Hace
40 años para imponer un modelo político, económico y social, el poder
fáctico apelaba a las Fuerzas Armadas, para que con tanques, bayonetas,
torturas y desapariciones, pusieran en marcha un “proceso de
reorganización” neoliberal, cónsono con las demandas e intereses de los
grandes grupos económicos nacionales y trasnacionales.
El
golpe de estado cívico-militar de 1976 fue el último pero no el único en
el siglo 20. Desde 1930 los argentinos habían sufrido sucesivas
interrupciones del orden democrático. La supresión de los gobiernos
elegidos por el pueblo, la represión de los conflictos que surgían entre
distintos sectores sociales y la apelación a la violencia habían sido
frecuentes desde esa fecha. Sin embargo, la dictadura cívico-militar que
se inició en 1976 tuvo características inéditas, de terrorismo de
Estado.
Los militares no actuaron solos ni por su cuenta.
La decisión de tomar el gobierno contaba con la adhesión de diversos
grupos de la sociedad (sectores con gran poder económico, grupos
conservadores, medios de comunicación) que entendían que una dictadura
era necesaria para organizar el país. Y contaron con el visto bueno del
gobierno estadounidense, alentado por “el orden” impuesto a terror y
sangre, muertos, torturados, miles de presos y desaparecidos en Brasil,
Chile y Uruguay en años anteriores.
El secretario de
Estado Henry Kissinger dio luz verde a la ola de represión de la junta
golpista en 1976, que significó –entre otras calamidades- más de 30 mil
desaparecidos, según documentos secretos estadounidenses desclasificados
anteriormente, y ahora, con la visita del presidente Barack Obama,
justo en el 40 aniversario de ese golpe, su gobierno promete que
revelará más sobre la historia secreta de la relación entre Washington y
Buenos Aires.
En Argentina, a la vez que se desarrollaban
acciones de control, disciplina y violencia nunca vistas sobre la
sociedad, se tomaban decisiones económicas que privilegiaban el ingreso
de bienes y mercancías desde el exterior por sobre la producción
nacional. Así miles de trabajadores perdieron su trabajo debido a que la
industria nacional no podía producir productos a un precio similar o
menor a los importados.
Este proceso fue acompañado por
una campaña publicitaria que intentaba convencer a la población de que
la industria argentina era mala, de baja calidad y asociaba a lo venido
de afuera con lo bueno, lo interesante, lo deseado.
Los
sucesivos miembros de la Junta Militar y diversas empresas asociadas
tomaron grandes empréstitos del exterior: la deuda externa trepó de 8
mil a 43 mil millones de dólares. Por decisión de los dictadura
cívico-militar, se convirtió en deuda pública, es decir en deuda que
debieron pagar todos los argentinos. Las medidas financieras y
administrativas marcaron un período de desinversión en salud, educación y
vivienda con efectos muy importantes en el empeoramiento de las
condiciones de vida de la gente.
Costó muchos años a los
argentinos sanar las heridas dejadas por la cruenta dictadura:
garantizar la vida, la salud, la educación, la vivienda, la nutrición de
las grandes mayorías, convertir en ciudadanos a millones de
pauperizados pobladores excluidos de la sociedad de época de la
dictadura y la posdictadura neoliberal.
Hoy no hacen falta
tanques ni bayonetas para imponer un modelo político, económico y
social. Basta con tener el control de los medios de comunicación social
para servir a los intereses del poder fáctico, de las grandes empresas
(algunas) nacionales y trasnacionales.
Miles y miles de
despidos, cierre de fábricas, endeudamiento externo, empresarios dirigen
la cosa pública, hay dura represión para el “ordenamiento social”: ya
no son militares sino policías miltarizados, mientras el ejército de
medios concentrados y cartelizados crean imaginarios colectivos. La
respuesta no se halla en las instituciones (ejecutivas, legislativas y
aún menos en las judiciales): pareciera estar, nuevamente, en las
calles.
La nueva arma mortal no esparce isótopos
radiactivos: se llama medios de comunicación de masas que, en manos de
unas cuantas corporaciones, manipulan a su antojo en función de sus
intereses corporativos, en alianza con las más reaccionarias fuerzas
políticas. Hoy el escenario de guerra es simbólico y el terror mediático
–y la imposición de imaginarios colectivos-- se ha convertido en el
disparador de planes de desestabilización de los gobiernos populares y
restauración del viejo orden neoliberal.
¿Habrá iniciado Argentina un nuevo “proceso de reorganización nacional”, 40 años más tarde?
http://www.alainet.org/es/articulo/176277
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