La Jornada
La aprobación o rechazo de un acuerdo para resolver en definitiva el conflicto con los llamados fondos buitres,
prestamistas físicos o morales que rechazaron las renegociaciones de la
deuda externa de Argentina y llevaron su caso a tribunales
estadunidenses, tiene en vilo a ese país sudamericano.
Anoche, mientras el convenio urdido por el presidente derechista
Mauricio Macri se debatía en el Congreso, afuera del recinto legislativo
miles de ciudadanos se manifestaban por el rechazo al documento.
El régimen ha logrado operar hasta ahora con un justicialismo
dividido entre el grupo kirchnerista, que ocupó el Poder Ejecutivo hasta
diciembre del año pasado y se negó en todo momento a aceptar las
condiciones especiales –y leoninas– reclamadas por los inversionistas
extranjeros, y el peronismo neoliberal, remanente de las presidencias de
Carlos Menem, así como gobernadores justicialistas ansiosos de endeudar
las provincias que gobiernan.
En tales circunstancias parecía probable que el gobierno de Macri
consiguiera los votos necesarios para aprobar ese acuerdo que significa,
en los hechos, el rendeudamiento del país austral y la claudicación
anticipada del Estado argentino ante exigencias financieras procedentes
del exterior, es decir, una regresión a las lógicas económicas impuestas
por Menem en la década antepasada (1989-1999), que llevaron a la
quiebra del país y a la virtual liquidación de su soberanía, de su
sector público y de los niveles de vida de las mayorías. Más incierta
resulta la votación por el acuerdo con los fondos buitres en el Senado, donde Macri cuenta con menos aliados.
En forma inopinada, el asunto ha concitado energías sociales que
parecían colapsadas tras la derrota del Frente para la Victoria en los
comicios presidenciales del año pasado y después de varios meses de una
ofensiva antipopular en todos los frentes por la derecha gobernante.
Parece que muchas organizaciones e individuos empiezan a tener
claros los efectos devastadores del programa macrista: desempleo,
pérdida de libertades y derechos, cesión de soberanía, supresión de
programas sociales, devaluación y pérdida de las conquistas sociales
logradas durante los periodos presidenciales de Néstor Kirchner y de
Cristina Fernández de Kirchner.
El asunto de la claudicación ante los fondos buitres podría
convertirse, en tales circunstancias, en una nítida línea divisoria de
la vida política argentina: los partidarios de ella se evidenciarán como
promotores de la entrega del país a los intereses foráneos, en tanto
sus detractores serán vistos como representantes de los intereses de la
nación. Tales percepciones no bastarán, desde luego, para frenar el
convenio macrista, pero serán definitorias del espectro político y
acentuarán la erosión acumulada ya por el gobierno en unos cuantos meses
de gestión.
Salvadas las diferencias, la situación lleva a evocar, por su
trascendencia, el escenario que se configuró en nuestro país en 1998
durante el proceso de aprobación del rescate bancario con dinero público
y la turbia sustitución del Fondo Bancario de Protección al Ahorro
(Fobaproa) por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB),
maniobra en la que los mexicanos fueron obligados por los poderes
públicos a endeudarse por un monto superior a 60 mil millones de dólares
y que todavía gravita en forma negativa sobre las finanzas nacionales.
No hay comentarios:
Publicar un comentario