La Jornada
El triunfo del no
en el plebiscito realizado ayer en Colombia sobre la aceptación o el
rechazo de los acuerdos de paz firmados hace unos días en La Habana,
entre el presidente Juan Manuel Santos y la dirigencia de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia, es una noticia devastadora.
Así fuera por un margen estrecho y con una participación ciudadana
más que escasa –sólo acudieron a las urnas 37 por ciento de los
colombianos habilitados para hacerlo–, la negativa al proceso
pacificador más arduo, consistente, ambicioso y trascendente de cuantos
han tenido lugar para resolver el medio siglo de guerra en el país
sudamericano deja la impresión de que la mayoría de los colombianos está
en favor de proseguir el conflicto armado y, por ende, de seguir
pagando el altísimo costo en vidas humanas, destrucción material,
desplazados, zozobra y estancamiento económico en diversas regiones de
su territorio.
El rechazo a los acuerdos de paz parece constituir, además, una
bofetada a los empeños de gobiernos, organismos internacionales y
personalidades de la escena internacional que respaldaron en forma
activa y entusiasta las tratativas entre el Palacio de Nariño y la
organización guerrillera más antigua de América, así como una señal de
respaldo a los sectores e intereses guerreristas y militaristas del país
sudamericano, empezando por el ex presidente Álvaro Uribe y su partido,
el Centro Democrático (derecha), organismos oligárquicos y cupulares
como la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan), los sectores más
recalcitrantes de las fuerzas armadas y la miríada de empresas que han
medrado desde hace décadas con el negocio de la seguridad y la venta de
armas.
En contraste, el gobierno del presidente Santos ha quedado, con el
inesperado resultado del plebiscito, en una posición debilitada, en
tanto la agrupación guerrillera se ve colocada en una situación
indefinida y de grave peligro para sus integrantes, los cuales ya habían
empezado a concentrarse para preparar su desmovilización y la entrega
de armas.
Uno de los factores principales que determinaron este resultado
catastrófico fue la campaña publicitaria de intoxicación de la opinión
pública por las derechas oligárquicas que tienen como objetivo demencial
la aniquilación total de las FARC o, cuando menos, la rendición
incondicional de sus combatientes sin más destino que la prisión.
Significativamente, ese operativo propagandístico tuvo un
impacto mucho mayor en las grandes ciudades, en las que se encuentra la
mayor parte de los electores, y en las que el no resultó mayoritario. En contraste, en las zonas más afectadas por la larga confrontación armada ganó el sí,
en algunos casos por mayoría aplastante, como en Chocó, donde 80 por
ciento de los sufragios fueron de respaldo a los acuerdos de paz. Otro
factor que incidió en un desenlace que ninguno de los sondeos previos
pudo anticipar fue, paradójicamente, el exceso de confianza de los
partidarios de la paz, quienes dieron por hecho que tenían la victoria
en la mano y se desentendieron de la asistencia a las urnas. Otro
elemento decisivo fue el climático: el paso del huracán Matthew, que afectó principalmente la costa atlántica (Caribe) y disuadió a un importante número de electores de salir de casa.
Lo que sigue es incierto. La derrota del bando de la paz no significa
en automático el reinicio de las hostilidades, pero representa un
impulso en esa dirección, por más que en términos estrictamente legales
la única consecuencia vinculante es que ambas partes deberán renegociar
la paz en términos distintos, perspectiva difícil de concretar, habida
cuenta de las enormes dificultades que hubieron de sortear para lograr
un documento aceptable para el gobierno y para la insurgencia, y del
poco tiempo que le queda al mandato de Santos.
Por otro lado, tanto las FARC como el gobierno han adoptado
decisiones pacificadoras de trascendencia que no pueden revertirse
fácilmente: la primera aprobó en asamblea su conversión en fuerza
política, en tanto que el segundo decretó el fin de las hostilidades.
Aunque ninguno de los bandos dispone ahora de un marco legal definido y
claro para aplicar tales determinaciones, cabe esperar que pueda ser
mantenida la frágil tregua de facto que se estableció con el telón de fondo de las negociaciones de La Habana.
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