Caminando al “fondo” y a la “derecha”
“Cuando una nación está en crisis, el FMI toma ventaja y le exprime hasta la última gota de sangre. Prenden fuego, hasta que finalmente la caldera explota. Han condenado pueblos a la muerte. No les preocupa si la gente vive o muere. Las políticas socavan la democracia (...) es un poco como la Edad Media o las Guerras del Opio”(Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía 2001)
En 2008 el Fondo Monetario Internacional (FMI) suspendió su revisión anual de la economía ecuatoriana luego de que
entre abril y junio de 2007 tanto esta institución como el Banco
Mundial (BM) fueran expulsados del país por parte del entonces
presidente Rafael Correa . Pasaron los años. En 2014 -con un precio
del petróleo que bordeaba los 100 dólares por barril- cuando el
discurso correísta de soberanía ya era puro cuento y el Gobierno demandaba más y más recursos para sostener la fachada del -tan promocionado e inexistente- “milagro económico”
, Rafael Correa retornó al redil del FMI y consiguió su bendición para
colocar bonos en el mercado financiero internacional. Desde entonces,
con el aval inicial del Fondo, contratacó una vez más “la deuda eterna” . Asimismo, y sin vergüenza alguna, el Gobierno de Correa permitió que el FMI retome su revisión de la economía del país . Luego, en julio 2016 el FMI entregó un crédito de 364 millones de dólares
para “estabilizar la balanza de pagos” ecuatoriana, crédito que el
correísmo infamemente presentó como necesario para enfrentar la tragedia
causada por el terremoto del 16 de abril.
Ahora, en marzo de
2019, y gracias al morenismo, el Ecuador consolidó su retorno al
“fondo”: el directorio del FMI concretó una línea de crédito por 4.200
millones de dólares por entregarse a lo largo de tres años, con un
desembolso inmediato de 652 millones. Con dicho crédito el FMI apoya el
programa económico del Gobierno de Lenín Moreno que, según la Directora
Gerente del fondo, Christine Legarde, busca: “
reducir la relación deuda / PIB a través de una combinación de un
reequilibrio de la masa salarial, una optimización cuidadosa y gradual
de los subsidios a los combustibles, una re – priorización del gasto de
capital y bienes y servicios, y una reforma fiscal ”.
Así,
tomaron un poco más de cuatro años -entre 2014 y 2019- para que -de la
mano de correístas, morenistas y demás grupos que gobiernan tras
bambalinas- el futuro de nuestro país tenga de nuevo un aroma de pasado;
el aroma fondomonetarista y de otros conocidos organismos
multilaterales. En efecto, Lenín Moreno en su momento anunció
que el acuerdo con el FMI abriría la puerta de nuevos créditos por
6.700 millones de dólares del Banco Mundial, la Corporación Andina de
Fomento (CAF), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Fondo de
Reservas Latinoamericano (FLAR). De esos recursos, 4.600 millones se
desembolsarían en 2019, 3.150 millones 2020 y 2.500 millones en 2021.
Del monto total por recibir, que llegaría a unos 10.200 millones de
dólares, 3.500 millones serían para proyectos (todavía no especificados)
mientras que 6.700 millones serían de libre disponibilidad. Ni las
condiciones ni las características de dichos créditos aún han sido
difundidas en detalle.
Por cierto, aunque el entreguismo a los
multilaterales es cada vez más evidente, Lenín Moreno anunció el acuerdo
con el FMI y con los demás organismos en un tono de total surrealismo:
se salvaría la dolarización y hasta la democracia; los recursos
prioritariamente servirán para inversión social; se generarían nuevas
oportunidades de trabajo y empleo para quienes aún no encuentran un
puesto estable; habría más seguridad para cumplir con los bonos para
personas de la tercera edad; pagos más expeditos para proveedores,
municipios, universidades y anticipos para el inicio de obras;
aseguramiento de la construcción de escuelas, hospitales, carreteras...
En pocas palabras, Moreno quiso dorar la píldora del endeudamiento
multilateral vendiéndola casi como una salvación.
Si
bien algunos podrían afirmar que el FMI ya no es el mismo de antes y que
ha aprendido de sus errores del pasado, el argumento no parece del todo
creíble. Pensemos, por ejemplo, la compleja realidad que tienen países
como Grecia o Argentina, en donde la intervención del Fondo no solo que
no ha impedido el recrudecimiento de las crisis, sino que incluso ha aplastado a la propia idea de democracia . En contraste, se puede ver el avance -también con matices- que ha tenido Portugal al dejar de lado las recetas fondomonetaristas .
En fin. El caso es que el Ecuador se encamina a vivir un futuro cuyo
horizonte evoca a un pasado crítico cada vez más evidente e intenso.
Justo por ello, podemos recurrir a un repaso histórico para tratar de
anticipar ese futuro, que ya tiene mucho presente como veremos más
adelante.
El poder de organismos no democráticos
Como resultado de los acuerdos de Bretton Woods,
en 1944 se creó el FMI originalmente para enfrentar los problemas
coyunturales de la balanza de pagos, así como regularizar y estabilizar
las relaciones monetarias y financieras de sus países asociados. Pero,
con el tiempo, el FMI fue incursionando en campos más amplios y de largo
plazo, confundiendo sus espacios de acción con los del Banco Mundial.
Este último, resultado también de Bretton Woods y creado para ofrecer
soluciones estructurales a los países devastados por la segunda guerra
mundial, fue asumiendo el financiamiento de proyectos de desarrollo con
los cuales empezó a aplicar las “condicionalidades” de tipo coyuntural y
de política económica de corto plazo.
Recién a fines de los
años cincuenta y, sobre todo, en la década de los sesenta el FMI empezó a
orientarse sistemáticamente hacia los países subdesarrollados con
dificultades en sus balanzas de pagos (dada esa finalidad específica de
los créditos, no pueden compararse simplonamente con créditos de la
banca multilateral o privada, ni con colocaciones de bonos y facilidades
petroleras). Desde esos años, los países latinoamericanos comenzaron a
recurrir con más frecuencia al endeudamiento externo para financiar sus
programas de industrialización. Ya en aquella época desarrollista, se
fue institucionalizando el sistema de condicionalidades, paulatinamente
endurecidas.
A su vez, el FMI devino en defensor fundamental de
los intereses de los grandes acreedores internacionales, en particular
de los Estados Unidos (como demostró el Informe Metzler
del congreso estadounidense). Ejemplo claro de ello es la distribución
de poder al interior del Fondo: de los 24 miembros que componen el Directorio Ejecutivo del multilateral
, apenas 7 países poseen su propio representante (Estados Unidos,
Japón, China, Alemania, Francia, Reino Unido y Arabia Saudita); los 17
miembros restantes son bloques (por ejemplo, Ecuador pertenece a un
bloque de 11 miembros que es liderado por Brasil). Para colmo,
apenas tres países, EEUU, China y Japón tienen el 28,76% del total de
participación en el FMI por su cuota de aportes al organismo .
Bajo esta lógica de un organismo mundial nada democrático, el Fondo ha
consolidado un mensaje genérico que suele venderse como recetario para
“enfrentar” los problemas de países altamente endeudados, pero que en la
práctica termina siendo un mero andamiaje encargado de asegurar que
esos países paguen sus obligaciones a los acreedores internacionales
incluyendo al propio FMI. Y, de paso, con sus políticas el Fondo y sus
seguidores pretenden instaurar una economía de libre empresa (gran
empresa, se entiende), cada vez más ajustada a las demandas del capital
transnacional y más desconectada de las realidades concretas y los
problemas estructurales de los países.
En resumidas cuentas, ese mensaje fondomonetarista -muchas veces expresado en las llamadas “Cartas de Intención” (¿o de sumisión?)-, apunta generalmente a:
- Reducir los gastos fiscales a través de medidas de austeridad como:
Eliminar subsidios así estén dirigidos al apoyo de la industria local, la agricultura o los sectores populares.Reducir la masa salarial pública generalmente con menos personal (sin ajustar radicalmente las escalas salariales de la burocracia dorada).Reducir la inversión pública (pudiendo incluir hasta a la inversión social), creando espacios para la privatización.Eliminar exoneraciones y demás incentivos tributarios que beneficien a la gran mayoría de la población.
- Incrementar los ingresos fiscales sin afectar a los que más tienen a través de:
Ampliar la recaudación tributaria regresiva, es decir, no se carga de más impuestos a los que más tienen sino a la población en general (p.ej. aumentando el IVA)
- Liberalizar cada vez más la economía promoviendo:
Apertura comercialLiberalización de los sistemas financierosMayor flexibilización laboral.
- Mantener una visión monetarista-fiscal de la inflación, lo cual motiva a promover un “presupuesto equilibrado”.- Desalentar las nacionalizaciones y cualquier emprendimiento estatal en la producción, fomentando más bien la privatización de los activos públicos.- Ajustar y hasta privatizar la seguridad social.- Crear un clima propicio a la libre empresa y a la inversión extranjera.- Devaluar la moneda y establecer un tipo de cambio único y libre (medida no necesaria en una economía dolarizada…)
En síntesis, la típica fórmula mágica del neoliberalismo para
alcanzar el desarrollo a través de más mercado y menos Estado. Una
fórmula que, por cierto, ya probó el Ecuador en el pasado y fracasó...
Un pasado cargado de un futuro preocupante
Desde la primera asesoría que el FMI diera en 1949 al Gobierno de galo
Plaza Lasso a la fecha hay una larga relación del Ecuador con el Fondo.
Una relación marcada sobre todo por las recurrentes crisis de la
economía del país, las cuales a su vez son altamente dependientes de los
vaivenes del mercado capitalista mundial.
Históricamente el
Fondo acompañó al país desde la crisis bananera de fines de los años
cincuenta y principios de los setenta del siglo pasado, hasta 1972,
cuando empezaron las exportaciones de petróleo amazónico y emergió el
primer boom petrolero (primer ciclo fondomonetarista). Reapareció con
fuerza con la crisis de la deuda externa en 1982 y su sombra nos
acompañó hasta 2007 (segundo ciclo fondomonetarista), cuando llegó el
segundo boom petrolero que le permitió al correísmo enfrentar al Fondo.
Sin embargo, -como ya se anotó- la separación duró solo hasta 2014,
cuando el propio correísmo volvió al FMI, retorno consolidado en 2019
por el morenismo (tercer ciclo fondomonetarista).
Tanto en el
primero como en el segundo ciclo fondomonetarista, las políticas
exigidas por el FMI no resolvieron los problemas, es más, muchas veces
los ahondaron. De hecho, el paso del FMI por el Ecuador y su fracaso
histórico está muy documentado. Y, aun así, hacia el mismo camino apunta
el Ecuador del tercer ciclo fondomonetarista. Basta con que dejemos que
la historia hable...
Empecemos esa historia [1]
recordando que, al entrar a la década de los sesenta del siglo pasado,
declinaron la bonanza bananera y de las exportaciones de cacao y
café. Como siempre, los sectores populares fueron los primeros
en sufrir el impacto de la crisis. Hubo huelgas y reclamos, que
culminarían -como en 1925- en una masacre en Guayaquil, en junio
de 1959, en el primer gobierno socialcristiano. Dicho Gobierno
buscaba mantener la fachada del progreso y de la democracia
formal, con los mismos argumentos que tantas veces se han
esgrimido al justificar el uso de medidas económicas
antipopulares (práctica que se mantiene hasta la fecha, solo
recordar el anuncio surrealista de Moreno respecto al último acuerdo con
el FMI).
Buscando equilibrar los déficit externos y,
como se afirmaba en ese entonces, para “consolidar el sistema
constitucional” -es decir la democracia- en 1958 el país se
aproximó al FMI. Sin embargo, ante el creciente malestar popular, el
Gobierno del socialcristiano Camilo Ponce Enriques se negó a devaluar el
sucre como exigía el FMI. Sería el cuarto Gobierno de José María
Velasco Ibarra el que tomó esa medida, lo que contribuyó a su
desestabilización y derrocamiento en noviembre de 1961.
Desde entonces, en tanto se agudizaba la crisis económica y
política, el Ecuador recurrió una y otra vez al apoyo
financiero del FMI, contratando nueve créditos contingentes o stand by:
junio de 1961; junio de 1962; julio de 1963; julio de 1964; julio
de 1965; julio de 1966; abril de 1969; septiembre de 1970; julio de
1972, este último obtenido a pocos días de que zarpara el buque-tanque
Ana Cortez de la Texaco iniciando las exportaciones ecuatorianas de
petróleo amazónico.
Así, durante el primer ciclo
fondomonetarista la vida del país se caracterizó por exportaciones
mermadas, crisis económica-política, créditos contingentes del
FMI y sus recetas recesivas, todo lo cual desestabiliza
continuamente el precario esquema democrático. Dicho ciclo largo
de sumisiones al FMI concluiría en agosto de 1972 cuando empezó la
exportación de crudo oriente. Paradójicamente entre la bonanza petrolera
y el endeudamiento externo agresivo de entonces con la banca privada
internacional -no registrado antes en el Ecuador- desapareció
directamente de escena el FMI; aunque, tras bambalinas, el Fondo, el
Banco Mundial y otros organismos alentaron dicho endeudamiento, algo
útil a las demandas de acumulación del capital transnacional.
Luego, en el contexto de la suspensión de pagos de la deuda externa
hecha por México el 17 de agosto de 1982, al igual que otros países
latinoamericanos, el Ecuador entró en moratoria. Desde entonces el país
abrió la puerta a continuas negociaciones de su deuda externa con los
acreedores internacionales, incorporando cada vez con más profundidad
las recomendaciones y condicionalidades del capital financiero
internacional, formuladas y presionadas por el FMI y el Banco Mundial;
organismos con gran poder e influencia al margen de cualquier control
democrático.
Dicho poder del FMI y del Banco Mundial no radica
tanto en el monto de sus créditos, sino en la atención prioritaria que
se daba -y se sigue dando- a sus exigencias de ajuste estructural, en
sus condiciones crediticias determinantes para el manejo económico de
los países deudores, y en su capacidad para influir en la renegociación
-y hasta en la ampliación- de la deuda externa. A la par de las
presiones fondomonetaristas -enmarcadas en el Consenso de Washington-
aparecieron con enorme crudeza en el país los problemas estructurales
que en la etapa petrolera se habían mantenido relativamente ocultos.
Desde 1983, el Ecuador, afectado por la crisis, oficialmente entró a su
segundo ciclo fondomonetarista al suscribir varias “Cartas de
Intención” con el FMI, para obtener los créditos que dejaron de fluir
masivamente como en años anteriores. Así, durante la “larga noche
neoliberal”, el país consiguió -otra vez- nueve créditos stand by:
julio de 1983, marzo de 1985, agosto de 1986, enero de 1988, septiembre
de 1989, diciembre de 1991, mayo de 1994, abril de 2000 y febrero de
2003. Por cierto, el país recibió solo en dos ocasiones todos los
desembolsos previstos. En este lapso el Ecuador consiguió también tres
préstamos de “financiamiento compensatorio” del mismo Fondo: noviembre
de 1983, agosto de 1986 y enero de 1988. Asimismo, el país recurrió en
repetidas ocasiones al financiamiento del Banco Mundial, cuyos préstamos
para el “ajuste estructural” y el “ajuste sectorial” fueron poderosos
mecanismos para forzar el neoliberalismo y agravar sus efectos, tanto
como para profundizar el extractivismo minero, por ejemplo.
En
este segundo ciclo fondomonetarista el país arrancó una tortuosa marcha
de (ajustes interminables. Los desequilibrios macroeconómicos se
agudizaron por los efectos recesivos de los mismos ajustes y de la
crisis de la deuda externa; la rigidez y dureza de los acuerdos
alcanzados -muchas veces desde previsiones erróneas del propio FMI o del
Banco Mundial- hasta impidieron cumplir las propias “Cartas de
Intención”.
Las políticas económicas aplicadas buscaron
enfrentar los desbalances fiscales y externos con salidas de mercado. La
inflación se volvió un tema central, que fue tratado con un esquema
recesivo enfocado a reducir el consumo y la inversión, pero garantizando
la acumulación del capital. Mecanismo aplicable solo con la contracción
de los salarios y el ahondamiento de los extractivismos, sobre todo
petrolero y agrario (con el consiguiente deterioro de la Naturaleza).
Como resultado, cayó la participación de los salarios en la distribución
de la renta nacional a mínimos históricos (de aproximadamente 30% del
PIB a aproximadamente 15%, hasta que la información dejara de
publicarse). Todos estos elementos, reflejo de una drástica
flexibilización laboral, comprimieron aún más -el de por sí limitado-
mercado interno, que sufrió también un desempleo creciente y un
debilitamiento sistemático de las organizaciones sindicales
(debilitamiento cuyas secuelas se viven hasta la actualidad, y que fue
agudizado durante el correísmo).
Entre los responsables del
ajuste, además de los sucesivos gobiernos y grupos de poder, están los
organismos multilaterales, que devinieron en verdaderos gestores de la
política económica ecuatoriana. Por ejemplo, es ineludible la
responsabilidad de estas entidades en la crisis financiera de los años
noventa, a la cual se llegó como resultado de la liberalización
fondomonetarista y que se agudizó al crearse la Agencia de Garantía de
Depósitos (AGD) por presiones del Banco Mundial. Otro ejemplo, entre
otros, fueron los condicionamientos del FMI para capitalizar bancos
locales quebrados.
Este proceso de (des)ajuste neoliberal fue
conflictivo, tortuoso, interminable, y se agravó por la presencia y
recrudecimiento de los ancestrales pesos del “subdesarrollo”. Todo esto
en medio de un ambiente marcado por la corrupción.
Por recordar
apenas un eslabón de esta larga y pesada cadena de ajustes, en
enero de 1994, el gobierno de Sixto Durán Ballén aprobó una de las
mayores alzas de los precios de los combustibles derivados del
petróleo –la gasolina extra subió 71%– y dispuso al mismo
tiempo su “flotación”, según un complejo y contradictorio
reglamento que ratificó la condición fiscalista de estos
precios para recoger automáticamente los recursos que
requería el servicio de la deuda. Instrumentada esta
condición, impuesta por el FMI para que su Directorio
Ejecutivo apruebe un crédito contingente, el gobierno
nacional presentó una nueva “Carta de Intención”, en marzo de
1994. En esa ocasión la “carta” fue más allá de los tradicionales
objetivos de corto plazo. En ella, el gobierno descubrió el
contenido real de la “modernización” del Estado: la
privatización de las telecomunicaciones, los
hidrocarburos y el sector eléctrico; así como la reforma del
sistema de seguridad social, del mercado de trabajo y de las
leyes laborales. Por igual se comprometió a modificar la ley
de régimen monetario y a poner en vigencia la ley que
liberalizó a las entidades financieras. Con todo ello, el
gobierno de Durán Ballén, en 1994, consiguió renegociar la deuda
en el marco del Plan Brady. Según Abelardo Pachano
–experimentado renegociador de la deuda ecuatoriana y un
alto funcionario de los gobiernos democristiano y
socialdemócrata–, el equipo gubernamental “bailó al compás
que nos tocó la banca”.
En ese período se conformó el Consejo
Nacional de Modernización (CONAM) y se expidió la Ley de
Modernización del Estado. Además, se dieron múltiples reformas
jurídicas y se expidieron nuevas normas legales para forzar la
liberalización financiera, como la Ley General de Instituciones
del Sistema Financiero: recomendada fuertemente por el FMI. Con
estas medidas se sentaron las bases para la grave crisis del torna
siglo. Por cierto, la consolidación de esas crisis no fue homogénea,
basta recordar, por ejemplo, la introducción del impuesto del 1% a
la circulación de capitales en 1999, impulsada por el entonces
diputado Jaime Nebot y que ocasionó la oposición del propio FMI y el
desconcierto en un gobierno inspirado por el pensamiento
fondomonetarista.
Ese Gobierno, que tenía a Jamil Mahuad
de presidente, golpeó reiteradamente la puerta del FMI. Previo a
obtener un préstamo en el año 2000, el Ecuador, que ya había
adoptado la dolarización oficial, se vio forzado –a través del
Congreso Nacional– a introducir varias reformas legales en el
marco de la “Ley Fundamental para la Transformación Económica
del Ecuador” (Ley Trole 1). A las pocas horas de aprobarse dicha
Ley, el FMI obligó a que se introduzcan nuevas enmiendas,
incluyendo medidas para reestructurar el sistema
financiero. En esta Ley Trole 1 se aprobaron la dolarización
oficial, reformas para flexibilizar más el mercado de
trabajo, esquemas privatizadores de las
telecomunicaciones y de las compañías generadoras y
distribuidoras de electricidad, la concesión para construir
nuevos oleoductos por parte de empresas privadas, así como
nuevas reformas en el sector financiero. Entre las imposiciones
del FMI se estableció la superación inmediata de la moratoria
de la deuda externa bilateral y comercial, así como el alza de
los precios de los combustibles derivados del petróleo,
incluyendo el gas doméstico. Entre los indicadores
estructurales destaca la reforma tributaria (especialmente
el alza del IVA, reducción del impuesto a la renta, así como
nuevos impuestos a los combustibles).
Junto a las
condiciones fondomonetaristas, el Banco Mundial estableció
varias restricciones y recomendaciones en el marco de un
préstamo para el ajuste estructural, incluyendo medidas
punitivas si el Ecuador no cumplía con lo acordado. La primera
condición del Banco Mundial no fue seguir solo sus
lineamientos, sino también los del FMI.
Lucio Gutiérrez
también se apegó desde el inicio a la receta fondomonetarista. Atrás
quedaron los ofrecimientos de cambio hechos en campaña. El coronel, cual
si no tuviera quien le escriba, firmó otra “Carta de Intención” con el
FMI apenas inició su gestión, días después acordó un programa de
reformas estructurales con el Banco Mundial y recortó drásticamente la
inversión social efectiva. Este acuerdo no se cumplió totalmente pues el
Congreso Nacional no dio paso a las pretensiones del FMI sobre todo
para ampliar la flexibilización laboral.
En resumidas cuentas,
entre los dos ciclos fondomonetaristas vividos, el primero entre inicios
de los años sesenta hasta inicios de los setenta, y el segundo entre
inicios de los ochenta hasta inicios de los años 2000, el Ecuador accedió a 18 préstamos stand by
. Para todos esos casos, pero sobre todo aquellos correspondientes al
segundo ciclo monetarista, fue crucial la acción sistemática del
FMI y del Banco Mundial. Acción respaldada por un hábil y no
menos perverso manejo propagandístico, que encontró respaldo
efectivo en varios medios de comunicación y en analistas que a ratos
llegaban a ser más fondomonetaristas que el propio FMI. Punto vital de
este manejo constituye la visión combinada de
inevitabilidad y de atraso que aparentemente tenía el Ecuador
respecto a otros países latinoamericano -en términos del manejo
neoliberal, se entiende-, puesto que se había creado (como ahora) el
imaginario de que el único camino para salir del retraso se alcanzaba de
la mano del FNMI y los otros multilaterales; imaginario que en el
inicio del Gobierno de Rafael Correa parecía superarse, pero que
simplemente terminó reconstruyéndose...
Con el correísmo salimos del “fondo”... solo para regresar al Fondo
Como anotamos al inicio de este texto, durante el inicio del Gobierno
de Rafael Correa en 2008 el FMI suspendió sus revisiones anuales de la
economía ecuatoriana, como lo establece el artículo 4 de su Carta
Constitutiva. Sin embargo, para dar inicio a un acelerado proceso de
endeudamiento externo, contando con el beneplácito del propio FMI para
colocar bonos en el mercado financiero internacional, dicha revisión se
retomó en 2014. Dicho artículo 4 de la Carta Constitutiva del FMI
establece que es función del FMI y es obligación de los países hacer
esta revisión anual, pero depende de cada país si se publica el informe
completo o no. Y si bien el cumplimiento de las recomendaciones de la
revisión no es formalmente obligatorio, es crucial para asegurar un
crédito o la colocación de bonos en el mercado internacional, por citar
un par de ejemplos de la influencia de estas revisiones.
Aparte
de que ese retorno al redil del FMI fue un elemento más que tiraba al
traste el -ya demasiado desgastado- mito de la “revolución ciudadana”,
llamó la atención cómo se ejecutó la revisión: el Gobierno ecuatoriano
pidió que la misma se hiciera “a distancia”, desde Washington, ciudad
sede del FMI. Las entrevistas a observadores y analistas económicos de
Ecuador se hicieron telefónicamente o vía Skype. La aprobación de este
procedimiento es excepcional, pero fue en extremo útil para que el
correísmo guarde las formas (como siempre lo intentó hacer). Rara vez el
FMI realiza su revisión sin una misión que visite el país; pero al
parecer fue parte del acuerdo logrado en ese entonces entre el FMI y el
Gobierno de Rafael Correa para “cumplir con una revisión regular”.
A su vez, el “reinicio” de las revisiones regulares del FMI era
importante para que el Ecuador emita los Bonos Soberanos 2024 por 2 mil
millones de dólares, que salieron algunas semanas después del primer
anuncio de reinicio de las relaciones. El 26 de marzo, el Fondo ya había
hecho notar el incumplimiento de Ecuador sobre dicho artículo 4 y era
imposible concretar la emisión de los bonos si relaciones FMI seguían
totalmente rotas. El Ecuador estaba técnicamente en “pecado”, es decir
en moratoria, y eso solo podía resolverse con la absolución del Fondo.
Cabe recordar que esa era la primera emisión de bonos soberanos que hacía el Gobierno de Correa
, luego de todo un período donde la principal fuente de endeudamiento
eran los bancos chinos (Eximbank, Banco de Desarrollo de China) y
organismos multilaterales como el BID y la CAF.
Después de la
emisión de bonos, como también ya anotamos, el regreso del Ecuador al
redil fondomonetarista de la mano de Correa siguió consolidándose con el
crédito de 364 millones de dólares obtenido con el propio FMI en julio
de 2016 a pretexto de enfrentar el terremoto del 16 de abril. Y como si
hubiera estado preparando un regreso total -que lo está logrando el
presidente Moreno-
en junio del mismo año el Gobierno de Correa aumentó notablemente la
cuota del país en el FMI al pasar de 500 millones en derechos especiales
de giro DEG (unidad monetaria utilizada por el Fondo) a 697,7 millones
en DEG (equivalentes en ese momento a alrededor de mil millones de
dólares) .
De ese modo, por más que el correísmo se llenó
de declaraciones de soberanía y “revolución”, en los hechos vivió una
historia muy parecida a la de los años setenta. En medio del boom
petrolero el Ecuador -de nuevo- empezó a endeudarse agresivamente, en
especial con la banca china y multilaterales, y cuando empezaban a
faltar recursos para mantener el ritmo de gasto estimulado tanto con la
bonanza petrolera como con la deuda, se terminó recurriendo a la emisión
de bonos en los mercados internacionales, algo imposible sin el
beneplácito del FMI.
Así, quedó claro que el Gobierno de Correa
continuó con la historia y fue quien abrió las puertas al tercer ciclo
fondomonetarista, así como fue ese mismo Gobierno el que firmó el TLC
con la Unión Europea, “dejó en prenda” el oro de la reserva monetaria
internacional para adquirir deuda externa, retornó al Banco Mundial,
oficializó la explotación de petróleo en el ITT-Yasuní, arrancó el
impulso a la megaminería… En definitiva, el Gobierno de Correa terminó
volviéndose justamente aquello que -en el discurso- quería destruir: neoliberal ...
Pasado y futuro de un presente complejo
Viendo el reencuentro del Ecuador con el FMI cuando la crisis nos
ahoga, vemos lo importante que es entender la relación entre crisis y
recetas fondomonetaristas, las cuales históricamente no han resuelto los
problemas. Es más, en realidad casi siempre los agudizaron. Una y otra
vez repetimos el camino en cada uno de los ciclos fondomonetaristas:
empezamos con el “boom” de alguna exportación -primaria- que financia a
un Estado “desarrollista” (que, a veces, se autoproclama “nacionalista” o
“revolucionario”), para terminar en el “eterno retorno neoliberal”.
Así, poco antes de que aflore el inicio del fin del segundo “boom”
petrolero desde fines del 2014, por la necesidad de sostener un esquema
de gastos carente de toda planificación y sentido común, el propio
Gobierno de Rafael Correa empezó el retorno al neoliberalismo; regreso
que el Gobierno de Lenín Moreno lo está consolidando .
Ahora, cabe entender que la consolidación del tercer ciclo
fondomonetarista por parte de Lenín Moreno y su acuerdo de obtener 4.200
millones de dólares por parte del FMI es apenas una parte más de una
renovada “larga y triste noche neoliberal”.
Lo cierto es que,
en la actual coyuntura económica y política ecuatoriana, un acuerdo con
el FMI no sería más de lo mismo, sino más de lo peor... Hay algunas
razones para afirmar esto. Aparte del olvido histórico de los fracasos
fondomonetaristas que a ratos existe en la población gracias a los
grandes ecos mediáticos (que, por cierto, no se atreven a afirmar que
fue el propio -y fracasado- correísmo el que corrió a pedir el apoyo del
FMI), el Ecuador vive una crisis particular en donde se combina el estancamiento económico y la deflación
(factor que se mantiene olvidado por gran parte de los analistas
“ortodoxos”). Es decir, ¿cómo empata la visión monetarista-fiscalista
del FMI respecto a la inflación cuando el país resulta estar estancado y
en deflación?, ¿no será acaso que el Ecuador requiere de forma urgente
encontrar mecanismos de recuperación de la demanda agregada, en vez de
los típicos ajustes liberalizadores del FMI?
Por ejemplo,
pensemos en la flexibilización laboral. A sabiendas de que los
movimientos laborales y sociales están golpeados sobre todo como
resultado histórico de la arremetida conservadora del correísmo (caso
contrario, ya habría enormes movilizaciones sociales en las calles en
contra de Moreno), ¿qué se puede esperar de la flexibilización? pues que
debilite, aún más, a los sectores obreros, lo que puede implicar un
mayor deterioro de la demanda agregada interna.
¿Y será acaso
que, con ese deterioro que implica -entre otras cosas- salarios más
bajos y mayor precariedad, aumentará la inversión y el crecimiento?
Cuestionable, no solo por lo grave que puede resultar el deterioro en
términos de demanda agregada, sino que además vivimos en un país
altamente informal; donde alrededor del 70% del empleo proviene de micro
y pequeñas empresas; donde los niveles de concentración del mercado
interno y externo son extremos; donde los mayores vínculos con el
mercado mundial son a través de productos primarios que, o son extraídos
de sectores rentistas con muy baja participación de mano de obra
-petróleo, minería- o son extraídos de sectores que ya de por sí prácticamente esclavizan a la fuerza de trabajo (p.ej. banano, abacá ). Estos -y muchísimos otros- elementos estructurales no se pueden enfrentar con la vieja receta de liberalización absoluta...
Penosamente, más allá de cualquier análisis, los hechos concretos son
claros. El acuerdo con el FMI conecta con todas las demás acciones
neoliberales del Gobierno de Moreno (que, además, sincronizan con la
renovada “larga y triste noche neoliberal” que vive gran parte de
Latinoamérica). Esto fue por demás evidente con la conformación de un
gabinete en donde ahora -a diferencia de la época de Correa- los ministros son representantes directos de múltiples grupos económicos ; personajes que han demostrado su profunda fe fondomonetarista.
Los hechos que ratifican la condición neoliberal del “morenismo” son
indiscutibles, tan es así que las medidas adoptadas hasta ahora ya
prefiguraban la “Carta de Intención” al FMI, sobre todo las contenidas
en el Código de la Producción. En este sentido podemos destacar los
puntos que ya los hemos señalado en su momento :
- Concesión de millonarios beneficios a los grandes grupos económicos, como la remisión de deudas tributarias y patronales concedida a mediados de 2018 (similar a lo hecho por el correísmo en 2015)- Continuidad del proceso privatizador - arrancado con Correa - usando eufemismos como las “concesiones”, las “ alianzas público privadas ” y la “ monetización de activos ” del Estado.- Ampliación de la flexibilización laboral ( reestablecida parcialmente por Correa en el 2016), incluso con el potencial despido masivo de funcionarios públicos en vez revisar integralmente los salarios de la burocracia dorada y minimizar los efectos sobre el desempleo.- Limitación a las propias instituciones públicas cuando han incomodado al Gobierno (p.ej. los datos de deterioro laboral que incomodaron al ministro del trabajo y le costaron su puesto al director del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos ).- Eliminación “de golpe” del subsidio a la gasolina súper , de forma irresponsable (sin publicar estimación alguna del “efecto sustitución” entre gasolinas súper y extra ni ningún otro análisis técnico), dejando de lado cualquier propuesta integral de manejo de subsidios energéticos .- Preparación de un agresivo ajuste fiscal que, en vez de apelar al incremento de impuestos a los grandes grupos económicos u otra medida redistributiva, contrae aún más la inversión pública . Así, se abre la puerta a un ajuste procíclico recesivo, agravado por la rigidez impuesta por la dolarización, la cual limita las posibilidades de aplicar políticas monetarias contra-cíclicas. Peor aún, semejante circunstancia se complica por el contexto de una economía regional y mundial en desaceleración, en donde emergen nubarrones de una crisis internacional de deuda y de divisas .- Un punto a destacar es el suministro del ajuste a cuentagotas; es decir, el Gobierno no se atreve a aplicar un paquetazo tradicional, sino que usa un gradualismo de telenovela, buscando que cada “capítulo” guste especialmente a los organismos multilaterales para que estos concedan nueva deuda externa (luego de todo un primer año de gobierno en donde la deuda -cual respirador artificial - creció a un ritmo de casi mil millones de dólares mensuales).- Sumisión de la política monetaria a la banca privada del país, tanto al entregar completamente el dinero electrónico (para que la banca gane como siempre ), así como con el total -y dogmático- impedimento de que el Banco Central adquiera títulos del Estado o de cualquier otra institución pública (herramienta que, si bien el correísmo la usó irresponsablemente, no debía eliminarse, menos en época de crisis y con las limitaciones que la dolarización impone a las políticas contra-cíclicas).- Consolidación del tratado comercial con la Unión Europea, firma del tratado comercial con la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) , ingreso a la Alianza del Pacífico y enorme interés en alcanzar un tratado comercial con Estados Unidos (sin llamar a esos acuerdos como lo que realmente son: tratados de libre comercio -TLC- con aderezos menores). En definitiva la puerta estaba abierta de par en par para que el “morenismo” alcance este tipo de acuerdos, en especial gracias a que el “correísmo” firmó el TLC con la Unión Europea ( sin siquiera generar una transformación productiva previa que mejore las capacidades locales para competir).- Relativo abandono de la sumisión al imperialismo chino (promovida por Correa), para retornar a la sumisión al imperialismo norteamericano (afín a Moreno), incluso con el posible regreso de la influencia militar de EEUU en el país y el debilitamiento de los procesos de integración regional.- Apertura y entreguismo frontal al capital extranjero especialmente con la “reinstalación” de los Tratados Bilaterales de Inversión , que casi siempre terminan perjudicando la posición legal del Estado frente al capital transnacional y que están prohibidos constitucionalmente, como claramente se establece en el artículo 422 .- Ampliación de la explotación del ITT junto con la continuidad del entreguismo megaminero iniciado por el correísmo (cayendo de nuevo en la represión social ).
A todo esto, sumemos las
cuatro acciones concretas que el Gobierno de Moreno se ha comprometido a
cumplir y que se pueden leer del acuerdo alcanzado con el FMI :
- Ajuste de la masa salarial: desde el 1 de marzo de 2019 funcionarios de múltiples instituciones públicas han sido despedidos, tanto aquellos que contaban con contratos ocasionales y nombramientos provisionales (por no mencionar todo lo que se especula al respecto). El Gobierno de Moreno no ha dado una cifra oficial, pero extraoficialmente se habla de que habría unas 10 mil personas despedidas (solo del Ministerio de Salud “aparentemente” habrían salido 3 mil personas) .- Optimización de subsidios a los combustibles: a más de los ajustes a los precios de las gasolinas que ya hemos mencionado, se podría esperar nuevas revisiones graduales, por ejemplo, sobre el diésel...- Repriorización de los gastos de capital y bienes y servicios: contrayendo aún más la inversión pública que ya ha sufrido drásticos recortes en los últimos años.- Reforma fiscal: se habla incluso de fortalecer la “autonomía” del Banco Central del Ecuador (¿será que también se vuelve autónomo del FMI?) para lo cual se podría reformar el Código Monetario y Financiero; asimismo se habla de aumentar la recaudación tributaria en 1,4 puntos del PIB hasta 2021 (lo cual choca con las exoneraciones tributarias otorgadas a los grandes capitales con la “Ley de fomento productivo”, a menos que se genere un incremento del IVA y/o se elimine regresivamente exoneraciones tributarias).
Sin duda este análisis deberá
profundizarse cuando se conozca a detalle la nueva “Carta de Intención”
del Gobierno de Moreno al FMI, así como cuando se tengan todos los datos
y los informes sobre la economía ecuatoriana que el Fondo ha venido
levantando en los últimos meses (mucho pedir, pero al menos dejemos
constancia de que el FMI ha venido recopilando datos de varias
instituciones estatales; datos que, en principio, debería ser de acceso
público y abierto al igual que todos los informes que se elaboren a
partir de esos datos).
Así, todo nos augura que no se trata
-como ya lo dijimos- más de lo mismo, de lo ya vivido en épocas
anteriores. Si no más de lo peor. No solo en lo económico -en especial
la combinación entre estancamiento y deflación- sino, sobre todo, en lo político [2]
. La primera “larga y triste noche neoliberal”, al precarizar las
relaciones laborales, descompuso estructuralmente al movimiento obrero
ecuatoriano (que en otros tiempos podía enfrentar a las arremetidas
neoliberales hasta con verdaderos paros nacionales). Luego, la estocada
mayor a los movimientos sociales sería dada por la represión del régimen
de Correa, quien desde la criminalización de la protesta social y demás
actos propios de una restauración conservadora dejó a la lucha social debilitada, dividida, aletargada…
En otras palaras, el mal mayor no es ni siquiera el ahondamiento de la
crisis y el cargo de la factura a los más débiles, sino la incapacidad
de la lucha social de impedirlo. De todas formas, aún la disputa está en
juego, y hasta tener más claro el panorama, al menos podemos sacar una
lección clara: con el morenismo, vamos caminando al “fondo” y a la
“derecha”. ¿Qué nos espera al final de ese trayecto? Al parecer, un
futuro ¿socialcristiano? también con aroma a pasado...
Notas:
[1] Recomendamos consultar el libro de Alberto Acosta (2012): Breve historia económica del Ecuador,
Quito: Corporación Editora Nacional, tercera edición. La segunda
edición de este libro -donde se mencionan algunos de los elementos
históricos mencionados- puede encontrarse en el siguiente enlace: https://biblio.flacsoandes.edu.ec/catalog/resGet.php?resId=42391
[2] Cabe anotar que según la Constitución de Montecrsti, acuerdos como los que se suscriben con el FMI o los TLC, requieren aprobación previa
de la Asamblea Nacional, como manda el artículo 419, incisos 1 y 5. En
el caso del TLC con la Unión Europea firmado en el Gobierno de Correa, la Asamblea Nacional hizo la aprobación después de que se firme el TLC
(es decir, en sentido estricto, no se cumplió lo que dicta la
Constitución). Quizá un procedimiento similar se tome en el acuerdo con
el FMI.
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