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Helga Serrano Narváez
La
segunda sesión del Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición
Abierta para la elaboración de un instrumento internacional
jurídicamente vinculante sobre empresas transnacionales y otras empresas
de negocios con respecto a los derechos humanos, se realizará en la
sede de Naciones Unidas en Ginebra del 24 al 28 de octubre de 2016, en
cumplimiento de la Resolución A/HRC/26/9.
Dicha Resolución,
presentada por Ecuador y Sudáfrica y aprobada por el Consejo de Derechos
Humanos en junio de 2014, decide establecer dicho grupo de trabajo para
elaborar un proyecto de instrumento vinculante, cuyas negociaciones
sustantivas se realizarán a partir del tercer período de sesiones en
2017. Esto ha sido considerado un logro histórico, luego de décadas de
discusiones e intentos que fracasaron dentro de las Naciones Unidas.
En
preparación para la segunda sesión de trabajo, Ecuador, electo
Presidente del Grupo de Trabajo en la primera sesión de julio 2015,
organizó en Quito este 6 y 7 de octubre el Primer Taller Regional sobre
la elaboración del nuevo tratado, con la participación de 15 países de
la región y 17 instituciones nacionales. En la inauguración de dicho
evento, el Canciller de Ecuador Guillaume Long, reconoció que la
inversión extranjera es un elemento fundamental para las economías
latinoamericanas. También destacó que en un mundo globalizado, las
empresas transnacionales de alta capitalización pueden desarrollar las
distintas fases del proceso productivo de forma deslocalizada. Este
proceso, dijo, puede generar falta de claridad respecto de estándares
mínimos que las empresas transnacionales deben respetar en cualquier
lugar. Enfatizó que es necesario avanzar en mecanismos vinculantes, por
cuanto la autorregulación “no garantiza los derechos humanos básicos, y,
por el contrario, sostiene un régimen internacional injusto y
asimétrico en cuanto a las obligaciones que asumen distintos actores”.
Básicamente
lo que pretende el nuevo tratado es establecer las obligaciones de las
empresas transnacionales con respecto a los derechos humanos, definir
los mecanismos concretos de remediación y reparación para alcanzar un
trato justo y equitativo, la protección y seguridad legal.
La
Presidenta del Grupo de Trabajo, la embajadora ecuatoriana María
Fernanda Espinosa, expuso varias violaciones a los derechos humanos
cometidas por empresas transnacionales. En 1984, en Bhopal, India,
ocurrió uno de los más grandes desastres industriales, generado en la
planta de Union Carbide India Limited, por la fuga de isocianato de
metilo, peligroso compuesto orgánico usado para la fabricación de
pesticidas. El número de fallecidos no es conocido, pero se estima que
va de 2.000 a 4.000 personas. Las consecuencias de este daño subsisten
hasta la actualidad. Como reparación para las familias de las víctimas,
han recibido 645 dólares. Contrastó este monto con el desembolso
realizado por British Petroleum durante el accidente en el Golfo de
México, que superó los USD 19 mil millones.
Señaló el caso de
Rana Plaza en Bangladesh en 2013, donde se desplomó un centro comercial
de ocho pisos en la ciudad capital Dacca, con un balance de 1129
fallecidos, la mayoría obreros textiles que laboraban en condiciones
desventajosas para grandes marcas internacionales de moda.
También
recordó el caso de Chevron Texaco que operó en la Amazonía ecuatoriana
de 1964 a 1990, con tecnología obsoleta que causó uno de los mayores
desastres ambientales en el mundo, en un área aproximada de 2 millones
de hectáreas, afectando a miles de pobladores amazónicos. La
transnacional admitió que vertió en esteros y ríos 15.834 millones de
galones de agua de formación, sustancia tóxica altamente cancerígena.
Abrió al menos 1000 piscinas sin revestimiento en la selva, donde se
arrojaban todo tipo de residuos, como crudo y aguas de formación. La
justicia ecuatoriana sentenció a la empresa a cumplir con la reparación a
30.000 afectados de la Amazonía, sin embargo la empresa se ha negado a
acatar la sentencia por USD 9.500 millones. Más bien inició una serie de
demandas en centros arbitrales contra el Estado ecuatoriano, para
intentar evadir su responsabilidad con relación a la reparación por las
violaciones a los derechos humanos de las víctimas y las afectaciones al
ambiente.
El expositor Marcos Orellana destacó que el Instrumento
Vinculante responde precisamente a los vacíos en el derecho
internacional, que están generando impunidad y degradación ambiental en
el mundo. A su vez, el experto Carlos López, de la Comisión
Internacional de Juristas, reflexionó sobre las injusticias cometidas
por las instancias arbitrales en el marco de los Acuerdos
Internacionales de Inversión, cuyas resoluciones a favor de los
inversores en muchas ocasiones habían causado afectaciones a los
derechos humanos y al derecho al desarrollo de los países demandados.
Como
se evidencia, hay razones más que suficientes para continuar en esta
batalla para lograr la elaboración del nuevo tratado. En la segunda
sesión del Grupo de Trabajo, los Estados continuarán discutiendo el
alcance, la forma y la naturaleza del Instrumento Vinculante,
particularmente en relación a los siguientes puntos: los impactos
sociales, económicos y ambientales relacionados con las empresas
transnacionales y los derechos humanos; los desafíos legales; la
extraterritorialidad y la soberanía nacional; obligaciones de las
empresas transnacionales y desafíos para tener acceso a reparación para
las víctimas de violaciones de derechos humanos.
Afortunadamente,
este proceso cuenta con un gran apoyo de organizaciones sociales, redes
de la sociedad civil, de sindicatos del mundo, grupos indígenas,
movimiento de afectados en distintos países, grupos de cooperación de
corte religiosa, todos los cuales se han conformado en la Alianza para
el Tratado. Esta red despliega una amplia campaña no sólo a favor del
Instrumento Vinculante, sino también para instar a los gobiernos,
especialmente de los países desarrollados, a participar en este proceso.
La Alianza ha divulgado 4 declaraciones, en una de las cuales demanda
la continuidad del proceso y que permanezca como intergubernamental, sin
la participación de las empresas transnacionales.
Para la reunión
de octubre en Ginebra, los integrantes de dicha Alianza están
organizando y convocando a la Movilización de los Pueblos, que se
realizará con varias actividades del 23 al 29 de octubre. Buscan que se
escuchen las voces de las comunidades que han sido impactadas por
violaciones cometidas por las empresas transnacionales.
Parece
que, después de todo, cuando se une la movilización social con la
voluntad política de los Estados, no son tan invencibles los poderosos
intereses corporativos.
Helga Serrano Narváez
Asesora del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador
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