Sputnik
"Se
han aprobado modificaciones a la Ley Minera Metalúrgica para poner
orden en el sector cooperativista minero y (para que) se cumplan los
principios de este sistema de trabajo", señaló Borda, legislador del
oficialista Movimiento Al Socialismo.
La cooperativa minera agrupa a un determinado número de socios que realizan las labores de explotación de una concesión minera y se distribuyen las ganancias en partes iguales, condición que no se cumple, señaló Borda.
También explicó que la Cámara de Diputadas aprobó cambios en la nueva ley que establecen la reversión de cerca de 32 contratos firmados por cooperativas mineras con empresas privadas transnacionales vulnerando la Constitución Política del Estado.
"Se ha establecido un mecanismo de fiscalización y control para que las cooperativas mineras informen en detalle cada año, el número de socio que tiene y los volúmenes de producción de mineral que serán verificados", explicó Borda.
La decisión gubernamental de imponer nuevas reglas del juego en el sector cooperativista minero se manifestó tras el conflicto que sostuvo el sector a fines de agosto y que derivó en el asesinato del viceministro de Gobierno, Rodolfo Illanes.
"Habrá mecanismos de control para que no se disfracen algunos empresarios de cooperativistas y cometan explotación laboral", añadió el parlamentario.
También anunció que, de acuerdo con la nueva norma, aquellos contratos que firmaron las cooperativas mineras con empresas extranjeras pasarán a manos de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL).
Asimismo recordó que entre los 32 contratos ilegales firmados por las cooperativas se establecían condiciones que sólo favorecían a las empresas extranjeras y causaban daño económico al Estado y a los propios socios de las cooperativas.
"En algunos casos, el 96 por ciento de las ganancias por la explotación minera favorecía a la empresa extranjera, el 2 por ciento a la COMIBOL y el 1,5 a los cooperativistas", indicó Borda, quien añadió que "bajo el título de cooperativa minera, se enriquecían un grupo privilegiado".
En Bolivia funcionan cerca de 1.700 cooperativas mineras de las cuales casi el 90 por ciento se concentra en la explotación del oro sin que el Estado haya tenido control de los volúmenes de producción y las ganancias de este sector.
La cooperativa minera agrupa a un determinado número de socios que realizan las labores de explotación de una concesión minera y se distribuyen las ganancias en partes iguales, condición que no se cumple, señaló Borda.
También explicó que la Cámara de Diputadas aprobó cambios en la nueva ley que establecen la reversión de cerca de 32 contratos firmados por cooperativas mineras con empresas privadas transnacionales vulnerando la Constitución Política del Estado.
"Se ha establecido un mecanismo de fiscalización y control para que las cooperativas mineras informen en detalle cada año, el número de socio que tiene y los volúmenes de producción de mineral que serán verificados", explicó Borda.
La decisión gubernamental de imponer nuevas reglas del juego en el sector cooperativista minero se manifestó tras el conflicto que sostuvo el sector a fines de agosto y que derivó en el asesinato del viceministro de Gobierno, Rodolfo Illanes.
"Habrá mecanismos de control para que no se disfracen algunos empresarios de cooperativistas y cometan explotación laboral", añadió el parlamentario.
También anunció que, de acuerdo con la nueva norma, aquellos contratos que firmaron las cooperativas mineras con empresas extranjeras pasarán a manos de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL).
Asimismo recordó que entre los 32 contratos ilegales firmados por las cooperativas se establecían condiciones que sólo favorecían a las empresas extranjeras y causaban daño económico al Estado y a los propios socios de las cooperativas.
"En algunos casos, el 96 por ciento de las ganancias por la explotación minera favorecía a la empresa extranjera, el 2 por ciento a la COMIBOL y el 1,5 a los cooperativistas", indicó Borda, quien añadió que "bajo el título de cooperativa minera, se enriquecían un grupo privilegiado".
En Bolivia funcionan cerca de 1.700 cooperativas mineras de las cuales casi el 90 por ciento se concentra en la explotación del oro sin que el Estado haya tenido control de los volúmenes de producción y las ganancias de este sector.
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