Perú: Respuesta al artículo del diario "El Comercio"
En
un artículo publicado el viernes 24 de enero del 2014 en el diario "El
Comercio" , un consultor de las empresas mineras anunció, como si fuera
un descubrimiento sensacional, que los "antimineros" son financiados y
apoyados por organizaciones internacionales y personalidades políticas
francesas. Cabe señalar que las organizaciones mencionadas en el
artículo del 24 de enero son, por lo esencial, compuestas de personas
benévolas con escasos recursos económicos (nada que ver con las grandes
corporaciones que representa el autor del artículo). Por lo referente a
las personalidades políticas, todas tienen una gran implicación en la
defensa de los derechos humanos y del medio ambiente.
Al
parecer, este señor no entendía porqué organizaciones ecologistas y
organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos apoyaban
a estos "revoltosos antimineros" como él mismo les llamaba. Al parecer,
para este señor que tiene una larga carrera al servicio de los grandes
intereses mineros, defender el medio ambiente, los derechos humanos, el
agua y la vida es un delito, un delito tan grave que es necesario
denunciarlo y eso en todos los medios de comunicación posibles. No
obstante, para nosotros y para la mayoría de los seres humanos,
defender el medio ambiente, los derechos humanos, el agua y la vida, no
es un delito, sino un deber, un deber respecto a las generaciones
actuales y sobre todo, respecto a las generaciones futuras.
Entonces, cuando estas comunidades, amenazadas por unas grandes
corporaciones mineras, fueron atropelladas por la policía, no dudamos
en ofrecer nuestro apoyo. Además, los días 3 y 4 de julio del 2012, 5
personas resultaron muertas por disparos de la policía en los pueblos
de Celendín y Bambamarca, estas muertes de manifestantes indefensos,
provocaron una legítima indignación, en el Perú y también a nivel
internacional. De hecho la represión se ha detenido y el proyecto
minero quedó suspendido, lo que indica que la solidaridad nacional e
internacional es un elemento clave en la protección de las comunidades
amenazadas. Entonces, desprestigiar a la solidaridad internacional se
ha vuelto un objetivo para los asesores de las corporaciones mineras.
Eso explica en parte estos ataques, sin embargo, nuestra acción no es
un complot desde el extranjero como lo pretende el autor de aquel
controvertido artículo, sino un apoyo franco y desinteresado a
poblaciones acorraladas, las cuales deben enfrentarse solas a tremendos
intereses mineros y financieros que dispone de un poder desmedido.
Estas comunidades se encuentran solas, pese al supuesto amparo que les
proporcionan la Constitución, las leyes y el convenio 169 de la OIT que
el Perú ha firmado, de hecho no pueden aprovechar de esta protección
jurídica, puesto que, en lugar de amparar a esas poblaciones
amenazadas, el gobierno peruano prefiere apoyar a las grandes empresas
mineras y sigue desplegando importantes contingentes de la policía para
proteger las actividades de estas empresas. Es preciso subrayar que
esos efectivos policiales faltan ahora en las grandes ciudades donde la
delincuencia está aumentando. Cabe recordar también que esos efectivos
policiales dedicados a la protección de intereses privados, benefician
de la ley 30151 que les garantiza una total impunidad en violación
flagrante de todas las normas internacionales en materia de derechos
humanos.
Por todo ello, seguimos y seguiremos siempre
ejerciendo nuestro deber respecto a todas esas comunidades que ven su
vida y sus actividades amenazadas por intereses ajenos. Los
"antimineros" como se les denomina, no son culpables, son víctimas,
víctimas de un modelo económico destructivo cuya meta no es el
desarrollo del país, como se lo asevera en todos los medios oficiales.
Aconsejamos a todos aquellos que quieren ver los resultados de la
explotación minera a gran escala, viajar en las regiones donde han
operado o siguen operando este tipo de explotación, ahí podrían
enterarse por ellos mismos cuales son las consecuencias del modelo
económico impuesto en este país. Ningún canon minero va a poder pagar
los estragos que provoca la megamineria en la agricultura, en el medio
ambiente, en el turismo.
Ninguna regalía va a permitir la
recuperación de las tierras destruidas e inservibles, no son los
impuestos que pagan esas empresas, en su mayoría transnacionales, que
van a financiar la descontaminación de los inmensos botaderos tóxicos
que siembran y los tremendos gastos en término de salud pública que
implica esa contaminación.
Sepan que el 80% de las ganancias
sale del país. Se llevan el cobre, el oro y el petróleo y ¿Qué queda en
el país? Drenaje acido, contaminación con metales pesados, poblaciones
desplazadas en los suburbios sin posibilidad de volver a sus tierras
inservibles.
Dicen que la minería crea empleo, por un empleo
creado en la actividad minera, ¿cuantos se pierden en la agricultura,
en el turismo y otras actividades sostenibles? Los empleos mineros no
son duraderos ya que dependen de la duración de la explotación.
Además, un país, como es el caso del Perú, que depende de las materias
primas por más del 60% de sus exportaciones, depende por completo de
las fluctuaciones de los precios en los mercados internacionales, es
decir, que es un país que no es dueño de su destino, si los precios del
cobre bajan y si, al mismo tiempo, suben las tasas de intereses de la
deuda externa, el país se encuentra estrangulado.
Por todo
ello, seguimos y seguiremos siempre apoyando la resistencia a este tipo
de megaproyecto, porque los principales beneficiarios son extranjeros y
todas las víctimas de los estragos son peruanas.
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Enlace con el blog del Comité de solidaridad con Cajamarca y el
comunicado unitario frente la campaña difamatoria en la prensa contra
los ronderos de Cajamarca.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de los autores mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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