Niños migrantes, a merced de la pugna política en Estados Unidos

 David Brooks

Crece en Estados Unidos el número de organizaciones civiles y religiosas que exigen un trato digno y humano a los menores de edad que ingresan al país sin acompañantes. La imagen, en Los Ángeles. Foto Reuters

Los miles de niños centroamericanos y mexicanos que han cruzado la frontera en meses recientes no sólo enfrentan los peligros del viaje, sino la pugna política interna en Estados Unidos que no ofrece una solución a su éxodo.
La Casa Blanca se prepara para la reunión en Washington del presidente Barack Obama con sus contrapartes de Guatemala, El Salvador y Honduras este viernes para abordar el éxodo de menores de edad no acompañados, así como de madres con hijos, que ha sido calificada de crisis humana, pero que se ha vuelto también una crisis política para Estados Unidos en torno del siempre controvertido tema de la inmigración.
Altos funcionarios de la Casa Blanca afirmaron este jueves que la reunión continuará el diálogo para trabajar en conjunto ante el problema según el esquema de responsabilidad compartida a nivel regional. Enfatizaron entre las tareas más inmediatas la lucha contra las redes de traficantes, a las que acusan de generar la crisis en esta coyuntura al difundir el falso mensaje de que los menores de edad que logren cruzar la frontera tendrán un permiso para permanecer en Estados Unidos.
En teleconferencia con reporteros, los altos funcionarios de la Casa Blanca señalaron que la cantidad de menores de edad no acompañados capturados por la Patrulla Fronteriza está bajando, de un promedio de 355 al día en junio a 150 por día ahora, y que esto podría ser el resultado de varios factores, incluida la campaña de información oficial de Estados Unidos y los gobiernos centroamericanos que enfatizan los peligros del viaje, desmentir la idea de que se les permitirá permanecer, así como la intensificación de la lucha contra los traficantes de personas.
Aseguraron que la Casa Blanca sigue abordando el tema como una situación humanitaria y a la vez una lucha contra traficantes, y subrayaron que las autoridades tratan y protegen a los menores con respeto a sus derechos y con el debido proceso de ley para evaluar la situación de cada uno. Sin embargo, fue notable, por su ausencia, un enfoque sobre la violencia y la pobreza como factores en esta crisis, aunque se han mencionado anteriormente.
Los altos funcionarios confirmaron que continúan solicitando al Congreso la modificación de una ley o, en sus palabras, añadir flexibilidad, que en los hechos permitiría acelerar las deportaciones de los centroamericanos. De hecho, resaltaron que están de acuerdo con los legisladores republicanos sobre este punto, el cual implica modificar una ley promulgada por el presidente George W. Bush que otorga protecciones a menores de edad que emigran de países no colindantes con Estados Unidos.
Es por esa ley que, por ahora, los menores tienen que ser trasladados de la Patrulla Fronteriza al Departamento de Salud y Servicios Humanos dentro de 72 horas, y de ahí las autoridades los alojan en albergues mientras ubican familiares y tutelas con una cita para comparecer ante un tribunal migratorio, todo con la intención de asegurar que no son víctimas del tráfico de personas y evaluar si merecen refugio permanente.
Pero aún no hay consenso en Washington para enfrentar la crisis. El Congreso está a punto de suspender sesiones para sus vacaciones de cinco semanas empezando el 1º de agosto sin actuar sobre la solicitud de emergencia del gobierno de Obama de 3 mil 700 millones de dólares para ampliar los albergues y centros de detención, trasladar más agentes fronterizos y más jueces a la zona, entre otras cosas. El Departamento de Seguridad Interna ha advertido que muchas agencias abrumadas con este éxodo no contarán con suficientes fondos en septiembre sin la aprobación de la solicitud.
De hecho, el liderazgo republicano de la cámara baja presentó hoy su contrapropuesta, con una suma de menos de la mitad de la de Obama, 1.5 mil millones, la cual ordenaría el despliegue de la Guardia Nacional, elevaría aún más el financiamiento de la Patrulla Fronteriza y obligaría al gobierno federal a acelerar el proceso y deportación de menores de edad y familias que han ingresado ilegalmente al país. El líder de la cámara, el representante republicano John Boehner, declaró: yo quisiera actuar, tenemos una crisis humana en la frontera que tiene que ser abordada, y acusó a Obama de fallar en su trabajo con el Congreso para promover una solución.
Aunque no forma parte de esta contrapropuesta, otros legisladores y políticos republicanos aún demandan suspender la orden ejecutiva de Obama de acción diferida de deportaciones de jóvenes indocumentados que llegaron a este país como menores de edad antes de 2007. Los republicanos acusan que esa orden ejecutiva es en gran parte causante de esta crisis, ya que se envió el mensaje a otros países de que a los menores se les permitirá permanecer en este país.
Pero la pugna no es sólo entre los dos partidos, sino dentro de ellos. Por ejemplo, los líderes demócratas del Congreso se han declarado en contra de modificar, por ahora, la ley de protección para los menores de edad centroamericanos, a pesar de los deseos de la Casa Blanca, junto con legisladores latinos y progresistas que demandan que se respeten los derechos básicos de los menores según lo establecido tanto en la ley nacional como en la internacional.
Y es que este debate no se trata sólo de diferencias sobre cómo abordar la crisis, sino el uso de la crisis como un balón en el juego político-electoral. Vale recordar que se está acercando la recta final de las elecciones nacionales intermedias (donde está en juego toda la cámara y un tercio del Senado) en noviembre, y otros ya tienen sus miras en la contienda presidencial de 2016, y aquí casi ningún político se atreve a moverse sobre ningún tema, sobre todo el migratorio, sin tomar en cuenta la coyuntura político-electoral.
Mientras tanto, una creciente constelación de organizaciones comunitarias, agrupaciones de inmigrantes, defensores de derechos humanos y libertades civiles, y organizaciones religiosas por todo el país exigen un trato digno y humano a los menores de edad y respeto a sus derechos de acuerdo con la ley nacional e internacional, así como el fin del juego político con ellos.
(Tomado de La Jornada)