El
26 de junio pasado, tres defensores de derechos humanos y de la Madre
Tierra, organizados en el Comité de Desarrollo Campesino (CODECA),
fueron secuestrados por agentes de la empresa distribuidora de
electricidad ENERGUATE (filial de la corporación británica ACTIS).
Luego, detenidos ilegalmente y encarcelados injustamente sin que
existiera orden de captura alguna en contra de ellos. Aquel acto
criminal fue consumado en la comunidad de Capellanía, Municipio de
Chiantla, Departamento de Huehuetenango, a unos 300 Km al noroeste de
la ciudad capital de Guatemala.
El encierro inmoral e ilegal de
Don Mauro Vay, de 60 años de edad, defensor incansable de derechos
humanos, fundador y coordinador nacional de CODECA; Doña Blanca Ajtún,
defensora de 36 años de edad, madre de hijas menores, Vice Presidenta
de CODECA; y Don Mariano García, dirigente local de su comunidad,
demuestra no sólo el grado de corrupción en el que naufraga el sistema
judicial de Guatemala, sino, sobre todo, a quién obedecen los
operadores de justicia en este país donde el cumplimiento de la Ley es
una excepción, y su trasgresión, una costumbre constante en el tiempo y
a todo nivel.
En estos tres meses del intento del
“descabezamiento” de CODECA (uno de los movimientos sociales más
activos y extensos de la Guatemala contemporánea), indígenas y
campesinos intentaron todos los mecanismos jurídicos establecidos para
liberar a sus defensores, pero el Juez de Primera Instancia, el
Tribunal de Sentencia, la Corte Suprema de Justicia y la Corte de
Constitucionalidad declararon improcedente todos los recursos. Las y
los afiliados de CODECA, acuerpados por la expresa solidaridad nacional
e internacional, se movilizaron en protesta legítima exigiendo la
libertad de sus defensores, pero la prepotencia y la “capacidad”
financiera de ENERGUATE pudo más que la básica racionalidad jurídica, y
el elemental sentido de dignidad y soberanía guatemalteca.
Así fue cómo estos tres heroicos defensores de derechos soportaron con
tesón y dignidad los 93 días de humillante encarcelamiento injusto. Día
tras día, semana tras semana, empobrecidos indígenas y campesinos los
frecuentaron en las cárceles. Unas veces, llevándoles comida. Otras
veces, noticias sobre la situación de la organización. Y otras,
únicamente en silencio, para nutrirse de las palabras sabias de sus
defensores mayores presos, a quienes jamás se los pudo quitar la
libertad interior. Incluso se vieron, por momentos, a embajadores de
estados europeos, a defensores internacionales de derechos humanos,
frecuentándolos en los presidios, porque el sentido de humanidad y la
defensa de los derechos no sufren fronteras.
Los liberan al no poder fabricarles pruebas, pero los ligan a proceso penal
Cumplido el período de la investigación concedida al Ministerio Público
(MP), el día lunes 29 de septiembre se celebró la audiencia intermedia
donde el Juez declaró la libertad bajo fianza a favor de los
secuestrados-encarcelados, y trasladó el caso al Tribunal de Sentencia,
aunque el expediente conclusivo de la investigación del MP, de cerca de
300 páginas, no muestra ningún elemento probatorio convincente, mucho
menos el cuerpo del delito, que ligue a los acusados con los delitos de
estafa y actividades en contra de la seguridad interna de la nación.
En el sistema judicial de Guatemala aún rige el principio de vox domini vox Dei
(la voz del patrón es la voz de Dios), por eso el juez de Primera
Instancia de Huehuetenango no se atrevió a sobreseer a los defensores,
porque ello significaba desobedecer la voluntad de ENERGUATE. Eso sí,
la empresa extranjera exigía cárcel permanente para los defensores
detenidos, o un millón de quetzales (cerca de 125 mil dólares) por la
libertad condicional de cada uno de los defensores encarcelados. Pero
los abogados defensores, jurisprudencia y Ley en mano, obligaron al
juez establecer una fianza económica de 20 mil quetzales (cerca de
2,500 dólares) por cada uno de los defensores encarcelados.
Lecciones que dejan este secuestro y encierro de defensores de derechos
En la violenta Guatemala neoliberal, el ejercicio de la defensa de
derechos es una de las dedicaciones más peligrosas. Especialmente
cuando los anti sujetos o predadores de derechos son corporaciones
internacionales. Éstos avaros son capaces de demoler cualquier
estructura jurídica, por más sólida que ésta fuese en su constitución
ética, cuando sus intereses económicos peligran.
Si las y los
defensores de derechos se articulan entre sí, a nivel nacional e
internacional, tejiendo multicolores redes de solidaridad efectiva, el
nefasto principio de vox domini vox Dei no siempre tiene
cabida. Si las comunidades organizadas, ante el secuestro y encierro de
sus defensores mayores, lejos de desbandarse perseveran, profundizan y
amplían las luchas, entonces, con el tiempo, las voces y las voluntades
de los pueblos son la voluntad de los dioses/as. La criminalización y
judicialización de las luchas sociales desgastan momentáneamente a los
movimientos sociales, pero también los fortalecen a la larga.
La cárcel de los patrones no come, ni corrompe a la gente digna. Mucho
menos a defensores de derechos convencidos de su misión. Don Mauro,
Doña Blanca y Don Mariano, al igual que muchos otros heroicos
defensores/as encarcelados, convirtieron la prisión en una escuela de
resistencia creativa para sí y para los demás. La espiritualidad y la
mística fecunda de la resistencia de las y los empobrecidos y saqueados
son el baluarte infranqueable contra el cual no pueden hacer nada los
heraldos de la muerte.
Finalmente, cuando nuestras luchas
sociales están fundadas y orientadas en los derechos humanos y los
derechos de nuestra Madre Tierra, la razón y la moral nos asiste.
Ellos, los demonios de la muerte, podrán prostituir a operadores de la
justicia. Podrán acopiar ingentes ejércitos de agentes civiles y
militares para anularnos. Podrán tener toda la fuerza física y el
dinero del mundo. Pero, mientras haya defensores con conciencia Tierra
y humana, jamás podrán derrotarnos/as.
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