Este grupo de antiguos militares fue acusado de mantener su lealtad al entonces presidente Salvador Allende, quien se suicidó después del golpe de Estado.
Fuentes judiciales confirmaron el jueves que Mario Carroza se encargará del caso, en el que aparece el nombre de Alberto Bachelet, padre de la actual presidenta de Chile, Michelle Bachelet, quien murió en 1974 por esas atrocidades.
La indagatoria, adelantaron, comenzará por tres ex uniformados: Omar Maldonado, Álvaro Yáñez e Iván Rojas, y también, se reabrirán causas que estaban sobreseídas respecto a las torturas que recibieron los otros tres oficiales que acompañaban al general Bachelet: Ernesto Galaz, Jaime Donoso y Víctor Adriazola.
Tras denegarse el recurso que impusieron las víctimas ante la Corte Suprema de Chile, recurrieron a la CIDH, organismo que culpó al Gobierno de Santiago por no cumplir con su “obligación de ofrecer un recurso efectivo a las víctimas, para dejar sin efecto un proceso penal que tomó en cuenta pruebas obtenidas bajo tortura”.
Igualmente, la decisión de la CIDH implica que el Estado deberá entrar en un juicio que bien podría terminar con una sanción de carácter jurídico, y eventualmente, económico de reparación a las víctimas de los agravios sufridos en la Academia de Guerra Aérea (AGA).
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