Francisco Olaso y Juan José Subirá
Prisma Internacional
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Soldados argentinos durante la Guerra de las Malvinas. Foto: Especial |
BUENOS AIRES (apro).- “Nos llevaba hasta un lago que se
congelaba de noche por las bajas temperaturas y nos hacía romper esa
capa de hielo, a patadas o con el fusil mismo, y ahí nos hacía poner
cinco minutos las manos en el agua helada. Bueno, yo, por ser judío,
tenía que ponerlas diez minutos. Y si se me acalambraban las manos, me
hacía poner la cabeza”, cuenta a Apro Silvio Katz, excombatiente de la
guerra de Malvinas.
En abril de 1982 Katz tenía 19 años e integraba el Regimiento 3 de La Tablada. Era uno de los aproximadamente 12 mil soldados conscriptos que las Fuerzas Armadas argentinas habían movilizado para defender las islas de la flota británica. El jefe de sección de Katz era el subteniente Eduardo Flores Ardoino.
“Si bien nos torturaba a todos, elegía a grupos de cinco o diez por día. Nueve variaban. El décimo era siempre yo –continúa el excombatiente–. A punta de pistola me hizo comer mi propio excremento. ‘¿Así que te escapaste a robar comida?’, me dijo. Tiró comida donde defecábamos y me puso la pistola en la cabeza. Si hay algo que le sobraba es la imaginación, porque cada día tenía algo nuevo para castigarnos”.
Silvio Katz es uno de los excombatientes de las Malvinas que denunciaron haber sido torturados por sus superiores durante el conflicto. La investigación acumula 85 hechos delictivos, 120 testimonios y dos procesamientos. El número de militares imputados sobrepasa los 70, incluyendo personal de diferentes rangos y de todas las fuerzas involucradas en el conflicto.
Los excombatientes anunciaron que presentarán su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Las instancias judiciales en Argentina se agotaron el 19 de febrero último, cuando la Corte Suprema de Justicia cerró la causa.
“Es lamentable que tenga que ser un tribunal superior de afuera del país el que intervenga”, sostiene Katz. “La Corte Suprema, con este fallo, no hizo más que hacerles un favor a los que nos torturaron a mi y a muchos otros en las Malvinas”.
En los casos denunciados hay asesinatos, torturas, vejámenes. Se consignan golpizas, enterramientos, aplicación de descargas eléctricas, simulacros de fusilamiento, envío al frente de batalla como forma de castigo. El “estaqueamiento” se volvió en Malvinas una práctica habitual. Consiste en inmovilizar a un hombre contra el suelo, atando sus muñecas y tobillos a cuatro estacas clavadas en la tierra. Los soldados conscriptos debían soportar así, durante horas, el frío y la lluvia. Quedaban indefensos, además, frente el peligro bélico.
“Pedimos que se investigue el asesinato de un soldado cometido por un suboficial de la Armada Argentina y la muerte de dos soldados por hambre: se ordenaba no darles de comer como castigo”, dice a Apro Ernesto Alonso, presidente de la Comisión Nacional de Excombatientes.
El veterano es miembro del Centro de Excombatientes Islas Malvinas (CECIM), que impulsa la causa como querellante.
Justicia
En 2007 un grupo de 23 excombatientes presentó una denuncia ante la Justicia de Tierra del Fuego para que se investiguen los hechos. En 2009 la Justicia Federal calificó las torturas en las Malvinas como delitos de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptibles. Su fallo fue confirmado ese mismo año por la Cámara Federal.
Uno de los militares imputados, el entonces subteniente Jorge Taranto, apeló ante la Cámara Federal de Casación Penal. Ésta consideró que los vejámenes no constituían delitos de lesa humanidad. Revocó el fallo de segunda instancia y dictó la prescripción de la causa.
El 19 de febrero de 2015, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó el cierre del expediente. Argumentó que no podía intervenir porque no había una sentencia definitiva. Cuestión de forma.
El 1° de marzo la presidenta Cristina Fernández de Kirchner alentó a los excombatientes a elevar el caso a la CIDH. Su pedido se inscribe dentro de la defensa de los derechos humanos que hace su gobierno, pero también refleja el conflicto entre el gobierno y un sector de la Justicia argentina, en este caso, la Corte Suprema.
El 2 de abril, al cumplirse 33 años del desembarco argentino en las Malvinas, la mandataria anunció la desclasificación de todos los archivos de la guerra. El conflicto austral se extendió entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982. Dejó un saldo de 649 muertos argentinos y 255 británicos.
Las denuncias de los excombatientes consignan casos que no fueron producto de ningún ataque, batalla o enfrentamiento.
Los excombatientes disponen de un plazo de seis meses, a partir del día en que se emitió el fallo de la Corte Suprema de Justicia (19 de febrero) para elevar el caso ante la CIDH. “Se hará en el menor tiempo posible”, confirma Ernesto Alonso a Apro.
Los veteranos confían que la desclasificación de los archivos revelará gran cantidad de nuevos casos. Por lo pronto, a su regreso de las Malvinas, los soldados eran sometidos a un interrogatorio. Se les preguntaba por lo que habían vivido y visto y qué había pasado en las islas. Cada uno debía asentarlo por escrito. “En las Actas de Recepción, que nos hicieron firmar cuando volvimos de Malvinas, muchos compañeros, con mucha valentía –porque había que ser muy valiente para denunciar ese tipo de abuso durante la dictadura militar–, escribieron que habían sido torturados, dieron nombres y apellidos del oficial o suboficial, firmaron el acta, y al lado hay una firma de un militar, que da fe de eso”, explica Alonso.
Estas Actas de Recepción reviven las voces de los conscriptos hablando de maltratos y torturas. “Estuve 15 días sin comer. Sólo un mate cocido amargo (una infusión) por las mañanas. El sargento Vega me ordenó que me levantara a tomar la sopa y por no poder hacerlo por mi debilidad me pegó una trompada”, se lee en el acta de un conscripto de la provincia de Corrientes, internado a su regreso por desnutrición, según consignó Tiempo Argentino el 4 de abril.
“El trato con oficiales y suboficiales era malísimo –sostiene un conscripto del Regimiento 1 de Patricios–. Tanto el cabo 1º Schitane y el teniente Ferrer me pegaron tanto a mí como a mis compañeros. Me hicieron hacer cuerpo a tierra en el agua. A pesar de tener tres comidas diarias, era escasa y no satisfacía. Nos estaquearon y encima de eso nos cargaron (burlarse) e insultaron”.
Los soldados se veían obligados a robar comida de los depósitos para combatir el hambre y el frío. Silvio Katz volvió de la guerra con 20 kilos menos que cuando había partido. Tuvo suerte. Otros soldados sufrieron la amputación de extremidades debido al congelamiento.
“Me llevaron a un centro de rehabilitación en Campo de Mayo, era para engordarnos, para que no nos presentáramos ante la gente en el estado deplorable en el que estábamos”, cuenta. “Me quisieron hacer firmar un papel, en donde el Ejército se desligaba de todo lo que me había pasado y lo que me pudiera pasar por Malvinas –dice–. Me llevaban a una oficina donde había altos mandos y trataban de convencerme. Era como las películas, donde primero viene el ‘bueno’, después el ‘malo’, y te convencen por las buenas o te dicen: ‘Mirá que si no te puede ir mal a vos y a tu familia’. Yo les decía que peor de lo que me había ido era imposible”, cuenta Katz, quien se negó a firmar el acta.
Los militares ordenaron a los conscriptos el silencio absoluto sobre lo vivido. “Yo soy hijo de una persona que se escapó del Holocausto en Alemania, una persona que nunca habló del tema, murió sin tocar el tema –cuenta Katz–. Y yo estaba repitiendo la misma historia. Me costó mucho hablar de lo que había vivido. Era muy retraído”.
Verdad
El representante de los veteranos de guerra, Ernesto Alonso, cree que la denuncia será aceptada por la CIDH. “Confiamos, porque tenemos infinidad de pruebas para ser presentadas, para que se tome este caso de denegación de justicia –dice–.Ya no se trata de discutir si fueron crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra. Lo que nosotros pedimos es que se investigue si la acción de estos funcionarios del Estado (los militares) se ajusta a algún tipo de delito dentro del Código Penal”.
A su juicio, la tortura en las Malvinas tuvo un carácter sistemático. “No fueron casos aislados, no es que a un cabo o un sargento le agarró una locura, sino que esas mismas prácticas se realizaban durante el servicio militar obligatorio”, sostiene. “En Malvinas se estaqueaba a soldados detrás de la casa del gobernador, Mario Benjamín Menéndez. En todas la unidades militares que participaron en Malvinas hay por lo menos un hecho denunciado y comprobado”, sostiene.
El estaqueamiento tiene larga tradición en el ejército argentino. En el siglo XIX se lo usaba para ablandar a los gauchos que no querían enrolarse para pelear contra el indio.
Ernesto Alonso dice que a la guerra de las Malvinas no fue el ejército del héroe de la independencia, José de San Martín, sino el de los dictadores Leopoldo Galtieri y Jorge Videla.
“Estamos hablando de gente preparada para la represión bajo la doctrina de la Seguridad Nacional y no para la defensa de la soberanía –explica el excombatiente–. Los jóvenes de entonces éramos parte de su hipótesis de conflicto como enemigo interno. Durante el servicio militar te ponían una pistola en la cabeza y te decían que eras un subversivo, un civil. Con esas Fuerzas Armadas fuimos a Malvinas –recalca–. Pero no ponemos a todos en la misma bolsa. Los denunciados tienen nombre y apellido”.
Uno de los acusados es el actual inspector general del Ejército, Mario Dotto, ascendido varias veces durante los últimos años. Otro es el entonces subteniente Gustavo Malacalza, quien en 2007, con el grado de teniente coronel, era subdirector del Liceo Militar General San Martín. El ya mencionado Jorge Taranto conduce un programa de radio donde se habla de la guerra.
Al mismo tiempo que preparan la denuncia, los excombatientes afirman que la desclasificación de los documentos secretos redundará en un conocimiento más profundo de los hechos. El 2 de abril, Cristina Fernández anunció la creación del Archivo Oral de las Memorias de Malvinas. Su función será la de recabar los testimonios y memorias de quienes participaron de una u otra forma de esa guerra.
“Me parece una buena iniciativa –opina el excombatiente Silvio Katz–. Es dejarle el testimonio vivo a las próximas generaciones”.
En abril de 1982 Katz tenía 19 años e integraba el Regimiento 3 de La Tablada. Era uno de los aproximadamente 12 mil soldados conscriptos que las Fuerzas Armadas argentinas habían movilizado para defender las islas de la flota británica. El jefe de sección de Katz era el subteniente Eduardo Flores Ardoino.
“Si bien nos torturaba a todos, elegía a grupos de cinco o diez por día. Nueve variaban. El décimo era siempre yo –continúa el excombatiente–. A punta de pistola me hizo comer mi propio excremento. ‘¿Así que te escapaste a robar comida?’, me dijo. Tiró comida donde defecábamos y me puso la pistola en la cabeza. Si hay algo que le sobraba es la imaginación, porque cada día tenía algo nuevo para castigarnos”.
Silvio Katz es uno de los excombatientes de las Malvinas que denunciaron haber sido torturados por sus superiores durante el conflicto. La investigación acumula 85 hechos delictivos, 120 testimonios y dos procesamientos. El número de militares imputados sobrepasa los 70, incluyendo personal de diferentes rangos y de todas las fuerzas involucradas en el conflicto.
Los excombatientes anunciaron que presentarán su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Las instancias judiciales en Argentina se agotaron el 19 de febrero último, cuando la Corte Suprema de Justicia cerró la causa.
“Es lamentable que tenga que ser un tribunal superior de afuera del país el que intervenga”, sostiene Katz. “La Corte Suprema, con este fallo, no hizo más que hacerles un favor a los que nos torturaron a mi y a muchos otros en las Malvinas”.
En los casos denunciados hay asesinatos, torturas, vejámenes. Se consignan golpizas, enterramientos, aplicación de descargas eléctricas, simulacros de fusilamiento, envío al frente de batalla como forma de castigo. El “estaqueamiento” se volvió en Malvinas una práctica habitual. Consiste en inmovilizar a un hombre contra el suelo, atando sus muñecas y tobillos a cuatro estacas clavadas en la tierra. Los soldados conscriptos debían soportar así, durante horas, el frío y la lluvia. Quedaban indefensos, además, frente el peligro bélico.
“Pedimos que se investigue el asesinato de un soldado cometido por un suboficial de la Armada Argentina y la muerte de dos soldados por hambre: se ordenaba no darles de comer como castigo”, dice a Apro Ernesto Alonso, presidente de la Comisión Nacional de Excombatientes.
El veterano es miembro del Centro de Excombatientes Islas Malvinas (CECIM), que impulsa la causa como querellante.
Justicia
En 2007 un grupo de 23 excombatientes presentó una denuncia ante la Justicia de Tierra del Fuego para que se investiguen los hechos. En 2009 la Justicia Federal calificó las torturas en las Malvinas como delitos de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptibles. Su fallo fue confirmado ese mismo año por la Cámara Federal.
Uno de los militares imputados, el entonces subteniente Jorge Taranto, apeló ante la Cámara Federal de Casación Penal. Ésta consideró que los vejámenes no constituían delitos de lesa humanidad. Revocó el fallo de segunda instancia y dictó la prescripción de la causa.
El 19 de febrero de 2015, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó el cierre del expediente. Argumentó que no podía intervenir porque no había una sentencia definitiva. Cuestión de forma.
El 1° de marzo la presidenta Cristina Fernández de Kirchner alentó a los excombatientes a elevar el caso a la CIDH. Su pedido se inscribe dentro de la defensa de los derechos humanos que hace su gobierno, pero también refleja el conflicto entre el gobierno y un sector de la Justicia argentina, en este caso, la Corte Suprema.
El 2 de abril, al cumplirse 33 años del desembarco argentino en las Malvinas, la mandataria anunció la desclasificación de todos los archivos de la guerra. El conflicto austral se extendió entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982. Dejó un saldo de 649 muertos argentinos y 255 británicos.
Las denuncias de los excombatientes consignan casos que no fueron producto de ningún ataque, batalla o enfrentamiento.
Los excombatientes disponen de un plazo de seis meses, a partir del día en que se emitió el fallo de la Corte Suprema de Justicia (19 de febrero) para elevar el caso ante la CIDH. “Se hará en el menor tiempo posible”, confirma Ernesto Alonso a Apro.
Los veteranos confían que la desclasificación de los archivos revelará gran cantidad de nuevos casos. Por lo pronto, a su regreso de las Malvinas, los soldados eran sometidos a un interrogatorio. Se les preguntaba por lo que habían vivido y visto y qué había pasado en las islas. Cada uno debía asentarlo por escrito. “En las Actas de Recepción, que nos hicieron firmar cuando volvimos de Malvinas, muchos compañeros, con mucha valentía –porque había que ser muy valiente para denunciar ese tipo de abuso durante la dictadura militar–, escribieron que habían sido torturados, dieron nombres y apellidos del oficial o suboficial, firmaron el acta, y al lado hay una firma de un militar, que da fe de eso”, explica Alonso.
Estas Actas de Recepción reviven las voces de los conscriptos hablando de maltratos y torturas. “Estuve 15 días sin comer. Sólo un mate cocido amargo (una infusión) por las mañanas. El sargento Vega me ordenó que me levantara a tomar la sopa y por no poder hacerlo por mi debilidad me pegó una trompada”, se lee en el acta de un conscripto de la provincia de Corrientes, internado a su regreso por desnutrición, según consignó Tiempo Argentino el 4 de abril.
“El trato con oficiales y suboficiales era malísimo –sostiene un conscripto del Regimiento 1 de Patricios–. Tanto el cabo 1º Schitane y el teniente Ferrer me pegaron tanto a mí como a mis compañeros. Me hicieron hacer cuerpo a tierra en el agua. A pesar de tener tres comidas diarias, era escasa y no satisfacía. Nos estaquearon y encima de eso nos cargaron (burlarse) e insultaron”.
Los soldados se veían obligados a robar comida de los depósitos para combatir el hambre y el frío. Silvio Katz volvió de la guerra con 20 kilos menos que cuando había partido. Tuvo suerte. Otros soldados sufrieron la amputación de extremidades debido al congelamiento.
“Me llevaron a un centro de rehabilitación en Campo de Mayo, era para engordarnos, para que no nos presentáramos ante la gente en el estado deplorable en el que estábamos”, cuenta. “Me quisieron hacer firmar un papel, en donde el Ejército se desligaba de todo lo que me había pasado y lo que me pudiera pasar por Malvinas –dice–. Me llevaban a una oficina donde había altos mandos y trataban de convencerme. Era como las películas, donde primero viene el ‘bueno’, después el ‘malo’, y te convencen por las buenas o te dicen: ‘Mirá que si no te puede ir mal a vos y a tu familia’. Yo les decía que peor de lo que me había ido era imposible”, cuenta Katz, quien se negó a firmar el acta.
Los militares ordenaron a los conscriptos el silencio absoluto sobre lo vivido. “Yo soy hijo de una persona que se escapó del Holocausto en Alemania, una persona que nunca habló del tema, murió sin tocar el tema –cuenta Katz–. Y yo estaba repitiendo la misma historia. Me costó mucho hablar de lo que había vivido. Era muy retraído”.
Verdad
El representante de los veteranos de guerra, Ernesto Alonso, cree que la denuncia será aceptada por la CIDH. “Confiamos, porque tenemos infinidad de pruebas para ser presentadas, para que se tome este caso de denegación de justicia –dice–.Ya no se trata de discutir si fueron crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra. Lo que nosotros pedimos es que se investigue si la acción de estos funcionarios del Estado (los militares) se ajusta a algún tipo de delito dentro del Código Penal”.
A su juicio, la tortura en las Malvinas tuvo un carácter sistemático. “No fueron casos aislados, no es que a un cabo o un sargento le agarró una locura, sino que esas mismas prácticas se realizaban durante el servicio militar obligatorio”, sostiene. “En Malvinas se estaqueaba a soldados detrás de la casa del gobernador, Mario Benjamín Menéndez. En todas la unidades militares que participaron en Malvinas hay por lo menos un hecho denunciado y comprobado”, sostiene.
El estaqueamiento tiene larga tradición en el ejército argentino. En el siglo XIX se lo usaba para ablandar a los gauchos que no querían enrolarse para pelear contra el indio.
Ernesto Alonso dice que a la guerra de las Malvinas no fue el ejército del héroe de la independencia, José de San Martín, sino el de los dictadores Leopoldo Galtieri y Jorge Videla.
“Estamos hablando de gente preparada para la represión bajo la doctrina de la Seguridad Nacional y no para la defensa de la soberanía –explica el excombatiente–. Los jóvenes de entonces éramos parte de su hipótesis de conflicto como enemigo interno. Durante el servicio militar te ponían una pistola en la cabeza y te decían que eras un subversivo, un civil. Con esas Fuerzas Armadas fuimos a Malvinas –recalca–. Pero no ponemos a todos en la misma bolsa. Los denunciados tienen nombre y apellido”.
Uno de los acusados es el actual inspector general del Ejército, Mario Dotto, ascendido varias veces durante los últimos años. Otro es el entonces subteniente Gustavo Malacalza, quien en 2007, con el grado de teniente coronel, era subdirector del Liceo Militar General San Martín. El ya mencionado Jorge Taranto conduce un programa de radio donde se habla de la guerra.
Al mismo tiempo que preparan la denuncia, los excombatientes afirman que la desclasificación de los documentos secretos redundará en un conocimiento más profundo de los hechos. El 2 de abril, Cristina Fernández anunció la creación del Archivo Oral de las Memorias de Malvinas. Su función será la de recabar los testimonios y memorias de quienes participaron de una u otra forma de esa guerra.
“Me parece una buena iniciativa –opina el excombatiente Silvio Katz–. Es dejarle el testimonio vivo a las próximas generaciones”.
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