Cristina Fontenele
Adital
El informe "Defender los derechos humanos en
México: la represión política, una práctica generalizada” revela las graves violaciones que ocurren en el país contra personas u
organizaciones de defensa de los derechos humanos. Difundido por el Comité
Cerezo México, por Acción Urgente para la Defensa de los Derechos Humanos
(Acuddeh - AC) y por la Campaña Nacional contra el Desaparición Forzada, la
publicación abarca el período de junio de 2014 a mayo de 2015. El
objetivo del estudio es denunciar las violaciones cometidas contra los/las
defensores/as de derechos humanos y fortalecer el trabajo de las
organizaciones, además de permitir que continúen prestando su contribución en
la lucha por justicia y reparación.
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| La forma más utilizada de violación a los defensores de derechos humanos es la persecución, incluyendo el acercamiento físico con el objetivo de causar mayor impacto sobre las víctimas. |
Se registraron un total de 860
violaciones, entre agresiones, persecución, amenazas, detención arbitraria,
desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales. En el estudio se concluye
que hubo un aumento de casos si se compara con las 675 en el mismo período del
año anterior. El Estado de Guerrero es el mayor en número de violaciones, con
202 casos, seguido del Distrito Federal (140), Chiapas (64) y Oaxaca (55).
Agresiones, ataques y
persecuciones sumaron 330 casos, un aumento de 618 % en relación con los 204
casos del año anterior. Fueron 488 eventos, afectando a 248 personas, 47
organizaciones y 35 comunidades. De acuerdo con el informe, las violaciones son
operadas con el uso coordinado de grupos militares y de fuerzas oficiales del
Estado, que continúan recurriendo al terror como forma de control de la
población, en especial de los movimientos sociales.
En ese contexto, se verificó que
los medios de comunicación han propagado campañas de "estigmatización” y
"criminalización” de los defensores de derechos humanos, creando una especie de
"enemigo interno de la nación”. Al mismo tiempo que silencian las graves
violaciones cometidas por el gobierno. Esta estrategia de control, conforme
señala el estudio, apunta a promover una "limpieza social” y convencer a la
población de que los defensores de derechos humanos son un "riesgo para el
progreso del país”.
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| El informe tiene por objetivo denunciar las violaciones cometidas contra los defensores de derechos humanos para fortalecer el trabajo de las organizaciones sociales en la lucha por justicia y reparación. |
Detenciones arbitrarias
Se registraron 459 detenciones
arbitrarias en México, 47 más que en el período pasado, cuando el informe
anterior documentó 412 casos. De éstos, en 70 casos, familiares y
organizaciones denunciaron la utilización de la tortura y tratamientos crueles e
inhumanos. El 31 de mayo de este año, 224 personas estaban privadas de libertad
por razones políticas, incluyendo las detenidas desde 1997, con 18 años ya de
estar recluidas.
Distrito Federal, Oaxaca, Guerrero
y Chiapas son los estados donde más ocurren casos de detención arbitraria y
detenciones por motivos políticos. Guerrero ocupa la primera posición, no por
los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, en septiembre de 2014, sino por
la lucha de profesores, que ya generó más de 100 detenciones.
El porcentaje de indígenas
detenidos arbitrariamente representa el 46% del total registrado, el doble del
período anterior. En el informe se señala también el interés político del
Estado mexicano, en los ámbitos federal y estadual, de aprobar leyes que
restringen el derecho humano a la protesta.
Ejecución Extrajudicial
La población indígena representa el
50% de las víctimas del total general de casos y Guerrero es, nuevamente, el
estado con más víctimas de ejecuciones extrajudiciales. En el actual gobierno
del presidente Enrique Peña Nieto, se registraron 47 ejecuciones, 22 de las
cuales están dentro del período investigado en el informe.
La ejecución extrajudicial ocurre
cuando miembros del Estado cometen la privación ilegítima de la vida, sea en
forma directa o indirecta, caracterizándose como un homicidio doloso.
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| Perpetradores de la desaparición forzada. |
Desaparición forzada
Utilizado por el actual gobierno
mexicano como un mecanismo de represión contra la disidencia política y de
control social y territorial, la desaparición forzada fue registrada en 14
estados del país. Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Estado de
México lideran las estadísticas. 52 defensores de derechos humanos fueron
víctimas de desaparición forzada en el período estudiado. Si se suman a las 29
víctimas de los primeros 18 meses del gobierno de Peña Nieto, ya totalizan 81
personas victimadas.
De acuerdo con el informe, la
militarización, la paramilitarización y la criminalización de la protesta
social son las estrategias para la práctica de la desaparición forzada,
contribuyendo para que el Estado no reconozca su responsabilidad. Además, en el
estudio se destacan los efectos negativos de la represión política, como el pánico,
el terror, la inseguridad, la hipervigilancia y la sensación de vulnerabilidad.
Son cuestiones psicológicas que pueden dañar la vida de los/las defensores/as
de derechos humanos, influenciándolos para abandonar sus actividades y vivir
bajo la culpa y la frustración.
Entre las recomendaciones, en el
informe se señala la obligación del Estado de investigar y castigar las
violaciones a los derechos humanos cometidas contra las personas defensoras,
para que cese la "impunidad imperante”. El Estado debe también, en todos sus
niveles y poderes, emprender una campaña masiva que legitime el trabajo de los/las
defensores/as de derechos humanos y abolir leyes e iniciativas que penalizan este
tipo de lucha.
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