El hallazgo el sábado de seis fosas en la localidad mexicana de
Iguala, en el Estado de Guerrero, ha conmocionado a México entero.
La Fiscalía sospecha que los 28 cuerpos que se han encontrado hasta
ahora seguramente son algunos de los 43 estudiantes de magisterio
desaparecidos el pasado 26 de septiembre en la misma ciudad.
Las autoridades también creen que la policía local está implicada en
el dramático suceso: acusa a los agentes de aliarse con un grupo
criminal para eliminar a los estudiantes
Iñaky Blanco, titular de la Procuraduría (Fiscalía) General de
Justicia del Estado de Guerrero, donde se encuentra Iguala, desveló la
trama pergeñada por los uniformados en connivencia con la organización
mafiosa Guerreros Unidos.
La investigación se basó en los sucesos sangrientos del pasado fin
de semana, cuando varias acciones represivas de la policía local
terminaron con seis muertos a tiros. Entre las víctimas hubo dos
personas que viajaban en el autobús de un equipo de fútbol juvenil y
una mujer. Ninguno de los tres tenía nada que ver con el conflicto.
Según Blanco, para rehacer el rompecabezas fue decisivo el
testimonio de los 22 agentes de seguridad pública de Iguala detenidos
tras los incidentes, que declararon “conscientes, orientados en tiempo
y lugar y persona”, y “sin lesiones externas recientes”.
Sus armas “todas fueron disparadas recientemente” y “se estableció
correspondencia” entre las municiones halladas en el lugar de las
muertes y las de los uniformados, que además dieron positivo en las
pruebas de radizonato de sodio (que permiten saber si han disparado por
los restos que queda en la piel de la mano).
Por ello, el fiscal anunció que se ha dictado formal prisión contra ellos.
Pero esa parece solo la punta del iceberg de una intriga en la que
podría estar involucrado el alcalde de Iguala, José Luis Abarca y su
secretario de seguridad pública, Felipe Flores, ambos en paradero
desconocido desde los sucesos violentos.
El primero tiene que responder a una orden de “presentación” y
Blanco ya ha anunciado que la fiscalía presentará ante el Congreso de
Guerrero un “juicio de procedencia” a efecto de que “se le retire el
fuero constituional que le protege”.
Contra el segundo, señalado por la fiscalía como uno de los mandos
que instruyó la detención de los estudiantes desaparecidos, hay una
orden de captura.
Junto a Flores, el director de Seguridad Pública municipal, Salgado
Valladares, es responsable de buscar a los aspirantes a maestros, que
pertenecían a la Escuela Normal de Ayotzinapa, mientras que el líder de
Guerreros Unidos, apodado Chucky, fue el que ordenó eliminarlos, afirmó
el fiscal.
También integraban esa organización criminal 30 efectivos de la
Policía Municipal Preventiva a los que el Ministerio Público busca,
denunció Blanco.
Gracias a sus indagaciones, la fiscalía guerrerense dio el sábado
con seis fosas en las afueras de Iguala, concretamente en un punto
denominado Pueblo Viejo.
Este domingo un portavoz del Gobierno estatal informó del hallazgo
de ocho cuerpos. Luego subieron a veinte, según la versión de una
fuente de la Secretaría de Salud de Guerrero.
Y por último se situaron en 28, entre los cuales “hay algunos
completos y otros fragmentados” y muchos presentan “signos de
calcinación” porque sobre los ellos “se colocó una cama de ramas y
troncos” a la que se prendió fuego “con gasolina y petróleo”, relató el
fiscal.
Blanco anunció que junto con los expertos mexicanos, intervendrán en
las labores forenses nueve especialistas de Argentina, encabezados por
Mercedes Doretti, perteneciente al Equipo Argentino de Antropología
Forense (EAAF).
Se espera que en un plazo de “entre quince días y dos meses” se pueda detallar la identidad de los cuerpos.
Temor en Iguala
Mientras se dilucida, el temor sigue latente en Iguala, como pudo
comprobar Efe en las calles de la localidad, donde todos los
testimonios que tomó sobre el terreno solicitaron mantener en reserva
sus nombres.
Un vecino de Pueblo Viejo comentó que ni vio ni escuchó nada la
noche del 26 de septiembre pasado, el día de los disparos y las
desapariciones.
“Nosotros solo vamos del trabajo a casa y de casa al trabajo”, apuntó escueto.
“Es una pena que haya tenido que pasar esto para que vengan a
ayudarnos”, dijo un taxista, mientras una recepcionista de hotel
denunciaba con la boca chica que “uno no puede confiar en la Policía
porque se sabe que son corruptos”.
Menos cautos, por razones obvias, se mostraron los familiares de los
estudiantes de Ayotzinapa, que en Chilpancingo, la capital de Guerrero,
bloquearon durante varias horas este domingo el tráfico en la Autopista
del Sol, que comunica esa ciudad con la capital mexicana y con Acapulco.
EFE
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