Giorgio Trucchi
Hace
siete meses, en marzo de 2016, la noticia se regó como relámpago y el
mundo se estremeció. Balas asesinas habían acabado con la vida de la
dirigente indígena Lenca y defensora de derechos humanos Berta Cáceres,
recién galardonada con el prestigioso Premio Ambiental Goldman 2015.
Junto al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de
Honduras (Copinh), del cual era coordinadora, la activista llevaba
adelante una incansable lucha contra la implementación y profundización
del modelo extractivista en Honduras, en particular contra la
proliferación de proyectos hidroeléctricos y mineros, y la expansión de
monocultivos de agroexportación.
En una entrevista que realicé
para una revista alemana unos siete meses antes de su asesinato, Cáceres
advertía que, tanto en Honduras como en todo Centroamérica, los pueblos
originarios se estaban enfrentando a un “proyecto hegemónico impulsado
por el gran capital nacional y transnacional”, que tiene sus intereses
puestos en el sector energético, en la minería y la agroindustria. “Los
impulsores de esta estrategia han impuesto un modelo profundamente
neoliberal basado en la invasión y la militarización de territorios, y
en el saqueo y la privatización de recursos. Avanzan con la
transnacionalización de nuestras tierras, en el marco de un proyecto más
amplio de dominación regional”, advertía Cáceres (1).
Datos en la
mano, la lideresa indígena hondureña mostraba como, tras el golpe de
Estado de 2009, se habían aprobado unos 300 proyectos hidroeléctricos y
no menos de 870 proyectos mineros, al tiempo que se despejaba el camino
para la implementación de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico
(ZEDE) o “ciudades modelo” (2), se entregaba a la British Gas Group
miles de kilómetros cuadrados de plataforma continental para la
exploración petrolera. También se impulsaron megaproyectos turísticos y
se fomentó la expansión descontrolada de monocultivos a gran escala, en
particular de caña de azúcar y palma africana. Hoy en día,
organizaciones sociales y populares hondureñas aseguran que el 35% del
territorio nacional ya está concesionado a empresas nacionales y
transnacionales, y denuncian que en ningún momento se ha respetado el
derecho de los pueblos al Consentimiento previo, libre e informado, como
dispone el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales.
“Honduras es un país
totalmente militarizado y hundido por la corrupción institucionalizada.
Lo que queda de sus instituciones sirve solamente a garantizar los
intereses de los grupos oligárquicos nacionales y los grandes grupos
transnacionales, es decir aquellos sectores que orquestaron el golpe en
2009”, señalaba Cáceres durante la entrevista. Estados cómplices que no
solamente implementan y profundizan el modelo neoliberal poniendo a la
venta bosques, ríos, valles y territorios, sino que se encargan de
criminalizar, perseguir y hasta asesinar a quienes se oponen a ese
proyecto explotador. La aprobación de leyes en casi todas las naciones
centroamericanas que limitan el derecho de reunión y movilización y que
endurecen las políticas de control social es prueba de ello.
“No
me cabe la menor duda que se trata de una política de Estado que
criminaliza y reprime aquellas personas que están comprometidas con esta
lucha y con la vida. Los pueblos indígenas, negros, campesinos que
vivimos en carne propia la represión, sabemos que hay toda una
estructura organizada, planificada y financiada para perseguir, reprimir
y asesinar a luchadores y luchadoras ambientales“, denunciaba Cáceres
pocos meses antes de su asesinato.
La denuncia constante y la
lucha determinada contra el modelo extractivista y contra el proyecto
hidroeléctrico Agua Zarca, promovido por la empresa de capital nacional
Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) con fondos de bancos europeos y
organismos multilaterales, le costó la vida a ella y a cuatro miembros
más del Copinh. En julio pasado, la activista defensora de los bienes
comunes de la naturaleza Lesbia Yaneth Urquía, cercana al Copinh,
también fue brutalmente asesinada.
Una estela de sangre y muerte que se extiende por toda la región centroamericana.
Centroamérica en la mira
Un
estudio reciente del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales
(ICEFI) señalaba que en Guatemala había 107 concesiones mineras
metálicas ya otorgadas y 359 nuevas solicitudes (3). Si a esos datos
sumamos los proyectos no metálicos, tales como la extracción de cuarzo,
mármol, arenas y gravas, yeso, entre otros, el total llega a la cantidad
abrumadora de 973 proyectos. Los movimientos sociales y populares
guatemaltecos alertaban que, en 2014, el área total concesionada a
empresas mineras superaba los 32 mil km², es decir casi el 30% del
territorio guatemalteco. A eso habría que agregar la enorme cantidad de
territorio concesionado por otro tipo de megaproyectos y por la
expansión de los monocultivos de agroexportación.
Similar es la
situación de Nicaragua. En el informe “Estado actual del sector minero y
sus impactos socio-ambientales en Nicaragua 2012-2013” (4), la
organización ambientalista Centro Humboldt revelaba que la superficie
total concesionada era de casi 18 mil km², es decir el 13,5% del
territorio nacional, con un total de 446 proyectos mineros. El posible
desarrollo del Gran Canal Interoceánico en Nicaragua, de 278 kilómetros
de longitud -105 de los cuales bajo las aguas del Lago Cocibolca-, un
ancho de entre 230 y 520 metros y 30 metros de profundidad, es decir
tres veces más grande que el canal de Panamá, y de otros proyectos
hidroeléctricos y mineros, así como la expansión de los monocultivos de
caña de azúcar y palma africana en el occidente y el sur-oriente del
país, han venido incrementando ese porcentaje.
Si bien fuera y
dentro de sus fronteras a Costa Rica se le conoce como “el país más
verde y feliz del mundo”, los conflictos ambientales y por la tierra han
dejado un saldo de terror y muerte. En su artículo “De Jairo Mora y el
terrorismo en Costa Rica”, Mauricio Álvarez, presidente de la Federación
Costarricense para la Conservación del Ambiente (Fecon) señala que son
varios los defensores y defensoras del ambiente asesinados en las
últimas décadas (5). “En este pequeño país, el Estado ha cometido
terrorismo una y otra vez. Sembrar el miedo y usar la represión por
medio de la fuerza ha terminado en el asesinato de personas. Esta
realidad clara y concreta no tiene nada que ver con la imagen idílica de
postales turísticas. Decirlo no es cómodo, es incluso peligroso”,
advierte.
En su otro artículo “Berta Cáceres y 50 asesinatos más”,
el catedrático y ecologista costarricense se pregunta si acaso puede
ser “limpia” una energía como la hidroeléctrica, cuya generación tiene
como “daño colateral” la criminalización, persecución y hasta la muerte
de activistas y defensores medioambientales y la represión contra
pueblos originarios y comunidades campesinas en todo Centroamérica (6).
De acuerdo con su investigación, 17 activistas guatemaltecos y 15
hondureños habrían sido asesinados en los últimos años, todos
comprometidos con la lucha contra la explotación hidroeléctrica y la
privatización de la energía. Otros asesinatos se dieron en El Salvador y
Panamá por la explotación minera e hidroeléctrica.
“No es
coincidencia que los actores sociales más afectados por estas formas de
terrorismo sean ecologistas, campesinos e indígenas. El problema es
estructural. Conflictos por tierras, por tenerlas o defenderlas, y
conflictos ambientales, han sido parte de un círculo de violencia que
nos aleja de cualquier mito de paz y respeto a los derechos humanos”,
profundiza en su análisis Álvarez.
Uno de los casos más
emblemáticos de represión contra aquellos sectores que se organizan para
contrarrestar el avance del modelo extractivista y agroindustrial es el
del Valle del Aguán, al noreste de Honduras. Según las organizaciones
nacionales e internacionales que, entre 2010 y 2013, realizaron un
minucioso monitoreo sobre la situación de los derechos humanos en esta
zona, no menos de 60 campesinos habrían sido asesinados por el conflicto
agrario generado por la expansión del monocultivo de la palma africana y
la falta de acceso a la tierra para miles de familias campesinas (7).
“Estas
muertes son sólo la ‘punta del iceberg’ de una dinámica de impunidad y
terror que envuelve a cada una de las comunidades detrás de estos
nombres que viven en violenta represión. Se han instaurado las prácticas
de estigmatización, judicialización, acoso, torturas, desapariciones y
otros instrumentos para evitar que las comunidades hagan valer sus
derechos de acceso y decisión sobre los recursos naturales y sobre todo,
de llevar adelante su resistencia y oposición”, señala con fuerza
Álvarez. “Estos son los costos reales de la imposición de lógicas
brutales de muerte bajo la consigna del ‘desarrollo’, sobre los pueblos
indígenas y campesinos de la región. ¿Puede ser limpia la energía de
estos proyectos con tanta sangre derramada?”, es la pregunta retórica
que el presidente de la Fecon dirige al lector.
Un drama de resistencia e indignación regional
Un
modelo, entonces, que saquea la naturaleza, arrincona y expulsa a
poblaciones y pueblos enteros de sus tierras, que criminaliza y reprime
la protesta, que asesina gozando de total impunidad.
El informe
“¿Cuántos más?" de la organización Global Witness, documenta que en 2014
fueron asesinados por el mundo 116 defensores y defensoras ambientales y
de la tierra, un promedio de dos a la semana (8). Tres cuartas partes
de estos asesinatos tuvieron lugar en Centroamérica y Sudamérica.
Honduras resultó ser el país más peligroso per cápita para los
activistas ambientales y de la tierra con 101 asesinatos entre 2010 y
2014. Un 40% de estas víctimas era indígena y las principales causas de
su muerte fueron la industria hidroeléctrica, la minería y la
agroindustria. “Las disputas por la propiedad, el control y el uso de la
tierra fueron el trasfondo de casi todas estos asesinatos... Los
verdaderos artífices de estos crímenes generalmente se libran de las
investigaciones, pero la información de la que se dispone indica que,
detrás de la violencia, generalmente se esconden grandes propietarios de
tierras, intereses comerciales, actores políticos y agentes del crimen
organizado”, señala Global Witness.
En 2015 fue peor. El nuevo
informe “En terreno peligroso” señala que el total de defensoras y
defensores del ambiente y la tierra asesinados fueron 185, el 66% de los
cuales en América Latina (9). Más de tres personas a la semana murieron
asesinadas por defender su tierra, sus bosques y sus ríos frente a
industrias destructivas. Se trata de la cifra más alta registrada hasta
el momento, con un aumento de casi el 60% respecto a 2014.
Global
Witness advierte que debido al acaparamiento de tierras, los pueblos
originarios y comunidades campesinas son desplazados, y esto provoca
graves enfrentamientos. “El medio ambiente empieza a convertirse en un
nuevo campo de batalla para los derechos humanos. Con la continua
demanda de productos como madera, minerales y aceite de palma,
gobiernos, empresas y bandas de delincuentes explotan la tierra
desdeñando a la gente que en ella vive”, advierte el último informe.
Pese
a la represión, la resistencia crece y clama al mundo solidaridad. “La
conflictividad social y política y la indignación están creciendo,
producto también de una renovada capacidad de diálogo y articulación
entre sectores de la sociedad hondureña y centroamericana. Lo que se
está generando es una bomba de tiempo. Es importante que, desde Europa y
otras regiones del mundo, las organizaciones solidarias se articulen
con esta lucha, la respalden y presionen a su gobierno y empresas
involucradas en estos procesos explotadores”, concluía Berta Cáceres.
Notas
(1) Revista Presente, Iniciativa Cristiana Romero, páginas 10-11, http://www.ci-romero.de/de/presente_3_2015/
(2)
Un mecanismo con el cual se cede parte del territorio nacional a
inversionistas extranjeros, que implantan actividades productivas en
zonas que gozan de un elevado nivel de autonomía política, económica,
administrativa, judicial y de seguridad.(3) http://icefi.org/sites/default/files/la_mineria_en_guatemala_-_2da_edicion.pdf(4)http://www.movimientom4.org/2014/04/estudio-estado-actual-del-sector-minero-y-sus-impactos-socio-ambientales-en-nicaragua/(5) http://informa-tico.com/7-06-2016/jairo-mora-terrorismo-costa-rica(6) http://www.feconcr.org/index.php?option=com_content&task=view&id=2565&Itemid=73(7) http://www6.rel-uita.org/agricultura/palma_africana/index.htm(8) https://www.globalwitness.org/documents/17895/Cuantos_mas_informe_mFxhXD1.pdf(9) https://www.globalwitness.org/documents/18483/En_Terreno_Peligroso.pdf
Fuente: Boletín 226 WRM
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