Sacha Unamuno
Un
tema se vuelve recurrente en las democracias contemporáneas: la
importancia de la opinión pública. El hecho de contar con sistemas
presidencialistas parece hacer a nuestras democracias más dependientes
de la imagen de gestión presidencial. Ahora bien, ¿es verdad que el
conjunto de la sociedad se ve seducido por los gestores de derecha? A
continuación analizaremos transversalmente la imagen de cada uno de los
mandatarios de la región cuyas políticas y discursos se ubican desde el
centro a la más extrema derecha para corroborar si es verdad que cuentan
con el beneplácito de las mayorías ciudadanas. Para ello recopilamos
los últimos sondeos sobre la imagen presidencial de cada mandatario en
América Latina.
La imagen de gestión de Mauricio Macri se encuentra en su peor
momento, de acuerdo al último sondeo de la Universidad de San Andrés y
luego de frenar la caída de su imagen tras en G-20 (realizado del 30 de
noviembre al 1 de diciembre de 2018), el 2019 se consolida como el
desplome de los números para el oficialismo.
Para las consultoras Gustavo Córdoba y Asociados, D’Alessio
Irol/Berensztein y Poliarquía, quienes también realizaron mediciones
mensuales, la imagen del presidente argentino confirma en todos los
casos la tendencia a la baja y lo que podría ser el piso de la coalición
de Gobierno, alrededor del 30% de adhesiones. En las encuestas, las
principales variables que operan sobre la imagen negativa o positiva
son: aumento de tarifas, inflación, desempleo e inseguridad.
La inflación del 2018 fue del 47,6%, la cifra más alta de los últimos
veintisiete años. La deuda pública llegó al 94,8% del Producto Interno
Bruto (PIB) durante el último trimestre del 2018, según datos oficiales
del informe “Presentación Gráfica de la Deuda Pública del Estado
Argentino”, publicado por el Ministerio de Hacienda.
De acuerdo a los datos del Observatorio de Deuda Social de la
Universidad Católica Argentina (UCA) sobre el tercer trimestre del 2018,
el nivel de pobreza en el país del sur es la marca más alta de la
década: 13,6 millones de personas bajo la línea de pobreza. Los nuevos
pobres son producto del combo devaluación, inflación y recesión. El jefe
de Estado había pedido que su gestión sea evaluada en base a la caída
de la pobreza. Los números hablan por sí mismos.
Al ser un Gobierno recientemente electo sólo contamos con la pesquisa
143° de la Confederación Nacional del Transporte (CNT), la cual muestra
que la evaluación positiva de su desempaño es de 38,7% (11% “muy buena”
y 28% “buena”) frente a un 29% que lo considera regular y 19,1% como
“malo” o “muy malo” en sus primeros tres meses de gestión.
En comparación con el resto de los gobiernos del siglo XXI la
aprobación para el primer trimestre de gestión es bajo con respecto al
primer mandato de Lula da Silva (2003) quien ostentaba un 56,6% de
calificaciones “buenas” y “muy buenas” y 49,5% de calificaciones
positivas en su segundo mandato (2007), y el de Dilma Rousseff en el
mismo periodo de su primer mandato, tras convertirse en la primera mujer
presidenta y obteniendo un 49,2% de calificaciones “muy buenas” y
“buenas”. Sin embargo supera la evaluación inicial del segundo Gobierno
de Dilma y el de su sucesor tras el impeachment, Michel Temer.
En cuanto a sus medidas destaca la polarización. Un 53% desaprueba la
posesión de armas frente a un 43% que lo avala; un 46% desaprueba la
reforma previsional mientras que un 43% la aprueba y, por último, la más
valorada de sus políticas es el paquete anticrimen de Sergio Moro, que
obtiene un 62% de apoyo frente a un 19% de rechazo.
Un dato significativo es que la imagen de Jair Bolsonaro por fuera
de su gestión alcanza el 57,5% de aprobación frente a un 28,2% de
desaprobación, lo que Boaventura de Sousa Santos calificó como la
“muerte democrática de las democracias”.
El principal punto de inflexión en la aprobación de gestión de
Sebastián Piñera es el impacto del asesinato de Camilo Catrillanca por
parte de Carabineros en el mes de noviembre, gracias a la mala
evaluación que la ciudadanía hizo del manejo gubernamental del hecho
(Piñera demoró más de un mes en destituir al jefe de la institución,
Hermes Soto, junto con una decena de uniformados). Esto puede verse
reflejado en el cambio de tendencia que registra Criteria Research, su
punto más bajo de aprobación (37%) y el más alto de desaprobación (51%).
Sin embargo, el jefe de Gobierno remonta esta tendencia en parte
gracias a la política internacional y su participación en Cúcuta
(Colombia) junto a Mario Abdo e Iván Duque para el “Aid Live por
Venezuela”.
El mencionado asesinato no es suficiente para explicar el descenso de
la aprobación de gestión en 2019 que, según el último registro de CADEM[6],
se encuentra en un 37% de favorabilidad frente a un 48% de
desaprobación en marzo de este año. A pesar de los intentos de distraer
los problemas internos con espectáculos internacionales, el desempleo en
Chile aumentó hasta el 6,8% mientras que la cesantía en las mujeres
alcanzó un histórico 7,5%, de acuerdo a las cifras oficiales de la
Encuesta Nacional de Empleo (ENE) del Instituto Nacional de Estadísticas
(INE)[7].
Por último, un tema que aparece recurrentemente a la hora de evaluar
negativamente a la gestión de Piñera es una ley aprobada que implica que
dentro de los próximos siete años las compañías distribuidoras de
energía reemplazarán los actuales medidores por “dispositivos
inteligentes”. Los medidores de consumo de electricidad hasta ahora eran
propiedad de cada cliente, pero el cambio tecnológico tendrá un costo
aproximado de mil millones de dólares –según cálculos de la Comisión
Nacional de Energía (CNE)- y lo deberán asumir los clientes a pesar de
que el nuevo medidor será de propiedad de la compañía.
A finales de 2018 la imagen negativa de Iván Duque había tenido un
importante repunte (64%) después de haber anunciado una reforma fiscal
cuyo impacto sería notable en las clases medias y bajas, por el aumento del IVA.
La entrada del 2019 y la postergación de la criticada reforma dio un
respiro a la lastrada imagen del mandatario. Esto sucede a partir de los
hechos que tuvieron lugar a principios de 2019, tras el atentado del
ELN contra la Escuela de Policía General Santander (que se saldó con la
vida de 22 jóvenes) el 17 de enero. Desde entonces, la imagen de Duque
comenzó a cambiar: la imagen negativa cae a un 56% y sube la positiva de
29 a 35%. En primer lugar, porque el atentado dio lugar a que su
Gobierno cerrara definitivamente los diálogos con el grupo guerrillero.
Esta decisión, estuvo orientada a satisfacer los intereses de su
electorado, caracterizado por apoyar las opciones guerristas propias del
uribismo. Además, dio por primera vez una muestra de liderazgo para un
presidente que era visto, incluso a la interna de su partido, como un
joven con escasa experiencia y poca capacidad de abanderar el uribismo. A
partir de entonces, el presidente Duque viene recuperando posiciones
entre su electorado; cuanto más se escora hacia la derecha, más baja su
imagen negativa –si bien cabe mencionar que la positiva se mantiene
estable en los dos últimos sondeos de febrero y marzo–.
Un factor que recientemente le ha abonado el crecimiento en las
encuestas es el liderazgo que ha tomado frente al proceso de
intervención avanzado sobre Venezuela en el mes de febrero y que
coincide con la imagen que los colombianos tienen del país vecino, según
la encuesta de de Invamer de febrero de 2018: el 59,2% aprueba la
manera como el Gobierno colombiano está enfrentando la crisis venezolana
y el 34% no la aplaude. Así mismo, el 53,3% de los encuestados dice
tener una imagen desfavorable de los migrantes que han llegado de ese
país y un 39,4% afirma tener una imagen positiva de ellos.
En Costa Rica, según el último sondeo de CID Gallup realizado en
enero de 2019, el 74% de los ticos y ticas cree que el Gobierno va en el
rumbo equivocado y el 60% desaprueba la gestión de Carlos Alvarado,
convirtiéndose en el presidente peor evaluado en 40 años[10].
Por su lado, la encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP-Universidad de Costa Rica)[11]
registró en el mes de noviembre de 2018 un 24% y 55% de aprobación y
rechazo, respectivamente. Es el peor punto de una tendencia a la mengua
de su figura pública, que no ha parado de caer desde agosto de 2018.
El caso fiscal y el escándalo por los nombramientos en el Ministerio
de Relaciones Exteriores incidieron en la imagen del mandatario tico, y
tampoco faltan quienes le pasan factura por el incumplimiento en su
compromiso de atender demandas específicas de ciertos sectores, como el
tema de protocolo de aborto impune o de potenciar acciones para el
matrimonio gay. Asimismo, la agenda de reactivación económica está muy
débil y el Gobierno está impulsando proyectos adversos, por ejemplo, la
ley del impuesto a las cooperativas. El alto desempleo y la percepción
de inseguridad también repercuten en la desaprobación de la ciudadanía.
En el caso de Ecuador la tendencia descendiente en la imagen del
presidente Lenin Moreno es constante desde mayo de 2018, como se muestra
en el cuadro de CEDATOS[12],
tras el efecto post campaña del referéndum y la consulta popular, con la
cual se modificó la constitución política impidiendo la reelección
presidencial y modificando la estructura del poder de participación
ciudadana, construida como mecanismo democratizador en la Carta
Constitucional redactada en Montecristi (2008).
Tres dimensiones de la política ecuatoriana parecen estar
conjugándose para definir ese descenso vertiginoso de Lenin Moreno. Una
dimensión producto de la baja capacidad de gobernabilidad que ha
demostrado el presidente, en tanto su liderazgo está cuestionado en
general. Los datos cualitativos y cuantitativos presentados por la
encuesta del Centro Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) realizada en
marzo de 2019[14], así lo
demuestran: el 59,2% considera que la situación del país es de
incertidumbre, enojo, miedo, resignación, caos; mientras sólo un 33,4%
considera la situación del país como esperanzadora, tranquila y de
confianza; sensaciones de desgobierno muy ligadas a la dimensión
económica del país y a la ruptura de Moreno con su mentor y mayor
elector, el expresidente Rafael Correa. El 55,4% de la opinión pública,
según la encuesta mencionada, piensa la gestión de Moreno como mala o
muy mala; y sólo el 34,4% la considera de regular a muy buena.
Respecto de la dimensión económica, el país volvió a los brazos del
FMI y del tutelaje norteamericano de la mano de Moreno, distanciándose
del programa progresista por el cual fue elegido -que prometía
continuidad al proyecto de la Revolución Ciudadana- y definiendo un giro
lo acerca más como ejecutor del programa de la derecha ecuatoriana,
encabezada por el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, y por el
excandidato presidencial Guillermo Lasso. Según la encuesta de CELAG, el
45,9% de los ecuatorianos piensa que el país está siendo gobernado por
los grupos económicos, el 26,9 % por los EE. UU., el 26,4 % por Jaime
Nebot y sólo el 25, 9% considera que Moreno tiene las riendas el país.
El empleo (70,9 %), la salud 45%) y la delincuencia (41%) son los
principales problemas del país según la opinión pública.
La encuesta de CELAG también muestra la tendencia ciudadana de apoyo a
la gestión del expresidente Correa: el 61,3% considera que fue muy
buena, buena o regular-buena, y un porcentaje alto volvería a votar por
él para la vicepresidencia (39,4%) o para la Asamblea Nacional (39,2%),
mientras sólo el 11 % del electorado volvería a votar por Moreno,
mientras que el 24 % votaría por un candidato afín a Correa. Una
situación que, al parecer, no tiene como referencia Moreno, ya que su
giro a la derecha continúa con la decisión de retirarse de la UNASUR y
con el empréstito recibido por el país del FMI que remarca la deriva del
Gobierno.
En septiembre del año pasado la gestión del presidente Jimmy Morales
cayó a su punto más bajo de aprobación de acuerdo al estudio de Opinión
Pública de CID Gallup, con un 32% de aprobación (“buena” y “muy buena”).
Esa percepción estaba marcada por la declaratoria de persona “non
grata” que el mandatario hizo a Iván Velásquez, cabeza de la Comisión
Naciones Unidas contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y toda la
campaña en contra el mandato de la CICIG. A ello se suma la protección
que dieron los diputados para evitar que fuera investigado bajo
sospechas de recibir financiamiento electoral ilícito para su campaña de
2015.
Sin embargo, su imagen recuperó algunos puntos en la primera medición
del 2019, si bien aún se encuentra en números rojos, y la imagen de
Jimmy Morales aparece incluso por debajo del expresidente Otto Pérez
Molina, quien está en prisión preventiva por casos de corrupción. La
evaluación positiva de su gestión es de un 22% frente a un 37% de imagen
negativa[15]. ¿Qué hizo para
recuperar su desgastada imagen? No faltan quienes consideran que la
clave podría estar en el apoyo evangélico, dado el respaldo del
mandatario al traslado de la embajada a Jerusalén, en sintonía con otros
líderes que profesan el mismo culto como Jair Bolsonaro o Donald Trump[16].
A pesar de ello, el tema que ha generado rispideces, la salida inducida
de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG),
es actualmente que es rechazada por el 58%, frente a un 34%, que apoya
la salida del tribunal para juzgar la corrupción[17].
En el caso de Honduras, el estudio de opinión pública #100 de CID
Gallup relevó una baja significativa de enero a septiembre de 2018. A
pesar de que no se cuenta con datos actualizados, Juan Orlando Hernández
(JOH) registra un 48% de desaprobación y un 41% de aprobación[19]. Entre las principales preocupaciones y problemas destaca la desocupación y el aumento del costo de vida.
El Gobierno encabezado por JOH, del Partido Nacional, profundizó el
deterioro institucional. Su primer mandato comenzó en 2014, estuvo
atravesado por distintos escándalos, como la comprobación de que recibió
financiamiento ilegal en la campaña electoral y sucesivos asesinatos de
activistas medioambientales entre las que destaca la líder indígena y
feminista Berta Cáceres. En 2017 forzó su reelección en abierta
contradicción con la Constitución Nacional, gracias a la complicidad de
la Corte Suprema. Un dato significativo es que, al ser consultados sobre
el grado de corrupción (en caso de haberla), la última encuesta de CID
Gallup registra que para el 82% hay “mucha”, frente a un 6% que
consideró “alguna” y un 6% “poca”.
Los comicios de 2017 estuvieron signados por largas demoras en el
escrutinio, donde el mandatario comenzó perdiendo y lo terminó ganando[20].
El sondeo de opinión pública “Percepciones sobre la situación hondureña
en el año 2016″, realizado por la Compañía de Jesús indicaba que el
73,1% desconfiaba de la transparencia de las futuras elecciones, 38,9%
afirmaba tener “poca confianza” y un 34,2% directamente “ninguna”. A
raíz de estos resultados se realizaron protestas masivas durante los meses de diciembre 2017 y enero 2018.
Las próximas elecciones generales en Panamá se llevarán a cabo el
próximo 5 de mayo y en ellas se elegirá al próximo presidente. Los
niveles de desaprobación del actual mandatario Juan Carlos Varela lo
convierten en el peor valorado de la región, de acuerdo al último sondeo
de CID Gallup alcanzó el contundente 75% en el mes de enero mientras su
aprobación fue del 20%. La principal causa de su desaprobación es la
corrupción; de acuerdo con un reciente capítulo panameño de
Transparencia Internacional (TI), Panamá aparece entre los países con
mayor percepción de corrupción al cierre de 2018[22].
Si bien es cierto que la mayoría de los presidentes panameños ven
disminuida su aprobación al concluir su gestión, el actual mandatario
Varela es el líder con peor evaluación popular desde el retorno a la
democracia en 1990, superando a Mireya Moscoso, también del Partido
Panameñista. La encuesta también revela que la mayoría (83%) considera
que con el Gobierno de Varela el país lleva un rumbo equivocado[23].
Otro estudio, realizado en este caso por la consultora StratMark,
reveló la desaprobación entre octubre y diciembre de 2018. Los
resultados de este estudio de opinión indican que al menos el 83,1 % de
las personas encuestadas desaprobaban la gestión de Varela el pasado
diciembre, mientras que el 12% lo aprueba y un 4,8% no sabe o no estaba
disponible al momento de realizado este análisis. El incremento en el
rechazo a la forma como el mandatario está manejando el país puede
compararse con los resultados de octubre pasado el nivel de
desaprobación era de 79,4%, el de aprobación era de 13%. Estos
resultados se contraponen al análisis de la situación del país, en cuyo
sondeo se observaba una leve mejoría en el periodo analizado[25].
En Paraguay prácticamente no hay datos sobre la aprobación del actual
mandatario, Mario Abdo Benítez, quien asumió en 2018. Los únicos datos
disponibles corresponden a la consultora ICA-Gallup[27],
cuyo sondeo fue realizado en el mes de diciembre y en donde Abdo
alcanza 30,1% y 40,9% de aprobación y desaprobación, respectivamente, de
su gestión.
La efervescente popularidad parece agotársele a Martín Vizcarra.
Paradójicamente la corrupción, que le valió su vertiginoso crecimiento
en la opinión pública, se le ha vuelto en contra a raíz de las denuncias
que lo involucran con el llamado “club de la construcción”. De acuerdo
con los últimos sondeos del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), IPSOS y
DATUM, su favorabilidad cayó por segundo mes consecutivo, a pocos días
de cumplir un año de Gobierno.
En su primer año la imagen del mandatario peruano fluctuó, pero logró
una gran favorabilidad gracias a la “lucha contra la corrupción”, el
encarcelamiento de la principal lideresa de la oposición, Keiko
Fujimori, y las reformas institucionales sometidas a referéndum en
diciembre de 2018. Sin embargo, esto no le evitó ser salpicado por el
caso Odebrecht ya que una empresa a nombre suyo y de su hermano -C y M
Vizcarra S.A.C.- se vio favorecida por realizar contrataciones de
alquiler de máquinas para la construcción al consorcio Conirsa, liderado
por la constructora brasileña. Además, el mandatario se encuentra
investigado por presuntos aportantes falsos a la campaña de Kuczynski,
de los que se sospecha podría haber estado al tanto ya que el actual
mandatario fungió como jefe de campaña de PPK. Aún así, su imagen
positiva supera la negativa y constituye en récord de favorabilidad en
la región.
El actual mandatario buscó un nuevo giro para solventar la tendencia a
la baja de su popularidad como gestor y el pasado 12 de marzo presentó
un nuevo gabinete ministerial encabezado por el ex actor, director de
cine y político peruano, Salvador del Solar. El impacto del cambio en el
Ejecutivo no ha sido medido por las encuestadoras, ni siquiera por
Datum, que presentó su último sondeo previo al anuncio de la nueva
cartera de ministros.
A excepción de Guatemala que aun con el cambio de tendencia registra
el 50% de desaprobación de gestión, todos los países analizados arrojan
como saldo una tendencia a la baja. Y, salvo Perú (56% de
favorabilidad), en todos los demás casos (Guatemala incluida) la imagen
negativa de gestión supera la positiva. El caso más extremo de rechazo
lo registra Panamá donde entre un 75% y un 83% -según la medición-
desaprueba la gestión de Varela.
En el Cono Sur puede observarse una aprobación inicial en los casos
de Piñera y Macri, quienes dilapidaron dicho apoyo y ya presentan
números adversos. Resta saber qué sucederá con las aprobaciones de
Bolsonaro y Abdo pasado el efecto “luna de miel” de los inicios de
gestión.
Un recurso común al que parecen apelar los mandatarios para
incrementar su favorabilidad ante la opinión pública es la confrontación
con los gobiernos progresistas, tanto locales como regionales. La
polarización parece ser redituable a la hora de obtener el favor en los
sondeos. Dicha lógica opera para las figuras de Iván Duque en Colombia,
Piñera en Chile y Bolsonaro en Brasil, todos gobiernos que asumieron su
cargo en 2018 (al igual que el reemplazo de Vizcarra, quien en marzo de
2018 llegó a la Presidencia tras la renuncia de Pedro Kuczynski). Aún
así esta lógica tiende a perder efectividad conforme avanza el tiempo.
En el caso de Macri (Argentina), la fórmula de la confrontación sirvió
durante la primera mitad de su gestión, pero luego mostró sus límites.
Una tendencia similar se corrobora en Chile.
La opinión pública no es un dato objetivo y se encuentra mutuamente
imbricada con uno de los temas claves de las democracias contemporáneas:
la proliferación de la llamada “posverdad”. Si bien las falsas promesas
de campaña han sido parte del ethos de la política, en la
actualidad las astucias de la desinformación generan la
sentimentalización de las decisiones políticas y la fragmentación la
opinión pública, lo que se evidencia en el apoyo a candidatos que
promueven medidas tendientes a un populismo punitivo azorando
rivalidades nacionales, raciales, de clase o género, y cuyo discurso
logra hacerse adeptos en la opinión pública. Sin embargo, también
evidencia sus limitaciones a la hora en que la ciudadanía evalúa sus
condiciones objetivas de vida. No solo los electores son cada vez más
volátiles, también sus opiniones.
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