, es toda persona con edad inferior a 18 años que compone
cualquier fuerza o grupo armado, regular o irregular, independiente de las
funciones que desempeñe.
En nota, las entidades destacan que el artículo 38 de la Convención de
las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño exhorta a los gobiernos para
que tomen todas las medidas posibles para evitar que ese público se involucre
directamente en el conflicto armado, así como debe cohibir y penalizar
legalmente esas prácticas. El Protocolo Facultativo de las Naciones Unidas
sobre la participación de niños y adolescentes en el conflicto armado entró en vigencia
en 2002 y tiene por objetivo aumentar la protección de ese público en ese
contexto social. Según las organizaciones, Paraguay es uno de los países que
firmaron el documento.
"Repudiamos las acciones ejercidas por los supuestos grupos irregulares autodenominados
como el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) y la Agrupación Campesina Armada
(ACA), así como de otras personas y/o grupos que cometen hechos criminales y
sostenemos que ello requiere de una estrategia efectiva por parte de los
organismos estatales correspondientes y constitucionalmente establecidos”,
afirman las organizaciones.
Las entidades se refieren al Ministerio del Interior, a la Policía
Nacional, Ministerio Público, Poder Judicial, Defensoría de la Infancia y
Adolescencia, además de la Secretaría Nacional de la Infancia y Adolescencia.
"Quienes conjuntamente deben intervenir en el marco de la defensa y respeto
irrestricto de los derechos humanos”, agregan.
Las organizaciones destacan también que el Estado paraguayo, a través de
sus autoridades electas y administrativas de los Poderes Ejecutivo, Legislativo
y Judicial, es responsable de la situación de reclutamiento forzado y muertes
de adolescentes en esas circunstancias. "Exigimos al Estado la aplicación de la
Convención sobre los Derechos del Niño y sus protocolos facultativos, y en ese
orden tome las medidas necesarias a través de políticas de asistencia y
protección social a las familias, facilitando el acceso a derechos universales
como salud, educación, alimentación, vivienda y trabajo decente”, afirman.
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| Al ser reclutados por el conflicto armado, adolescentes tienes sus derechos negados. Foto: Reproducción. |
Como medidas urgentes, que deben ser tomadas por el gobierno paraguayo,
las organizaciones señalan la tipificación penal del acto de reclutamiento por
grupos no estatales como delito; el reconocimiento de los niños y adolescentes
reclutados como víctimas conjuntamente con sus respectivas familias; la
creación de programas especializados para la prevención, protección y
restablecimiento de derechos; además de la ampliación de los planes, programas
y proyectos que el Estado desarrolla, a fin de garantizar el ejercicio efectivo
de los derechos de esa parte de la población.
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