El ex-presidente guatemalteco Efraín Ríos Montt será juzgado a puertas cerradas en enero de 2016, debido al "frágil" cuadro de la salud que el delincuente a los 89 años de edad. Por «incapacidad mental comprobada» no le será aplicada la pena, independientemente de ser encontrado culpable o inocente. Ríos Montt es acusado de asesinato y tortura de 1.771 indígenas Maya-Ixil y por el desplazamiento forzado de otros miles de víctimas, cuando era presidente y comandante del ejército de Guatemala (1982-1983). Diversas organizaciones de derechos humanos criticaron la decisión y señalan vicios en el proceso.
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| Ríos Montt es acusado de asesinato y tortura de 1.771 indígenas Maya- Ixil y por el desplazamiento forzado de miles de personas. En la foto, juicio efectuado en el 2013. |
Para Erika Guevara-Rosas, Directora de Amnistía Internacional para las Américas, la decisión demuestra "claramente", que, cuando la justicia es retardada, hay un alto riesgo que los responsables de masivas matanzas y desapariciones no sean castigados. Según ella, las autoridades guatemaltecas deben aprender "una lección importante" y no dejar de remover ninguna piedra para asegurar que todos los sospechosos por crímenes durante "los años oscuros del país”, sean sometidos ante los tribunales.
Entienda el caso
En 10 de mayo de 2013, Ríos Montt fue condenado a 80 años en prisión por el juzgado primero de mayor riesgo, 50 años por genocidio y 30 por crímenes contra la humanidad. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad anuló la decisión 10 días más tarde, alegando como justificación, errores de procedimiento, ordenando la repetición del juicio.
Paralelamente, la defensa del ex presidente pidió perdón, previsto en el decreto 8-86, que concedió una amnistía general para delitos políticos y comunes [conexos] cometidos durante el período del 23 de marzo de 1982 al 14 de enero de 1986. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos argumentaron que el decreto no está vigente, ya que fue derogado por la Ley Nacional de Reconciliación (decreto 145-1996), por el que la extinción de la responsabilidad penal no se aplica a crímenes de genocidio, tortura y desaparición, conforme a los tratados internacionales ratificados por Guatemala.
Según el informe "Genocidio en Guatemala: Ríos Montt culpable" (2013), de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), durante el conflicto armado en Guatemala (1960-1996), más de 200.000 personas murieron, incluyendo 45.000 desaparecidos y 1 millón fueron desplazados forzados. Fueron documentadas más de 600 masacres y 400 aldeas fueron completamente destruidas.
Según el informe, el mayor ejercicio de la violencia se dio durante el régimen militar de Ríos Montt, que asumió el poder por un golpe de Estado contra Fernando Romeo Lucas García, en marzo de 1982, y fue derrocado por misma vía, en agosto de 1983.
Durante el gobierno de Ríos Montt, el ejército y las patrullas civiles emprendieron acciones violentas contra los grupos maya, acusándoles de apoyar a grupos guerrilleros insurgentes. El informe indica que estas acciones fueron parte de planes elaborados (conocidos como Victoria 82, Firmeza 83 y Plan Sofía), con el objetivo de aniquilar a los indígenas.
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